La Xunta ajustará las leyes de medio ambiente para facilitar el despliegue eólico

«Por lo tanto, esperamos que este año 2025 sea el de total claridad para dar seguridad jurídica» tanto desde la comunidad autónoma como desde el Gobierno central, «que se ve involucrado a raíz de que el TSXG dice que hay una mala trasposición de la directiva medioambiental hecha hace ya unos cuantos años», afirmó la conselleira.

Así se pronunció ayer ante los medios de comunicación tras reunirse en la comisión de trabajo de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). Una reforma cuyo fin es contar con mayor «agilidad» y transparencia» con el conjunto de la ciudadanía y especialmente con los empresarios, permitiéndoles consultar telemáticamente, a tiempo real, el estado de los expedientes sobre la tramitación ambiental de cada proyecto. «Es decir, si falta un informe sectorial, que sepan de que tipo de informe se trata y que después sea la dirección de calidad ambiental y sostenibilidad la que haga el control íntegro y pida la documentación al promotor» cuando no esté presente o se encuentre «incompleta», aclaró Vázquez. Una legislación que llegará al Parlamento «antes de que acabe el verano» para que el tribunal gallego pueda «clarificar» la situación este mismo año.

Un bloqueo ante el que la conselleira no ocultó su preocupación, mencionando las 2,5 millones de toneladas de emisiones que deberían de estar reduciéndose, aunque la falta de implementación de los eólicos lo impiden según afirmó Vázquez.

Otro asunto capital de la reunión entre la Consellería y la CEG fue la gestión del litoral, ya que el Ejecutivo gallego desarrolla ya la Ley de Ordenación del Litoral después de llegar a un acuerdo con el Gobierno central el pasado 17 de diciembre para comenzar el traspaso. Todo ello después de que el Tribunal Constitucional validase este cambio de competencias después de que el Ejecutivo central presentase un recurso de inconstitucionalidad.

Sobre la mesa, el desarrollo de 1,7 millones de hectáreas en los que la Xunta tendrá que dirimir su uso. Pero para que sea efectivo es necesario que el Gobierno de España traslade el presupuesto necesario «lo antes posible», apuntó la conselleira, así como el personal correspondiente. Asimismo, la Consellería de Medio Ambiente trabaja de forma paralela, como trasladaron a la CEG, sobre las directrices de ordenación del litoral, para determinar que zonas de la costa son compatibles para su uso industrial y aquellas que requieren de protección. Un proceso en el que se llevarán a cabo las «consultas públicas necesarias», aseguró la conselleira.

Tras la comparecencia, Vázquez hizo un llamamiento a la «calma» ante fenómenos meteorológicos extremos como el que vivió este martes buena parte de la Comunidad, asegurando que cuentan con un sistema de alertas en coordinación con Meteogalicia y Augas de Galicia para predecir el impacto de estos fenómenos «con 24 horas de antelación». «El caso de Galicia es muy distinto al de otras comunidades autónomas por nuestra orografía», lo cual no impide que se produzcan episodios de calor o trombas de agua. En esta línea, Vázquez afirmó que trabajan desde distintos ámbito en las zonas con riesgo de inundación, para lo que requieren de la colaboración de los concellos, «que tienen que desarrollar un plan para que [desde la Xunta] podamos actuar»

A renglón seguido, mencionó líneas de actuación como la limpieza del alcantarillado, «sin esperar a que llueva mucho» para evitar que se atasquen y en aquellos lugares de mayor riesgo, contar con una comunicación fluida con los vecinos para que «jamás se produzcan daños personales que puedan ser irreversibles», añadió la conselleira.

Al ser preguntada sobre la tramitación del proyecto para la fábrica de fibras textiles de Altri en Palas de Rei, Vázquez señaló que los informes de impacto ambiental estarán finalizados durante el primer trimestre del año, aunque admitió que los plazos no dependen de lo que «le gustaría», sino «de la legislación vigente» y de las «exigencias» a las que se someten este tipo de proyectos.

Respondió también a las acusaciones de partidos de la oposición contra la propuesta de la empresa portuguesa, señalando con ironía que deben de ser «muy listos» para conocer los expedientes antes de su finalización. «No podemos calificar ni a las personas ni a los proyectos por lo que nos gustaría, sino que tenemos que calificarlas por si cumplen la ley y si son beneficiosas para el territorio», aseveró.