La juez que descartó la denuncia contra Casado por revelar secretos de Ayuso verá el caso de presunto fraude fiscal de su pareja

Esta veterana instructora ya se ha cruzado con un asunto que afectaba a la líder del PP de Madrid. Fue tras las declaraciones que ofreció en la cadena Cope el que era presidente del PP, Pablo Casado, sobre los negocios de Tomás Díaz Ayuso en la venta de material sanitario durante la pandemia.

Un particular le denunció por revelación de secretos y fue el Juzgado de Instrucción 19 el que archivó la pretensión por la falta de legitimación que tenía aquella persona para judicializar algo de lo que no era perjudicado directo basándose «en meras informaciones difundidas a través de los medios de comunicación sin aportar indicio de comisión de tal delito», como diría la resolución.

Su juzgado gobierna asimismo en la actualidad la investigación sobre el fallecimiento de tres mujeres en el incendio de una residencia de ancianos en la localidad de Aravaca el pasado mes de febrero, entre otros asuntos. Es competente para entender de las salas de inadmitidos del Aeropuerto de Barajas y también ha ejercido de control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid.

La denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid tiene fecha de 17 de febrero pero no entró en el servicio de reparto de los juzgados de Instrucción, con sede en Plaza de Castilla, hasta el 5 de marzo. Se dirige contra cinco empresarios, entre los que se encuentra González y su mercantil Maxwell Cremona, tras una inspección de la Agencia Tributaria que apuntó dos posibles delitos fiscales en el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021.

Según concreta, para minorar la cuota que correspondía abonar fruto del incremento exponencial de su facturación en los años duros de la pandemia, la empresa de compraventa de material sanitario imputó en la declaración facturas de terceros que no se corresponderían con servicios efectivamente prestados. Se estima la cuota defraudada en casi 351.000 euros y junto al empresario, están denunciados otros cuatro, así como una batería de mercantiles como responsables civiles subsidiarios de los presuntos ilícitos.