El Gobierno presume de «su» fiscal general mientras el juez investiga si cambió de móvil

Ignorando de nuevo el borrado de todos los mensajes en el móvil del fiscal general, de lo que informó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la semana pasada, Sánchez aseguró ayer que confía aún más en él. Lo hizo durante la rueda de prensa de balance del año, tras presidir el último Consejo de Ministros de 2024. Tirando del pronombre posesivo, proclamó «aún más la confianza del Gobierno de España en su [sic] fiscal general del Estado». Una frase que recuerda a la que pronunció en 2019 en una entrevista en Radio Nacional, donde se preguntó retóricamente «¿de quién depende la Fiscalía?»

Lo cierto es que el afán del Ejecutivo en proclamar que el hecho de que no haya mensajes en el móvil de García Ortiz implica su inocencia —«se acabó la historia», llegó a decir Óscar Puente— no casa con los movimientos que desde el Supremo se están haciendo para esclarecer el misterio del borrado, sobre todo porque el análisis del teléfono de la otra imputada, la fiscal Pilar Rodríguez, ha permitido determinar el «papel preeminente» del fiscal general en el episodio de la filtración .

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Así, el juez Ángel Hurtado pidió ayer a la UCO que facilite los números de teléfono e IMSI/IMEI asociados de las tarjetas que fueron requisadas a García Ortiz durante el registro en su despacho de la Fiscalía. Con esta diligencia el magistrado trata de averiguar si los teléfonos intervenidos fueron los utilizados por el fiscal general la noche del 13 al 14 de marzo, cuando presuntamente se produjo la filtración del correo reservado de González Amador.

Las acusaciones personadas en la causa han tenido claro desde el primer momento que el borrado de mensajes era «gravísimo» y un indicio incriminatorio más, y que la UCO tenía que seguir profundizando en este aspecto, entre otras cuestiones porque en el dispositivo de Rodríguez quedaron registrados los mensajes y llamadas entre ambos esa noche, así como la insistencia del fiscal general en conseguir las comunicaciones entre la defensa de González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto, que tuvo que abandonar un partido de Champions en el estadio del Atlético de Madrid para enviar lo que su superior le pedía.

Horas antes de la providencia dictada por el juez Hurtado, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) le había solicitado una serie de diligencias entre las que figuraba precisamente la de investigar si García Ortiz «ha cambiado de terminal desde el 13 de marzo a nuestros días y los IMEI afectados». Alertaba la APIF de que la UCO pudo peritar un teléfono que no fuera el usado por el investigado los días de la filtración.

Asimismo pedía que se investigara si ha habido «otros fiscales» que hayan cambiado de número de terminal inmediatamente después de que se produjeran los registros, porque al abogado de esta asociación Juan Antonio Frago, fiscal en excedencia, le consta que al menos la jefa de inspección, María Antonia Sanz, sí lo hizo, además al día siguiente de la entrada de la UCO en Fiscalía.

En su escrito, esta acusación popular no solo pide que se investiguen las circunstancias en las que este borrado se produjo, sino que a la vez denuncia un cúmulo de irregularidades anteriores en la actuación del fiscal general del Estado. En concreto, a la revelación de secretos por la que ya está siendo investigado, la APIF suma el apoderamiento ilícito de la información, pues García Ortiz no utilizó los cauces oficiales que le brinda el estatuto de la carrera para recabarla: «Llamar a su presencia a un fiscal y por los cauces reglamentarios es algo muy distinto a quebrantar el descanso o tiempo libre de un funcionario fiscal para que, con total nocturnidad, se le exija una documentación sensible vía Whatsapp y para que esta acabe depositada en un correo electrónico no corporativo. Es una brecha de seguridad en materia de protección de datos en toda regla». A su juicio, el apoderamiento ilegal (artículos 197.2 y 198 del Código Penal) está «claramente consumado», como lo está también la prevaricación administrativa por no haberse documentado formalmente lo que se reclamó por vía oral.