El juez podrá acceder a todas las llamadas que oculta García Ortiz, pero lo tendrá más difícil para recuperar los mensajes

En el mismo auto, el instructor solicita a las operadoras telefónicas de las dos líneas utilizadas por el fiscal general (según la UCO una estaba a su nombre y la otra a nombre de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, dependiente del Ministerio de Hacienda) que faciliten los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten. Es decir, las operadoras no sólo tendrán que aportar información sobre los teléfonos con los que contactó el fiscal general esos días sino también sobre la titularidad de cada una de esas líneas.

El magistrado también pide información sobre los paquetes de datos emitidos y recibidos, así como, al igual que en el caso de las llamadas, la identificación del receptor y el emisor de los mismos números de teléfono, todo ello entre el 8 y el 14 de marzo de 2024.

«Si partimos de que tanto el IMEI (identificador de cada terminal) como el IMSI (el número de abonado de 15 dígitos que figura en la tarjeta SIM) no aportan identidad sobre el usuario del dispositivo, y tal identidad puede ser de relevancia en orden al esclarecimiento de los hechos y partícipes en los mismos, es necesaria la obtención del número comercial del teléfono, en posesión de la prestadora del servicio de telecomunicación. Tanto con el IMSI como con el IMEI se dispone de información suficiente como para poder solicitar la autorización judicial de identificación por el operador de los números de teléfono (o MSISDN) que corresponden a tales datos, y la correspondiente intervención de las conversaciones», señala el magistrado en su resolución.

Expertos consultados por este periódico ya señalaron la dificultad de recuperar los mensajes ante el eventual borrado del que habló en un primer momento la Fiscalía (antes de que trascendiera lo que en realidad fue un cambiazo). En el caso de WhatsApp, que es la forma en la que García Ortiz se comunicó con Pilar Rodríguez, la recuperación de conversaciones resulta especialmente compleja, pues esta aplicación cuenta con cifrado de extremo a extremo de forma genérica, lo que implica que, en teoría, el mensaje está protegido para que solo pueda ser accesible para el usuario que lo envía y el que lo recibe, informa Rodrigo Alonso. La 'app', afirma desde hace años, tampoco tiene acceso a ninguno de estos contenidos. Es más, una vez el usuario borra la conversación esta no tarda demasiado en desaparecer sin dejar ningún rastro en el terminal. Suele ser cuestión de días. En sus términos, WhatsApp señala que hará «todo lo posible» por «conservar los datos de las cuentas relacionadas con una investigación penal durante 90 días». Algo que en el caso de García Ortiz de poco sirve, ya que fue imputado el 16 de octubre y los mensajes que lo relacionarían con la revelación de secretos datan de marzo y también habrían sido eliminados prácticamente al momento.

Ante la posibilidad de que en realidad los mensajes no se borraran y lo que hubo fuera un cambio de aparato al que no se importaron los mensajes del antiguo terminal, lo primero que habría que conseguir es el anterior dispositivo pues es ahí donde se encontrarían almacenadas, en su caso, las conversaciones. De cualquier forma, sin ese terminal no se puede empezar a trabajar, señala a ABC el ingeniero y jurista Sergio Carrasco.

Por otra parte, también ayer, en un segundo auto, el juez rechazaba el recurso de reforma de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), acusación popular en la causa, contra la decisión del instructor de acotar la investigación a la semana del 8 al 14 de marzo. La APIF entendía que la investigación debería ampliarse a hechos ocurridos desde el día 20 de febrero, fecha en la que la Fiscalía de Madrid remitió la denuncia contra González Amador a los juzgados de Plaza de Castilla.