El Gobierno se enfrenta a una condena por cerrar una línea férrea entre Tarancón y Utiel

El sector ferroviario de CC.OO., histórico, pidió la nulidad de la decisión, acordada en el periodo de Raquel Sánchez al frente de Transportes. Alegaron que no se cumplió con el procedimiento administrativo común porque, antes de tomar la decisión, el Gobierno cumplió con los trámites de audiencia e información pública.

El 10 de octubre todas las partes personadas presentaron sus escritos de conclusiones y se dio por finalizado el procedimiento, que está a la espera de una sentencia que se espera pronto.

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El 26 de junio del año pasado, la Sala Tercera del Alto Tribunal, en un auto del que fue ponente la ahora presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, suspendió la decisión del Consejo de Ministros de invalidar el tramo de la línea 03-310 como medida cautelar, impidiendo así que se desmantelen las vías. Lo habían solicitado los ayuntamientos de Aranjuez, Arguisuelas, Camporrobles, Cañada del Hoyo, Carboneras, Castillejo del Romeral, Huete, Santa Cruz de la Zarza, Vellisca, Víllora y Yemeda.

Entendió la Sala que «lleva razón la parte recurrente cuando sostiene que la ejecución del acuerdo del Consejo de Ministros impugnado conlleva un perjuicio de difícil reparación para sus intereses. Pues, ciertamente, de llevarse a cabo su efectividad, podría implicar el desmantelamiento de la infraestructura ferroviaria controvertida que transcurre por los términos municipales de los ayuntamientos recurrentes, dificultando en el futuro que puedan retomarse las operaciones ferroviarias».

Gracias a dicha decisión cautelar -que los recurrentes ven como el avance de una posible sentencia a su favor- la vía férrea sigue en su sitio, aunque el servicio de trenes está suspendido. Fuentes de CC.OO. ferroviario trasladaron a ABC que estiman en cerca de 300 millones el coste que supondría la reposición de la línea y sus frecuencias, una inversión que no ven imposible por parte del Estado. Critican que los sucesivos ministeros de Fomento y Transportes hayan apostado por la alta velocidad en detrimento del servicio de media distancia que da cobertura a poblaciones pequeñas. Un error, consideran, en comparación con otros países europeos donde ambos modelos convergen.

Para justificar su interés legítimo en la causa y en la impugación de la clausura de la línea, CCOO justificó que «de llevarse a cabo el cierre de la línea ferroviaria, sus trabajadores y trabajadoras serán trasladados o jubilados anticipadamente o despedidos», así como que «esas mismas personas, residentes en localidades afectadas por el cierre, han perdido también su posible movilidad en el medio afectado, no sólo en su rol de persona trabajadora, sino ciudadana». También que el sindicato tiene representación en el consejo de las empresas públicas Renfe y Adif.

El Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, se aferra al artículo 11 de la Ley del Sector Ferroviario, que contempla la clausura de líneas o tramos «cuando la explotación carezca de rentabilidad desde el punto de vista económico y social». Sin embargo, los recurrentes replican que «la ausencia de una motivación explícita en el acuerdo del Consejo de Ministros» de la concurrencia de ese supuesto económico «determinaría por sí sola la nulidad de la resolución impugnada».

La línea de tren, que en parte coincide con otra que pasa por Alcázar de San Juan (Ciudad Real) daba cobertura a pequeñas poblaciones que no están incluidas en la segunda y, según los recurrentes, su eliminación obliga a los ciudadanos a usar el coche, mucho más contaminante, puesto que el servicio de autobuses previsto en el Plan X Cuenca para supuestamente compensar la pérdida de trenes no es suficiente.