El general seguirá en prisión y el despacho de Tito Berni en el Congreso, sin registrar

En su caso, como informó este diario, el fiscal no solicitó prisión y la juez, que no puede acordarla de oficio, hubo de dejarle en libertad expresando su discrepancia: aprecia riesgo de destrucción de pruebas. Esta situación, no obstante, puede variar. Vox ha pedido entrar como acusación popular con intención de instar prisión preventiva.

Ahora, además, se puede producir un nuevo choque. La Unidad de Delitos Telemáticos de la Policía Nacional pidió el pasado 28 de febrero autorización a la juez, Ángeles Lorenzo-Cáceres, para practicar una entrada y registro «sin restricciones» en el despacho de Fuentes Curbelo en el Congreso de los Diputados. El objetivo, los dispositivos informáticos que manejaba y la documentación que pudiera allí guardar, en busca de más evidencias de sus relaciones con el mediador Antonio Navarro Tacoronte y los empresarios investigados en la trama.

La juez dio traslado al fiscal, cuyo informe se opone a la medida en los términos que quiere la Policía. Considera que el primer paso debe ser enviar «atento oficio» a la Secretaria General del Congreso de los Diputados «a los efectos de que autoricen a la comisión policial el acceso a la dependencias de la Cámara con las previsiones y prevenciones que consideren oportunas» para «la entrega e intervención de los terminales informáticos o aparatos de almacenamiento de datos e información, documentos o cualesquiera otros efectos que pertenezcan al investigado», conocido como Tito Berni.

Entre tanto, Espinosa sigue en prisión «teniendo en cuenta la naturaleza del presunto delito cometido, la pena que pudiera corresponderle, las circunstancias del hecho y antecedentes del imputado, y para garantizar la eficacia de la investigación procesal y la disponibilidad del imputado a los llamamientos judiciales», como dice la juez.

Se trata, dice el auto, de una situación «instrumental» mientras se resuelven las diligencias encargadas sobre su patrimonio. El juzgado ha librado una Orden Europea de Investigación a Bélgica para conocer los movimientos de una cuenta bancaria que tiene allí y ha recabado colaboración de varios países africanos para averiguar si cuenta con bienes no declarados. En paralelo, tiene bajo la lupa una batería de expedientes de contratación del ente público para el que trabajaba, la Fiiap, al mando del proyecto GAR-SI Sahel.

Cuando declaró ante la instructora, tras su detención el 14 de febrero, explicó que las comidas con empresarios en las que le sitúa la investigación las organizaba el mediador «para introducir a gente en la telaraña que estaba tejiendo». Llegó a tener, conforme señaló, «sensación de que era el cebo que ofrecía Tacoronte a empresarios para ofrecer credibilidad».

Conforme detalló a preguntas de la juez, el fiscal y su abogado, Antonio Tapia, explicó que a Navarro lo conoció por casualidad en Valencia cuando estaba cenando con dos amigos. Uno de ellos, el empresario especializado en drones José Suárez Estevez, también imputado en el caso. Cambiaron teléfonos y al tiempo le contactó diciéndole que «su socio, Antonio Bautista» le iba a llevar «una caja de puros» y él envió a su chófer al aeropuerto a recogerlos.

Tacoronte le dijo que iba dos o tres veces al mes a Madrid porque «era un trabajador del diputado», señaló. Se trataba de Fuentes Curbelo, con el que no se cruza Espinosa en la investigación; no se conocen. La tesis de la juez es que se trataba de una organización bicéfala cuyo nexo común era el mediador, que guiaba los pagos de los empresarios en función de sus intereses hacia uno u otro, sin mezclarles.

Espinosa lo que explicó es que «quedaron en Madrid para tomar un café» con Bautista porque «querían fundar una empresa en Canarias y querían que él fuera el relaciones cuando se jubilara», con «un sueldo de 5.000 euros» al mes y una tarjeta para sus gastos. Él se jubiló a finales de 2020, si bien permaneció en el puesto mientras se producía el relevo hasta mayo de 2021, de acuerdo a las pesquisas.

Según su versión, Tacoronte le dijo que le iba a dar aquella tarjeta, pero aunque alguna vez le preguntó por ella, nunca se la llegó a entregar. También creía que eran él y Bautista quienes corrían con sus gastos cuando se desplazaba a reuniones en Canarias, en ese contexto de relación profesional que tendrían a corto plazo. Luego supo que al menos Suárez Esteve había asumido una de las expediciones.

En esas reuniones, por cierto, pidió que se contratase a una conocida suya, de la que hablaban con el apelativo «chocho volador», por 3.000 euros al mes. Él mismo lo reconoció ante la juez instructora, igual que admitió que el arma de guerra que hallaron en una de sus propiedades en Sevilla, un subfusil sin licencia y con munición, era suya. Está «inutilizada», afirmó.

Más recelos suscitó su explicación sobre los 61.000 euros que le encontró la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil que practicó la entrada y registro en su domicilio, billetes acumulados en fajos y guardados en una caja, un neceser y un cajón. Alegó que parte correspondía a extracciones en metálico de sus cuentas durante los últimos años, porque había hecho dinero con su trabajo y recibido efectivo por la venta de un inmueble o la compra de un reloj a un amigo que se lo devolvió en cash.

Los investigadores, mirando las cuentas desde 2019, creen que su versión no cuadra, sobre todo a la luz de las hojas con apuntes que relacionan con una contabilidad paralela -«una A y otra B»-, dice el informe.

Él argumentó que hacía años decidió hacer «acopio de efectivo en casa» y con la pandemia, sacó del banco algo más. Negó haber cobrado nunca «comisión por el ejercicio de sus funciones» y haber «manipulado» ningún proceso para beneficiar a un adjudicatario, como los que se están investigando.