La exalcaldesa de Móstoles Posse declara ante el juez por dos demandas de acoso laboral

La cita de Noelia Posse en el Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles será hoy por la mañana. Los hechos que dieron pie a las demandas por sendos casos de supuesto acoso laboral ocurrieron en la anterior legislatura, cuando Posse estaba al frente del gobierno municipal, puesto que ocupó desde febrero de 2018 hasta el mes de junio del año pasado, cuando el PSOE perdió las elecciones al pasar de diez concejales a siete. Manuel Bautista, del PP, ganador en las urnas, se hizo con el bastón de mando.

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Los casos de las dos empleadas municipales del Ayuntamiento de Móstoles que entienden que han sido víctimas de acoso laboral son bastante similares, según fuentes locales consultadas por ABC, y ambos ponen el foco en Noelia Posse, en su etapa como alcaldesa.

Una de las demandantes trabajaba en el Ayuntamiento de Móstoles como auxiliar administrativo desde hacía más de una década, y en 2021 fue ascendida al puesto de secretaria en una de las concejalías del consistorio por su idoneidad y su buen hacer, según se justificó en su día, con funciones de superior categoría y con un sueldo mayor, de acuerdo a su nuevo puesto y su productividad. Pero esa decisión se rectificó y la afectada volvió a su puesto original, al parecer después de participar en una serie de reuniones y encuentros sindicales frente a algunas decisiones que se estaban tomando en el gobierno municipal.

Todo empezó después de un acuerdo del ayuntamiento con los sindicatos en la anterior legislatura, sobre la conversión de personal temporal a fijo, para mejorar la situación laboral de muchos trabajadores. El ayuntamiento no llevó la decisión al pleno para su aprobación definitiva y la negociación se tensó. Estos son los hechos denunciados por esta secretaria:

La demandante había participado en varios encuentros y asambleas de afiliados del sindicato al que ella pertenecía, UGT, para buscar una solución legal a la situación de inestabilidad de muchos empleados del ayuntamiento, entre los que se encontraba ella misma. En 2020 se firmó un acuerdo entre el ayuntamiento y los sindicatos que participaban en la mesa de negociación, para la conversión del personal temporal prolongado en trabajadores fijos, y quedó pendiente de su aprobación definitiva en el pleno municipal.

Pero el gobierno municipal finalmente no llevó el acuerdo al pleno, y no pudo ser ratificado, como se garantizó, por lo que se abrió otro proceso de negociaciones. La demandante participó en una concentración convocada por la Plataforma de interinos, para denunciar la actitud del ayuntamiento y el abuso de la contratación temporal. En mayo de 2021, intervino en una asamblea sindical para fijar su posición crítica con la postura municipal. Fue esa misma tarde, según la demanda, cuando la alcaldesa, Noelia Posse, dio orden a la concejal jefa de la secretaria demandante para que la restituyera a su anterior puesto de auxiliar administrativo, «sin justificación y como pura represalia» por su intervención en la asamblea sindical.

La concejal de área a la que pertenecía la secretaria se opuso a la orden que le transmitió Posse, según la demanda, pero desde la alcaldía se insistió y se exigió que la destitución se produjera de forma inmediata, algo que ocurrió cuatro días después de la asamblea sindical en la que participó la demandante. En el expediente administrativo se dejó constancia de que el cese se produjo por indicaciones de la alcaldesa.

En la demanda se subraya que no hubo justificación objetiva alguna en la destitución de esta secretaria. «La misma situación se produjo, por los mismos motivos, con otra trabajadora en parecidas circunstancias», se advierte. Se alude, además, a que se vulneró el derecho de todo trabajador a no sufrir represalias por parte del empleador después de haber reclamado o ejercitado sus derechos laborales.

En la demanda, que fue admitida a trámite y a la que ha tenido acceso ABC, se afirma que hay una conexión causal entre la decisión de la administración empleadora, con una intervención «directa» de la alcaldesa de entonces, con la existencia de perjuicios para la demandante, desde el punto de vista profesional y económico, y con una serie de «padecimientos psicológicos directamente derivados de la situación provocada por la arbitraria medida». La demanda, en concreto, se ha presentado contra Noelia Posse en materia de tutela de derechos fundamentales y se reclama una cantidad en concepto de indemnización por daños y perjuicios.