La Comunidad reclama a un ciudadano el coste de apagar un incendio

El presunto autor fue sorprendido justo en el momento en el que estaba provocándolo junto a una zona de matorrales, gracias a un dispositivo conjunto organizado entre el Cuerpo de Agentes Forestales y la Policía Local de este municipio. El operativo se organizó en base a la investigación de otros incendios en las mismas fechas que tuvieron lugar en la zona. La superficie afectada fue superior a 800 metros cuadrados de pasto, aunque también se quemó algún almendro.

En un informe de la Dirección General de Emergencias, informa Ep, se cifró en 1.897,14 euros el valor monetario que tuvo para las arcas públicas la intervención del Cuerpo de Bomberos regional. Posteriormente, la Abogacía General avaló que la Comunidad de Madrid pudiera reclamar dicha cantidad como actor civil, en concepto de daños y perjuicios, atendiendo al ofrecimiento de un juzgado de la capital.

El de San Martín de Valdeiglesias es el séptimo caso de estas características en el que se persona el Ejecutivo madrileño, que ya está en procesos judiciales abiertos por otros incendios forestales, ocurridos en 2020 y 2021, en Villarejo de Salvanés, Quijorna, Villaviciosa de Odón, San Agustín de Guadalix, Brunete y Robledo de Chavela, según enumeró el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

La personación de la Administración madrileña en este tipo de procedimientos judiciales es consecuencia de la decisión de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que gestiona el consejero Enrique López, de proponer la incorporación en el proyecto de Ley de Protección Civil y Emergencias (aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 15 de mayo) que la Administración autonómica se persone como acusación particular para los casos de incendios provocados con consecuencias graves para el medioambiente y los ciudadanos.

El Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid investiga el cien por cien de los incendios forestales y en los casos de negligencia, imprudencia e intencionados en los que hay un autor conocido, se pone en conocimiento de las autoridades judiciales para que dictamine sobre las causas.