Destapan una cocina ilegal con sin papeles explotados y una red de 'bares virtuales'
Los dos detenidos, en Vallecas, sometían a compatriotas 13 horas al día, sin libranzas, friendo y como 'riders'
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Un giro prohibido de un motorista fue el pequeño detalle que ha llevado a la desarticulación de una cocina ilegal en la que una pareja de colombianos explotaba laboralmente a otros inmigrantes sin papeles, en Puente de Vallecas. Los sospechosos han sido detenidos y se ha destapado una red de repartidores irregulares, comida en mal estado y de 'restaurantes virtuales' propiedad del varón de este matrimonio.
La investigación de la Policía Municipal comenzó cuando a las 22.35 horas del 19 de febrero, una patrulla que circulaba por la avenida de Buenos Aires con la de Pablo Neruda observó cómo un motorista hacía una maniobra no permitida, por lo que le dieron el alto. Era un 'rider' que portaba una mochila térmica naranja de Just Eat. Al identificarlo, comprobaron que este colombiano de 30 años estaba en situación irregular en España y, por lo tanto, sin permiso de trabajo. Les comentó: «Cobro 5 euros por pedido y pago 100 euros al mes por la motocicleta a Omar, sin ningún contrato de trabajo ni horario definido ni seguro».
El tal Omar es Omar Ricardo M., paisano suyo de 42 años y presunto cerebro de esta trama, junto a su pareja, Karina R. R., de la misma nacionalidad y 43 años. Residen juntos en Canillejas. Los agentes llegan al negocio de la calle de la Diligencia, 4, en el mismo distrito, donde identificaron a otro repartidor en moto, que, al percatarse de la presencia policial, intentó eludirles pero finalmente fue filiado. Era otro colombiano, este de 27 años y también sin papeles. Aportó los mismos datos sobre la explotación de la que venía siendo víctima por parte de Omar.
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En el exterior de la cocina ilegal, los intervinientes observaron una puerta metálica entreabierta, sin cartel alguno que hablara de una actividad comercial, y comprobaron que salían de allí olores y humos como si se tratara de un local de restauración. Empujaron la puerta y vieron a cinco personas trabajando en la cocina, de tipo industrial, cortando y pelando patatas y picando verduras en una tabla; otros manejaban freidoras de alta capacidad, cocinaban hamburguesas en una plancha y preparaban los pedidos para entregárselos a los motoristas. Los pillaron con las manos en la masa, nunca mejor dicho.
Aquello era solo el 'aperitivo': había gran cantidad de comida y demás material perecedero tirado por el suelo y en defectuosas formas de conservación, además de cuchillos de grandes dimensiones y demás herramientas peligrosas. Las personas halladas allí dentro eran cuatro varones y una mujer, de entre 28 y 50 años, todos colombianos. Estos 'cocineros' hablaron de nuevo de Omar, su jefe: «Se ha ido a su casa, como todos los días, a última hora de la tarde, pero pueden llamarle para que venga aquí». Además, afirmaron que encontraron ese trabajo a través de una página de Facebook, en el caso de algunos de ellos, y en el de otros porque eran conocidos de la pareja del responsable, Karina, de su época en Colombia.
«Desconocemos cuándo nos pagarán»
Los policías municipales preguntaron a estas personas por sus condiciones laborales: la ventilación del local era defectuosa; todos carecían de uniformes de trabajo necesarios; estaban en situación ilegal en España, y no se había llevado a cabo ningún tipo de trámite para legalizarlos.
En cuanto a la jornada laboral, aseguraron que era desde las cinco de la tarde a las seis de la mañana (trece horas), sin pagar horas extra, e incluyendo sábados, domingos y festivos; sin seguro por incapacidad laboral pese a trabajar a altas temperaturas y con vehículos (las motocicletas) para transportar los pedidos a domicilio, que se realizaban a través de las plataformas Uber Eats, Glovo y Just Eat. «No sabemos ni siquiera cuándo ni cuánto nos van a pagar, y necesitamos el dinero para subsistir. Omar se aprovecha de nuestra necesidad», le acusaron. Eso sí, les controlaban los fichajes, pues en la entrada a esta cocina industrial ilegal debían marcar su huella dactilar.
«Sabemos que está mal»
La pareja apareció y presentó como toda documentación un certificado de declaración responsable de marzo de 2017 para venta de pastelería y panadería con obrador, a nombre de una tercera persona, un español. «Sabemos que esto está mal, tenemos un negocio similar en Colombia y allí funcionamos con trabajadores temporales y sin horarios definidos», confesaron.
En unas estanterías tenían 33 tabletas, con una etiqueta adhesiva cada una y los nombres de cada restaurante de comida rápida, como La Chingada, El Rey de las Raciones, Monster Burger… En ellas recibían los pedidos. Omar dijo que eran «restaurantes virtuales», todos de su propiedad, con cartas de productos a través de webs, y que era en esa cocina donde se elaboraban los alimentos. Fueron puestos a disposición de la Brigada de Extranjería.+
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