Anticorrupción pide una sentencia condenatoria para la 'trama' leonesa de 'Púnica'

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este miércoles en el juicio de la pieza del 'caso Púnica' relativa a León que se sigue en la Audiencia Nacional una sentencia condenatoria al considerar probado el «mecanismo perverso» que la trama pudo instaurar en la Diputación y que habrían ideado, entre otros, el supuesto 'conseguidor', el empresario Alejandro de Pedro, el expresidente de la Diputación, Marcos Martínez, y su exjefe de gabinete, Pedro Vicente Sánchez.

Durante la exposición de su informe, la Fiscalía ha resaltado que fue «ante las noticias negativas que se publicaban» sobre la entonces presidenta, Isabel Carrasco, cuando la dirigente entró «en contacto con el tándem» formado por De Pedro y José Antonio Conesa, con quienes, por mediación de Martínez, entonces vicepresidente, se «concertó» la relación de trabajos de reputación. «Estos tenían como finalidad casi exclusiva que los buscadores de Google desplazasen las noticias negativas y que solo apareciesen las positivas o neutras relacionadas con su actividad», detalló la fiscal, que sostuvo que «en aquel concierto no solo participaron la difunta» Isabel Carrasco y Martínez, sino otras personas que «dominaron el hecho necesario para que los trabajos no los abonase la presidenta, sino el erario público».

Anticorrupción considera así «probado» el» mecanismo perverso» del que se valieron los acusados, que habrían validado facturas y autorizado distintos pagos para poner «a disposición de la presidenta un presupuesto que superó» el medio millón de euros en algunos casos. En este contexto, afirma que «fruto de esos trabajos se creó una confianza» con Carrasco y Martínez «que llevó a que una vez fallecida –asesinada–» la «trama» siguiese realizando esa labor para su sucesor en el cargo, que se enfrenta a ocho años de prisión, informa Ep.

Ese acuerdo llevó, según la fiscal, a que se ofreciesen nuevos servicios que incluyeron la contratación de periodistas, trabajos de asesoramiento político o, en último extremo, la licitación de nuevos contratos relacionados con la explotación del complejo de las pistas de esquí de San Isidro.