El juez que investiga la trama rusa del 'procés' y el caso Negreira recibe una bomba falsa

El falso paquete bomba estaba preparado a conciencia para que apararentara ser un explosivo real. Se trata de un caja de cartón de unas dimensiones aproximadas de 20 centímetros de largo por 15 de ancho. Contenía un reloj despertador digital que simulaba ser el temporizador que activaría la bomba. Justo debajo estaba, con apariencia de explosivo, un paquete envuelto con papel de aluminio y una sustancia de color amarillento que ha resultado no ser explosivo y cuya composición real ABC desconoce.

El paquete, con la dirección escrita a mano con un boli de tinta negra, lleva dos sellos y carece de remite. Está cerrado mediante cinta de embalar transparente. El servicio logístico de los juzgados, en el número 111 de la Gran Vía de las Cortes Catalanas, lo recibió y, al parecer, pasó por un escáner, pero no saltó alarma alguna, pues fue entregado en las dependencias del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, situado en el edificio núemro 1 del complejo judicial. Allí lo abrió el personal que trabaja para el juez Joaquín Aguirre, en unas dependencias anexas al despacho del juez, según las fuentes consultadas por este diario.

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Elena Burés

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona considera que «no existe ningún indicio sólido» ni contra el empresario Alexander Dmitrenko ni contra Josep Lluís Alay en una operación de compraventa de gas

El susto debió ser mayúsculo, e inmediatamente dieron aviso a los Mossos d´Esquadra. Agentes de la policía autonómica catalana especialistas en explosivos se hicieron cargo del paquete y comprobaron que no era un explosivo real. La Comisaría General de Información de los Mossos abrió unas diligencias que, según las fuentes consultadas, aún no habrían sido judicializadas, pese a que ya ha transcurrido una semana desde el día de autos, algo que fuentes conocedoras de ste tipo de investigacfiones consideran, como mínimo, «anómalo». No consta que ya haya un juzgado de Barcelona investigando el asunto. Aunque carezca de material explosivo, al menos podría existir un delito de amenazas, pues la caja tenía toda la apariencia de ser una bomba.

Los Mossos d´Esquadra, además de inspeccionar el paquete, realizaron un informe preliminar «sin conclusiones», limitándose a describir el paquete. Fuentes consultadas por este diario aseveran que agentes adscritos a la Comisaría General de Información estarían preparando un informe más amplio sobre el paquete sospechoso, pero existe una gran opacidad alrededor del suceso, motivada, muy probablemente, por el destinatario del paquete amenazante, un juez considerado como una gran china en el zapato del independentismo.

Aguirre está instruyendo la trama rusa del 'procés', una pieza separada del caso Voloh, que investiga supuestos vínculos de dirigentes independentistas, como el expresidente catalán Carles Puigdemont, con el Kremlin. El instructor considera que Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron «estrechas relaciones personales» con políticos de la extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar «económica y militarmente» la independencia de Cataluña.

En una de sus diligencias más recientes, Joaquín Aguirre solicitó a la Audiencia Nacional «testimonio de cierto o ciertos informes policiales» sobre «la presencia de determinados agentes de los servicios secretos» del Kremlin «en España». La providencia –informa Elena Burés– remitida al titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, que instruye la causa de Tsunami Democràtic, indaga si las pesquisas de la Audiencia Nacional pudieran ser de utilidad para la investigación sobre la conexión entre el entorno de Carles Puigdemont con Moscú.

Elementos rusos habrían manifestado su disposición a apoyar «económica y militarmente» la independencia de Cataluña. La instrucción del magistrado Aguirre abre la puerta a investigar a Puigdemont por alta traición, delito no incluido en la futura ley de amnistía, aunque el expresidente catalán no está imputado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Sí lo están en esta pieza separada de la operación Voloh el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay; Víctor Terradellas, ex responsable de relaciones internacionales de CDC; y Alexander Dmitrenko, empresario ruso afincado en Cataluña.

Aunque de momento sólo son hipótesis, la amenaza tanto podría proceder de exaltados indepedendistas como de fanáticos del mundo del fútbol, pues el juez Joaquín Aguirre también instruye el muy mediático caso Negreira, que investiga los pagos millonarios del F. C. Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 y 2018 a cambio, presuntamente, de apoyo arbitral en el terreno de juego.