El caso Koldo salpica a Armengol, Cerdán, Marlaska, Torres, Illa y Ábalos

La iniciativa se coordinó desde el Ingesa del Ministerio de Sanidad y se articuló mediante el 'Acuerdo Marco para suministro de material necesario para hacer frente al Covid-19'. El presupuesto se estimaba por encima de 2.578 millones. Se trataba de ofrecer a administraciones y organismos un 'espacio' al que acudir para adquirir desde mascarillas hasta equipos de protección, -eran once lotes-, de manera que no tuviesen que licitar cada producto, sólo firmar con la adjudicataria elegida .En total, entraron 72 empresas que ofertaban 166 productos, como informó el Gobierno.

La UTE Ferrovial-Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas estaba entre ellas, si bien finalmente no recibió ninguna adjudicación ni registró facturación, según informan en fuentes de la constructora, desvinculada ya de lo que era entonces su división de Servicios, con una clientela que abarcaba hospitales y centros médicos.

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Llama la atención que Ferrovial, destacada adjudicataria de obra pública y en particular, del Ministerio de Transportes, se aliase con una empresa pequeña que no superaba la decena de empleados y que había facturado cero euros en 2019. Las fuentes consultadas subrayan que Soluciones pasó todos los controles para poder conformar una UTE y explican que a mediados de 2020, cuando se publicó el macrocontrato, persistía la necesidad de material de protección frente al covid y esta empresa lo suministraba. Para cuando llegó el Acuerdo Marco, en agosto de 2020, ya le había vendido 24,2 millones de euros en mascarillas a Puertos del Estado y 12,5 millones a Adif, organismos ambos vinculados al Ministerio de Transportes, pero también 3,5 millones al Ministerio del Interior, 12 al gobierno de Canarias y 3,7 al de Baleares.

Uno de los empresarios señalados por su relación con esa sociedad es Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol y que ayer pasó a disposición del juez de la Audiencia Nacional que investiga este asunto, igual que el accionista de la mercantil Iñigo Rotaeche, el propio Koldo García y su hermano Joseba. Todos habían sido detenidos por la UCO de la Guardia Civil el pasado martes y ayer se acogieron a su derecho a no declarar porque la causa sigue bajo secreto de sumario. Fueron fueron puestos en libertad y salvo Joseba, con medidas cautelares. Koldo García y Víctor de Aldama, con el pasaporte retirado, prohibición de salir de España y obligación de comparecer cada 15 días en un juzgado. Rotaeche, por su parte, no puede dejar España sin permiso del juez.

El alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, vinculó ayer en Onda Cero su enfrentamiento en 2021 con Koldo García con el intento del PSOE de eliminarle como secretario general de su agrupación para «evitar que fuera candidato a la alcaldía». Díez había recriminado a Ábalos los «incumplimientos» de su ministerio con León, tras lo cual asegura que Koldo García le dijo «que tuviera cuidado porque todavía le quedaban tres años para joderme». Y añadió: «Si Koldo te amenazaba, era casi una amenaza directa del ministro».

El Gobierno de Baleares presidido por la socialista Francina Armengol hasta el año pasado pagó a Koldo García, el asesor del ministro Ábalos detenido este martes, hasta 3,7 millones de euros por unas mascarillas FPP2 en el año 2020. Al poco tiempo se dio cuenta de que le habían estafado porque eran quirúrgicas, pero la ahora presidenta del Congreso calló y decidió guardarlas en un almacén donde, todavía hoy, siguen cogiendo polvo.

En julio de 2022, alertado por la Guardia Civil, el Ejecutivo de Armengol supo que había en marcha una investigación sobre la empresa de Koldo García por presuntos cobros de comisiones en la venta de mascarillas, pero la entonces presidenta balear miró de nuevo para otro lado.

Fue justamente el día en que su sustituta, la popular Marga Prohens, tomaba posesión como presidenta autonómica, el pasado 6 de julio, cuando el Gobierno saliente se decidió a reclamar oficialmente 2,6 millones por el sobrecoste del polémico lote de 1,5 millones de mascarillas que nunca se destinaron a proteger a los sanitarios. Un importe que todavía no se ha recuperado.

Pero antes de la actuación de la Guardia Civil en las dependencias del Servicio de Salud balear ese verano de 2022 -donde se le requirió el expediente de dicho contrato de mascarillas y se requisó un pen drive-, el Ejecutivo de Armengol ya había sido avisado de posibles irregularidades sobre la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. y tampoco tomó ninguna medida.

La Oficina Anticorrupción de Baleares puso en conocimiento que uno de los cargos directivos de esta empresa, José Angel Escorial Senante, aparecía en los 'Paradise Papers' con dos sociedades 'offshore' en Malta. Además, cuestionó el abuso de la urgencia de las contrataciones a dedo durante el inicio de la pandemia, apuntando que «se debió haber establecido algunos mecanismos de control adaptados específicamente para supervisar la contratación y la adquisición pública». Este organismo autonómico, acusado desde su creación de ser parcial a favor de los socialistas, no detectó sin embargo el sobrecoste en las mascarillas al desconocer que el pedido estaba defectuoso y dio carpetazo al asunto.

Pese a la falta de referencias, alguien el ministerio del también socialista Ábalos sugirió al Gobierno de Armengol que trabajase con dicha empresa. Los socialistas de Baleares sostienen que desconocen quién en concreto ofreció la compra de las mascarillas y no aclaran tampoco si su Ejecutivo trató con Koldo García.

«Contratamos a través de las empresas que nos decían los ministerios, faltaría más», apostilló el portavoz socialista, Iago Negueruela, en una rueda de prensa donde sí confirmó que la entonces presidenta autonómica, Francina Armengol, habló con Ábalos «al igual que con todos los ministros», aunque sin concretar si trataron este asunto de las mascarillas. «Se hablaba con quien fuese y como fuese», generalizó Negueruela, que fue consejero de Turismo y portavoz del Gobierno de Armengol.

Los socialistas batallan ahora contra el PP para contradecir que fue en marzo y no en julio, tras las elecciones generales, cuando reclamó por las mascarillas a la empresa investigada. Aportan un documento donde se «comunica» que el producto no cumplía con lo pactado y «se procedería a tomar las medidas oportunas».

La actual Consejería de Salud, gestionada por el PP, sostiene que fue el 6 de julio de 2023 cuando el Servicio de Salud emitió oficialmente el informe de propuesta de resolución parcial del contrato de emergencia.

Dicho organismo hará una auditoría interna para investigar este contrato mientras el PP exige a la ahora presidenta del Congreso que despeje todas las dudas que afectan a la gestión de su gobierno, de la que se han desmarcado los socios nacionalistas de Més per Mallorca, que alegan que no controlaban el departamento de Salud y que no fueron informados de la compra de mascarillas. Informa Mayte Amorós

Con el actual jefe de gabinete del ministro Ángel Víctor Torres, Antonio Olivera, al frente del Servicio Canario de Salud (SCS), la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S.L. -salpicada en el caso Koldo- se hizo con al menos tres contratos de compra de mascarillas que en total suman casi 12 millones de euros.

Era abril del año 2020, apenas un mes después de que estallara la pandemia y el Gobierno de Pedro Sánchez autorizara que los expedientes de contratación necesarios para atender la protección de las personas frente al covid se tramitaran por la vía de urgencia.

El Ejecutivo canario, presidido por el ahora ministro socialista, buscaba mascarillas para sus hospitales públicos y se llegó a un acuerdo con la empresa vinculada a Koldo García, asesor del entonces titular de Transportes, José Luis Ábalos. Se trata de Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S. L., una firma de Zaragoza cuyo objeto social nada tenía que ver con el material sanitario.

En abril de 2020 resulta adjudicataria de un primer contrato de 6,75 millones de euros, del que sólo se acabaron abonando 2.094.500 por la mala calidad de las mascarillas. Ese mismo mes, y pese a que parte de las mismas presentaban una calidad inferior a la pactada, se hizo un segundo encargo para comprar 1,91 millones de unidades FFP2/K95, de nuevo a 2,50 euros cada una, por lo que en junio se le abonaron 4,78 millones de euros. Hubo un tercer contrato de 5 millones. En septiembre de 2020 la dirección del SCS la ocupó Conrado Domínguez, investigado por un pelotazo de mascarillas con otra empresa.