Un juzgado condena a Boadilla del Monte a indemnizar a un centro deportivo

En 2003, el ayuntamiento aprobó una concesión administrativa a la empresa Always Tenis & Padel S.L. para la construcción, explotación y conservación de un complejo deportivo en la parcela en la que se encuentra Republic Space. Desde 2012, explica el director de este centro, Manuel Gil, comenzaron a ver como en la localidad abrían nuevos gimnasios «con unos precios que no se podían igualar», como el Pabellón Deportivo Felipe VI, el polideportivo Condesa de Chinchón, una piscina cubierta municipal y el centro deportivo BeOne. «Todos con actividades de las que somos sus concesionarios», asegura Gil a este periódico. Fuentes municipales explican que todos estos espacios se han construido teniendo en cuenta que la población de esta localidad ha ido creciendo. En 2003 había 30.000 habitantes y hoy son 65.000.

Entre los problemas que Gil expone se encuentra el del personal, que ha tenido que reducir en los últimos años. «Había 90 empleados y ahora somos 50», señala. Por ello, y ante sus reiteradas quejas y la «inacción» del ayuntamiento, los dueños llevaron esta cuestión a los tribunales.

Republic Space determinó en la demanda presentada en 2015 que la concesión administrativa de la que es adjudicataria «es inviable económicamente y dicha inviabilidad se debe a las actuaciones de la Administración demandada en relación con las infraestructuras deportivas de titularidad municipal y, en concreto, la promoción injustificada de nuevos servicios y centros deportivos de gestión municipal directa con precios un 70% por debajo de los de mercado». Sin embargo, el juez expuso, según la sentencia a la que ha tenido acceso ABC, «que la apertura de la piscina cubierta municipal y del Pabellón Deportivo Felipe VI no impiden explotar el servicio contratista ni suponen un incumplimiento de una obligación esencial de la Administración».

El magistrado sí que reconoció, al detectar «reconocimiento implícito de la Administración demandada de la existencia de un desequilibrio financiero en la concesión, como consecuencia de los servicios asumidos por el Ayuntamiento en sus instalaciones deportivas municipales», el restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión. De esta manera, estimó parcialmente el recurso del centro deportivo y en la sentencia fechada en octubre de 2018 falló que cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

El ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, no recurrió esta resolución y en 2019 Republic Space pidió la ejecución de esta sentencia. Sin embargo, no ha sido hasta abril de este mismo año cuando este tribunal ha dictado el auto. En el mismo, al que también ha accedido este periódico, se fija el modo de proceder. Así, se indica que el centro deportivo cobrará a sus usuarios «las mismas tarifas que tenga fijadas el Ayuntamiento de Boadilla para las mismas actividades en las instalaciones municipales» y el municipio deberá compensar a la empresa «la diferencia de los ingresos generados por la concesionaria en virtud de estas tarifas y lo que habría obtenido a los precios que cobraría en 2011 en condiciones normales de mercado». Además, se explica que las medidas de reequilibrio económico-financiero se aplicarán de forma retroactiva desde 2015.

El desacuerdo llega en torno a las actividades que el consistorio debe compensar a esta empresa y sobre las que el magistrado ha pedido que se llegue a un acuerdo. Desde el centro deportivo, denuncian que el consistorio no está acatando desde hace 9 meses la sentencia que resultaría «beneficiosa» para sus 6.000 usuarios. Un comunicado del PSOE sobre esta polémica cifra en más de 8 millones la cantidad que debería abonar el Ayuntamiento de Boadilla del Monte a este gimnasio. Desde Republic Space no dan ningún dato a este periódico y fuentes municipales aseguran que «ni existe ni puede existir cuantificación porque no se ha llegado a un acuerdo entre las partes, como exige el juez, sobre las bases que se tiene que calcular, estando dicha discusión sometida a la decisión judicial». «Se está intentando ejecutar el auto en sus mismos términos, con la oposición de Republic, que pretende un enriquecimiento injusto», señalan.