El Gobierno modifica un decreto para que RTVE no tenga que devolver 76 millones

La publicación en ABC, el pasado 13 de enero, de una información en la que se hablaba de las dificultades del Instituto de RTVE para cumplir con los objetivos del 'Proyecto Haz' a tiempo, con el riesgo de perder parte de los fondos europeos recibidos a tal efecto, aceleró las gestiones entre el ente y el Ministerio de Cultura, el encargado de velar por el cumplimiento y el que alertó, ya hace meses, de que el nivel de externalización estaba desbocado. Después de varias reuniones al más alto nivel, la propia presidenta interina, Elena Sánchez, comunicó al Consejo de Administración que el Gobierno iba a modificar el real decreto que regulaba este programa de formación en capacidades digitales para sortear los problemas que se habían generado por la mala gestión.

Solo unas semanas después de ese cónclave, celebrado el 25 de enero, el Consejo de Ministros aprobó el martes esa modificación, que se publicó al día siguiente en el BOE. Según el nuevo real decreto, la corporación tiene ahora luz verde para externalizar el 85% del total de las actuaciones, cuando hasta el momento estaba sujeta a la Ley General de Subvenciones, que establecía un límite del 50%. Esto había puesto a RTVE en grandes dificultades para llevar a cabo el proyecto, pues la falta de recursos internos le había obligado a contratar la mayor parte de los servicios puestos en marcha.

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Entre ellos, la plataforma de aprendizaje a distancia, adjudicada a dos empresas externas -Memorándum Multimedia y DEXS (filial de atSistemas), o la creación de contenido formativo que, en sus primeros lotes, adjudicó 14,4 millones a diferentes productoras externas, entre ellas Mediapro -ya por entonces propiedad China en su mayor parte-, que se llevó la mayoría del pastel dejando sin nada a un total de 25 empresas españolas. Una adjudicación polémica, pues en varios de los lotes adjudicados la oferta económica no era la mejor, que ya anticipó los primeros problemas para el 'Proyecto Haz'. Un programa formativo puesto en marcha por el anterior presidente, José Manuel Pérez Tornero, en colaboración con el anterior ministro de Cultura, Miquel Iceta (PSOE). Tornero veía potencial en este proyecto e incluso exploró la posibilidad de ampliarlo en el futuro a América Latina y Oriente Medio, con cuyos responsables culturales y educativos mantuvo en su día conversaciones positivas al respecto. El cambio en la presidencia de RTVE y la llegada de Elena Sánchez, que no cree en el programa, hace que caiga en desgracia y que los plazos dejen de cumplirse, provocando la alarma en el ministerio que ahora dirige Ernest Urtasun (Sumar).

Porque, además de la incapacidad para cumplir con el régimen de externalización, también se revelaron dificultades para lograr el número de personas formadas. Un total de 40.800 que, según la UE, debían cumplir con una serie de requisitos. «Que el título que se obtenga sea oficial y que la formación consista en al menos 15 créditos ECTS, equivalentes a 375 horas», rezaba el decreto inicial. Ahora, con la modificación hecha por el Gobierno, bastara con que una persona alcance las 150 horas o seis créditos. Una reducción de objetivos de casi el 60 por ciento: un 57,2 menos de horas y un 59,7 menos créditos. Rebaja de expectativas que dará como resultado una formación menos cualificada.

Para alcanzar esos 40.800 alumnos formados, el decreto pone a disposición varios itinerarios, que ya no deberán ser tan ambiciosos. Para los aspirantes, bastará con hacer dos cursos de 75 horas, por ejemplo. Además, para alcanzar ese número de personas formadas se amplía el plazo hasta el 30 de junio de 2026. Todo sin merma de la subvención, que seguirá siendo la misma a pesar de la flexibilización hecha para maquillar la mala gestión de los dirigentes de RTVE.