Villa de Pitanxo: Las víctimas olvidadas del Gobierno

Lejos queda la fotografía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hizo con los tres supervivientes del naufragio nada más tocar suelo español. Fue apenas una semana después del hundimiento, en el aeropuerto de Santiago de Compostela, en mitad de una densa niebla. Antes de estrecharle la mano a los hombres que volvieron con vida de la marea en Terranova, el presidente también se reunió con las familias de algunas de las víctimas, cuyos cuerpos viajaban en el mismo avión de regreso a Galicia. Ya en ese momento los afectados le pidieron que priorizase las labores de búsqueda de los desaparecidos. Había, todavía, esperanzas de recuperar alguno de los cadáveres de los doce desaparecidos. El paso de los días y la suspensión de los rastreos a causa del mal tiempo se encargaron de apagar poco a poco las esperanzas de las familias, aunque la súplica por regresar al punto del accidente siempre ha estado presente.

Casi al mismo tiempo que en distintos puntos del mundo —Huelva, Bueu o Perú— se celebraban los funerales por los nueve tripulantes localizados, arrancó la investigación para descubrir qué provocó el naufragio. A los agentes que tomaron declaración a los tres supervivientes —el patrón, su sobrino y el marino ghanés Samuel Kwesi— no les cuadraron sus explicaciones, que en un primer momento eran coincidentes pero que nada más volver a casa saltaron por los aires. En primer lugar, porque Juan Padín, el capitán, cambió de versión hasta lograr un relato exculpatorio, que se resume en que el motor se paró de forma repentina y el barco se hundió. En segundo término, porque Kwesi se rompió al llegar a España y confesó que había recibido presiones para plegarse a la versión de Padín y de su sobrino, pese a que lo cierto, sostiene él, es que el barco se fue a pique porque el patrón se negó a soltar las capturas cuando el motor de una maquinilla se averió. Los marineros del barco que rescató al Pitanxo suscribieron sin fisuras las palabras del ghanés y todas las miradas regresaron al pesquero gallego, testigo anegado de una tragedia sin precedentes en la historia reciente de este país.

Desde entonces, la lucha de las familias por conocer la verdad de lo sucedido aquella noche, a 450 kilómetros de tierra, ha sido incansable. Las reuniones, manifestaciones, viajes, entrevistas y encuentros con todos cuantos quisieron tenderles la mano marcaron el último año y medio. Al tiempo que se dirimía el juzgado que se haría cargo de la investigación —finalmente en manos de la Audiencia Nacional— ellos ya alzaban la voz para clamar la importancia de que un robot bajase al pecio. «Los primeros cuatro o cinco meses fueron horribles porque fue una lucha constante; yo estuve al pie del cañón, yendo a las reuniones y fue tremendo, un desgaste increíble» recuerda Kevin González.

Su vivencia conecta con la de María José Do Pazo, portavoz de las familias e hija del jefe de máquinas, que desde el primer día puso como exigencia el descenso al pesquero. Y con esa petición en mano se recorrieron el mapa. Hace un año, en mayo de 2022, una empresa Noruega se ofreció a ceder, de forma gratuita, un sónar de barrido lateral y un robot para bajar al Pitanxo. El Gobierno gallego dijo que se haría cargo de todos los gastos de desplazamiento de los aparatos. Solo faltaba que el Ejecutivo central cediese un buque para instalarlos. La petición se le trasladó al presidente —«Sánchez, ponga el buque y vayamos ya, que estamos a contra reloj», le dijeron— pero no hubo respuesta. Ese mismo verano, Do Pazo insistió en que «hemos demostrado de forma contundente que es posible bajar, tenemos el apoyo de Canadá» y lanzó de nuevo el guante, sin éxito. «Hemos pedido al presidente que nos reciba y no ha tenido diez minutos estos meses para dedicarnos a las familias de 21 trabajadores que perdieron su vida. Tampoco la ministra de Trabajo», Yolanda Díaz, afearon en numerosas ocasiones ante la «falta de empatía» por parte del Ejecutivo.

En mayo una carta firmada por el delegado del Gobierno [actual ministro de Sanidad] expuso que era imposible el descenso por «inconvenientes técnicos e impedimentos legales, administrativos, de responsabilidad de los diferentes Estados». Las víctimas rechazaron estos argumentos y, en octubre, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo hizo suyas las demandas de los afectados. Desde Bruselas, Do Pazo dio el enésimo tirón de orejas al Gobierno: «Sánchez ha arrastrado los pies y ha perdido un tiempo precioso» declaró.

Con el amparo de las instituciones europeas y el impulso de la Audiencia Nacional llegó al fin el anuncio de la expedición al Pitanxo, que el Ministerio licitó de urgencia por exigencia del instructor el pasado marzo por tres millones de euros. El objetivo es grabar los restos y la maquinaria. Una prueba de peso de cara a una investigación que mantiene imputado al capitán de la nave por 21 delitos de homicidio. «Y ahora que parecía que todo iba encarrilado» asegura Kevin, «otro mazazo». Tras una semana frenética, la Ciaim (Comisión de investigación de accidentes marítimos, dependiente del Ministerio de Transportes) activó la misión a espaldas del juzgado.

La decisión causó un profundo malestar en la Audiencia y también en las familias, que después de reiteradas peticiones ni siquiera cuentan con un interlocutor con el Gobierno de Madrid que los informe del estado de su caso. Su miedo, recalcan, es que la prueba no sea válida porque el ministerio la ha organizado sin contar con el instructor, pese a sus explícitas advertencias. El aviso al juzgado llegó el día antes, a las 21.27 horas, y nadie esperó a la respuesta del magistrado Ismael Moreno, revelan. «El disgusto ha sido casi igual al del día que se produjo el naufragio y encima llamamos a la Delegación del Gobierno y nos colgaron el teléfono», censuran las familias, con la misión ya camino de Canadá. Temen que la falta de diligencia del ministerio lo eche todo a perder y que el caso nunca se esclarezca.