Una abrumadora mayoría de la junta de fiscales ve terrorismo en Tsunami

Por doce votos a tres, la junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo considera terrorismo los actos cometidos por Tsunami Democràtic -entre ellos el asedio al aeropuerto de El Prat- y once de los quince fiscales creen que ya hay indicios suficientes para investigar al expresidente de la Generalitat y prófugo Carles Puigdemont, lo que implica que tendría que ser el Supremo el que asuma la investigación por su condición de aforado (eurodiputado). Esa circunstancia arrastraría, por conexidad, al resto de investigados, en total una decena, entre los que se encuentran el diputado autonómico Rubén Wagensberg o la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

La decisión de la junta supone un revés para los dos fiscales que tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo han rechazado el delito de terrorismo, Miguel Ángel Carballo y el propio Álvaro Redondo, y una desautorización en toda regla al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hace apenas unos días sentenciaba que «en Tsunami no hay terrorismo». Este martes mismo, la portavoz del Ejecutivo, la también socialista Pilar Alegría, incidía en esta idea y, a pesar de este revés, parecía ser muy consciente de que la partida de la Fiscalía no acaba aquí. «Claramente nuestro respeto a los criterios que hoy se han expuesto, al igual que respetamos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal», señaló la también ministra de Educación. Fuentes del Gobierno aseguran no estar «sorprendidas» por la decisión de la junta de fiscales, una manera de decir que lo esperaban, al mismo tiempo que muestran una gran confianza en que no se imputará por terrorismo a Puigdemont, informa Mariano Alonso.

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Y realmente podrá ser así, porque a pesar de esta abrumadora mayoría de la junta, en la que sólo tres personas ven incardinable la violencia de Tsunami en desórdenes públicos, el hecho de que una de ellas sea uno de los dos fiscales jefes -en concreto Joaquín Sánchez Covisa, afín al fiscal general- deja la discrepancia en manos de la superior jerárquica de ambos, que es la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, número dos del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y nombrada para ese puesto por su antecesora, Dolores Delgado, en enero de 2022.

Fuentes fiscales resaltan que es la primera vez que se da esta discrepancia en la junta de fiscales de lo Penal entre los jefes -en este caso, entre el citado Sánchez Covisa y el fiscal del 'procés' Fidel Cadena- y que hay que recurrir al artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para resolver la contienda unificando criterios. Buena parte de la junta daba por hecho este martes que Sánchez Conde respaldará el segundo borrador de Redondo, el que no aprecia terrorismo, pese a que lo haya tumbado la mayoría.

Será el nuevo informe de la teniente fiscal el que se remitirá finalmente a la Sala Segunda del Supremo, que tendrá la última palabra: deberá decidir si acepta la exposición razonada enviada en noviembre por el instructor del caso, Manuel García-Castellón, o le devuelve el procedimiento para que continúe la instrucción, algo que sólo sucedería en el caso de que asuma que todavía no hay suficientes indicios para investigar a Puigdemont.

La posición de la Fiscalía no es vinculante para esa Sala Penal que preside Manuel Marchena y, aunque sea legal que Sánchez Conde contraríe, como muchos esperan, el criterio mayoritario de los fiscales, miembros de la junta se mostraban convencidos de que al menos los magistrados sabrán valorar que ese texto «no es fruto de una decisión profesional». «El mensaje que se enviará con un informe contrario a nuestro parecer es que esto se resuelve por el mando y no por la razón», señalaba este martes uno de los fiscales del Supremo a ABC.

La reunión de la junta, que comenzó a las diez y cuarto de la mañana, llegaba en medio de la polémica generada por el cambio de criterio del fiscal al que correspondía informar sobre el caso en el Supremo, el citado Álvaro Redondo, que en tres días pasó de elaborar un informe en el que apreciaba delitos de terrorismo en Tsunami y situaba a Puigdemont en el «vértice» de ese movimiento independentista a considerar, tras un «profundo y exhaustivo» estudio, que los hechos acaecidos, entre ellos, el caos en el aeropuerto barcelonés de El Prat, sólo se podían encuadrar en un delito de desórdenes públicos graves.

La cuestión no es baladí, pues la ley de amnistía atascada en estos momentos en el Congreso contempla el perdón para los delitos terroristas derivados del 'procés' siempre y cuando no hubieran causado, «de forma manifiesta y con intención directa», «violaciones graves de derechos humanos». Y, para la mayoría de los fiscales, es claro que las hubo, como expresaron doce de ellos en su turno de intervención durante las cuatro horas que duró la reunión, marcada por un debate «sereno y muy técnico», según coinciden varios de los asistentes al cónclave. A juicio de la mayoría, en la violencia de Tsunami concurren tanto el elemento objetivo como el subjetivo del artículo 573 del Código Penal, reformado en 2015 para dar cabida a un concepto de terrorismo más amplio, no encorsetado en que las acciones tengan que estar vinculadas necesariamente a grupos terroristas. Se cometieron delitos graves «contra la vida o la integridad física o la libertad» (lesiones, daños y detenciones ilegales) y, además, con una finalidad clara: la de desestabilizar gravemente las estructuras económicas de España y obligar a los poderes públicos a negociar la autodeterminación de Cataluña.

El propio Redondo lo reconoció en su primer informe: Tsunami «alteró gravemente la paz pública al causar dicha desestabilización y al exigir públicamente tal negociación claramente inconstitucional«. Este martes, este mismo fiscal, »muy afectado« por el polémico episodio y consciente de que sus compañeros le iban a pedir explicaciones por su cambio de criterio, tomó la palabra recalcando lo que ya había aclarado a los medios el lunes a través de un comunicado: que cuando hizo el primer informe no había estudiado bien el caso y, al hacerlo de forma más exhaustiva, él solo se dio cuenta de que no cabía terrorismo porque, en su opinión, ninguno de los delitos pueden ser castigados con más de cinco años de cárcel como exige el tipo penal. No explicó Redondo por qué reculó también con los indicios que vio -y dejó de ver en tres días- contra Puigdemont, «el vértice más alto de la organización». También en este punto los fiscales le contradicen y creen que en este momento de la investigación ya hay indicios suficientes como para que el Supremo asuma la investigación contra el prófugo sin necesidad de devolver la causa a García-Castellón para que siga indagando desde la Audiencia Nacional.

Las fuentes antes citadas señalan que, aunque se le afeó el volantazo, «no se hizo sangre» con el asunto, como tampoco se mencionó la posible intervención de García Ortiz en este episodio más allá de recalcar el propio Redondo que cuando habló con el fiscal general el pasado martes por la mañana ya había elaborado su segundo borrador, el que rechazó este martes la junta. Lo cierto es que sus compañeros no le creen.

Mientras tanto, en Moncloa enfrían el futuro de la amnistía porque ven «complicada» la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para limitar las instrucciones judiciales y porque admiten la dura posición negociadora de Junts. «En privado dicen lo mismo que en público», confiesan desde el Gobierno sobre los de Puigdemont.