Unidas Podemos arranca al PSOE el compromiso de retocar la Ley de Secretos antes de aprobarla

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley de Información Clasificada, más conocido como ley de secretos oficiales, a pesar de que Unidas Podemos no está «para nada de acuerdo» con el borrador. Tampoco sus socios parlamentarios: «Decepcionante». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a un acuerdo con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para negociar la norma cuando vuelva por segunda vez al Consejo de Ministros y antes de su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados. Díaz y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, líder de Podemos, rechazan el plazo de hasta de 50 años para guardar secretos de Estado considerados sensibles. E, incluso, que se pueda llegar a ampliar diez años más si el Gobierno lo decide. «Queremos rebajar los años, no compartimos para nada esa propuesta», explicaban ayer a ABC fuentes gubernamentales de Unidas Podemos. Por su parte, el PSOE insistía en que es una norma «garantista», pero se comprometen a negociarla con Unidas Podemos.

Para contrarrestar el ruido y el conflicto en la coalición, a mitad de tarde, fuentes de Moncloa explicaron que Sánchez y Díaz tuvieron una «reunión muy positiva y fructífera» que sirvió para «fortalecer la coalición». Los dos se emplazaron a seguir trabajando «mano a mano» empezando por los Presupuestos Generales de 2023. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, enmarcó ese encuentro en la «normalidad» de la coalición. Díaz evitó ayer entrar en el cuerpo a cuerpo con el PSOE. Fue su equipo quien se encargó de trasladar el malestar. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, criticó en Twitter que la decisión del plazo de 50 años para guardar secretos sea unilateral del PSOE.

A Unidas Podemos se sumaron las críticas de otros aliados de los socialistas, PNV, Bildu y Más País. «Decepcionante», valoran desde el grupo nacionalista vasco. Los herederos de la ilegalizada Batasuna acusan al presidente de incumplir su palabra: «El Gobierno debe rectificar esta propuesta». Por su parte, Íñigo Errejón dijo que el Gobierno «trata a los españoles como menores de edad» por falta de transparencia.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, defendió que se trata de «plazos razonables, revisables en cualquier momento por la autoridad competente y homologables a las democracias más avanzadas del entorno de España». Puso énfasis en que es una norma «garantista». Bolaños esgrimió que, por ejemplo, Dinamarca, Italia o Reino Unido «no tienen ningún plazo para desclasificar» archivos. Pero también garantizó que atenderán a las propuestas y modificaciones que los socios del PSOE planteen en las próximas semanas y en su tramitación parlamentaria. «Garantizamos la seguridad y defensa nacional y lo hacemos con el derecho a la transparencia que los ciudadanos tienen», defendió.

Unidas Podemos y el resto de socios confían en que el texto llegue al Congreso lo más consensuado posible con los grupos. Pero Sánchez, eso sí, no se libra de las críticas. Durante el debate sobre el estado de la nación, se comprometió con el PNV a llevar la ley al Consejo de Ministros antes de que terminara julio. El texto sustituirá a la actual ley de secretos oficiales de 1968 aprobada durante la dictadura de Franco. Esta es una de las mayores reivindicaciones del grupo vasco; sin embargo, está claro que no están satisfechos con el borrador que llega al Consejo de Ministros.

Fuentes del PNV lamentaron que «de acuerdo con lo trascendido hasta el momento, los criterios y plazos que se establecen para la desclasificación de documentos parecen lejos de los planteados por el Grupo Vasco, llegando incluso a doblarlos, lo que resulta, a priori, decepcionante». La norma prevé cuatro categorías para clasificar documentos: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Y el plazo de desclasificación va de los cuatro a los 50 años dependiendo de dichas etiquetas. Y todavía se podrían ampliar diez más.