El letrado que criticó la amnistía acusa a Galindo de «desviación de poder» por su purga «arbitraria»

Fernández-Fontecha, que criticó la nueva ley de amnistía, desarrolla sus acusaciones a lo largo de quince páginas y aporta seis documentos con los que intenta desmontar la versión del secretario general de que no ha existido ninguna purga. Su despliegue jurídico persigue que la Mesa del Congreso deje sin efecto la resolución con la que Galindo le apartó de la Comisión Constitucional, situando en ella al ex secretario general de la cámara, Carlos Gutiérrez Vicén.

No obstante, la maniobra no tiene visos de prosperar, ya que el letrado mayor cuenta con la plena confianza de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, y la mayoría de la Mesa de la cámara está en manos de PSOE y Sumar. De hecho, puede que el recurso ni siquiera llegue a este órgano y sea desechado por el propio Galindo.

Aún así, Fernández-Fontecha pone sobre la mesa amplia jurisprudencia para apoyar sus argumentos. Entre ellos, que el letrado mayor cometió «desviación de poder» porque actuó con fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. En concreto, apartarle de la Comisión Constitucional para evitar que emitiera informes que pudieran resultar lesivos para los intereses del Gobierno, tras haber realizado varios en la legislatura pasada.

En cuanto a la acusación de arbitrariedad en su cese, el exletrado de la Constitucional señala que «no existe racionalidad ni razonabilidad» en su sustitución por Gutiérrez Vicén. «Ni por antigüedad, ni por experiencia ni por producción científica» es un «mejor servicio a la comisión. Más bien al contrario», argumenta. «Discrecionalidad no es arbitrariedad», carga. «Las necesidades del servicio no hacen revivir a la Monarquía absoluta». El letrado también combate que el secretario general sea «libre» para adscribir los juristas a las comisiones y que esta decisión sea «irrecurrible». A su juicio, constituiría «un precario y una situación jurídica claudicante» al producir «la más completa indefensión del funcionario, pues cancela el recurso a la vía judicial». «Sería el único acto en el ordenamiento jurídico español irrecurrible», señala.

Fernández-Fontecha también incide en que su cese fue inmotivado. Para ello, rescata varias sentencias del Tribunal Supremo que declaran «exigible el deber de motivación» en las resoluciones administrativas «que acuerdan discrecionalmente el cese de funcionarios públicos» en puestos de libre designación. Esta garantía no se produjo en su caso, ya que el letrado conoció su cese de la Comisión Constitucional al difundirse la lista de letrados adscritos a cada comisión, sin comunicación o explicación escrita alguna de por qué dejó de ser idóneo para el puesto.

Por último, Fernández-Fontecha argumenta que la adscripción de ex secretarios generales a las comisiones más importantes discrimina a los letrados de base «sin un elemento que lo justifique», toda vez que los primeros alcanzaron el cargo por «designación política» y no por concurso de méritos.