Junts aprovecha la ley para regularizar extranjeros para reclamar el traspaso de inmigración

En una enmienda al articulado de la norma, a la que ha tenido acceso ABC, Junts aprovecha para meter presión al Gobierno con el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Este extremo lo pactó el Ejecutivo con los neoconvergentes en enero, a cambio de que estos se abstuviesen en los tres reales decretos leyes que llevó el Consejo de Ministros a convalidación entonces. Dos de ellos salieron adelante, pero uno se derogó, el de subsidios, por la oposición de Podemos.

El problema es que Junts exige una transferencia integral de todas las competencias en inmigración y el Gobierno no está dispuesto a soltar las de asilo ni el control de las fronteras. Básicamente, porque esas dos cuestiones la Constitución se las reserva al Estado. Los independentistas, además de renegociar la senda de déficit con ellos para plantearse aprobarla, y para hablar después de los presupuestos, le piden a Pedro Sánchez que cumpla los compromisos pendientes. Y este es uno.

La iniciativa legislativa popular, registrada por más de novecientas asociaciones, entre ellas Cáritas, plantea que el Gobierno apruebe un real decreto ley en seis meses para establecer un proceso de regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre del año 2021.

La enmienda de Junts modifica esto y dice: «El Gobierno estudiará una propuesta de regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español. Dicha propuesta será remitida a las Cortes para su valoración y, si procede, su aprobación, y deberá tener en cuenta los cambios normativos que se produzcan, como es la transferencia de competencias en inmigración en el caso de Cataluña».

Aparte de meter con calzador su reclamación de asumir la gestión de la inmigración, también quita la última palabra al Gobierno y le quiere forzar a someter su propuesta a una votación en el Congreso de los Diputados. Cabe recordar que Junts ya votó junto a PP y Vox en julio para tumbar la reforma de ley de extranjería, con la que el Ejecutivo pretendía imponer a las comunidades autónomas el reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados. Ahora, vista la enmienda de Junts y teniendo en cuenta que las de los populares son mucho más restrictivas que las del PSOE y sus socios, está por ver si finalmente sale adelante esta iniciativa legislativa popular.