Esclavos en la plantación de marihuana: encerrados, sin papeles y controlados por cámaras de vigilancia
La Policía Nacional libera a tres personas, víctimas de trata, obligadas a trabajar día y noche en dos instalaciones ilegales de Chiloeches y Colmenar de Oreja
Las villas de lujo donde crecía una macroplantación de marihuana
La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que, además de dedicarse al cultivo de marihuana, tenía bajo régimen de esclavitud a tres personas de origen extranjero trabajando en dos de estas instalaciones.
La operación Escuadra comenzó en mayo pasado. La banda realizaba todas las gestiones para traer a sus víctimas a España, con la promesa de una vida mejor, como suelen hacer las redes de trata de mujeres. Les compraban los billetes de avión y les daban el dinero suficiente para justificar su estancia en nuestro país.
Luego, las metían en las plantaciones, ubicadas en Chiloeches y Colmenar de Oreja, donde las obligaban a trabajar en el cultivo y poda de las plantas, para después ponerlas en venta. El dinero que obtenían era para el pago de la deuda con la mafia.
Destapan una cocina ilegal con sin papeles explotados y una red de 'bares virtuales'
Los dos detenidos, en Vallecas, sometían a compatriotas 13 horas al día, sin libranzas, friendo y como 'riders'
Estas personas, de las que tres han sido liberadas, sufrían continuas amenazas y coacciones para que no escaparan. No solo se encontraban en situación ilegal en España, sino que eran controladas con normas, cámaras de videovigilancia y les habían quitado los pasaportes y cualquier documentación.
A finales del pasado año se procedió a la desarticulación de esta red dedicada a la trata de seres humanos con la finalidad de realizar actividades delictivas y dos de sus integrantes fueron arrestados. El tercer miembro fue detenido a principios de este mes.
A los tres encartados se les considera presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Se han intervenido 2500 plantas y más de 4200 cogollos que podrían traducirse en más de 270.000 euros en el mercado ilícito.
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