El juez procesa a Granados, Marjaliza y otras 19 personas por la trama Púnica en Valdemoro
Cierra la pieza cinco de la causa, sobre contratos en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y la prepara para juicio
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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha puesto punto y final a la quinta pieza separada del caso Púnica y ha propuesto sentar en el banquillo a 21 personas, entre las que se encuentran en exsecretario general del PP en Madrid, Francisco Granados y el conocido como «conseguidor» de la trama, David Marjaliza, en relación a los contratos en los ayuntamientos madrileños de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, el juez expone que concurren indicios como para enviar a juicio también a la mujer de Marjaliza, Adela Cubas, a otros tres exalcaldes de Valdemoro y varias personas que ocuparon altos cargos en el consistorio. Incluye igualmente a un exalcalde de la localidad de Moraleja de Enmedio, a técnicos municipales y personas vinculadas al Grupo Marjaliza.
Mientras, archiva el caso por completo para los exconcejales María Jesús Juárez López de Coca y Ángel Marcos Morante y a siete personas, les exonera de la parte tocante a dos expedientes concretos vinculados a la participación en los procesos de licitación de la empresa Recuperaciones Oasis SL.
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Los hechos, según el instructor, serían constitutivos de los delitos de cohecho en concurso real con un delito de prevaricación administrativa y revelación de información reservada y secretos; tráfico de influencias; fraudes; cohecho de particular en concurso con un delito de prevaricación administrativa; aprovechamiento de información reservada para sí o para un tercero y cohecho de persona jurídica.
En concreto, los hechos se refieren a «una serie de prácticas por parte de los encargados municipales responsables del procedimiento de contratación, encaminadas a asegurar la adjudicación del contrato administrativo licitado a una determinada empresa», con un modus operandi en el que se repite el nombre de Marjaliza, que habría ostentado influencia directa o indirecta entre quienes tenían esa responsabilidad. «Se trata de lograr que la sociedad finalmente propuesta por el órgano de contratación sea precisamente aquella que al empresario interesa en cada caso», dice el instructor.
Influir, concurrir y ganar el concurso
Constan distintos supuestos en esa mecánica de contratación presuntamente fraudulenta. En uno de ellos, el empresario influía en los responsables del procedimiento de licitación, y además concurría a través de alguna sociedad directa o indirectamente sometida a su control. En otros, el empresario influía en los responsables del procedimiento de licitación y lograba la adjudicación del contrato pese a no concurrir en la misma los presupuestos necesarios, de acuerdo a las conclusiones del magistrado.
Por último, se constata la existencia de contratos en los que el empresario concurría al procedimiento de licitación mediante alguna sociedad directa o indirectamente sometida a su control, lograba la adjudicación del contrato a través de la influencia ejercida, y causaba un perjuicio económico injustificado al Consistorio.
En Valdemoro se han investigado, entre otros, los contratos de gestión del servicio de estacionamiento regulado (SER), las concesiones administrativas de cafeterías, aparcamiento, servicio municipal de grúa, explotación de instalaciones deportivas e incluso los servicios de recogida de ropa y zapatos usados.
Marjaliza, en el centro
El magistrado relata cómo Marjaliza era informado con suficiente antelación sobre el inicio de estas licitaciones, para poder preparar la documentación necesaria con evidente ventaja sobre posibles rivales, asegurándose así su adjudicación. Explica que su influencia en determinados cargos públicos de Valdemoro resultaba especialmente relevante en orden, bien a la obtención privilegiada de información respecto a los procesos de licitación, bien en su capacidad de influir en la toma de decisiones durante el proceso de licitación.
Con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento económico, el empresario logró la adjudicación directa de diversos contratos menores, «prescindiendo de las más elementales normas de contratación administrativa y fraccionando de forma sucesiva una prestación que se debía haber ofertado públicamente mediante el correspondiente concurso público para su licitación».
El auto también describe los contratos en los que participó Marjaliza en Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle y apunta que como contrapartida de las adjudicaciones, el empresario pudo haber sufragado encuestas de contenido político como «una de las fórmulas empleadas por David para el pago por los favores obtenidos desde el Ayuntamiento para beneficiar a sus empresas».
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