Las familias del Pitanxo piden que regrese la misión judicial

«El ministerio –indicó la portavoz de las familias a ABC– organizó esta salida a espaldas del juzgado que lleva la investigación». «Nosotros, más que nadie, queremos que salga ese barco, pero tiene que ser cumpliendo todas las garantías para que luego nadie ponga en cuestión la validez de esta prueba», incidió María José Do Pazo, arropada por otros afectados, ayer ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. «El ministerio ha sido cómplice de que salga un barco sin autorización judicial», acusó la portavoz de las familias del pesquero gallego al Gobierno central.

Su mensaje conecta con el malestar que, según diversas fuentes reconocieron a este diario, generó la salida de la misión en la Audiencia Nacional. Nadie oculta ya la incredulidad y el desconcierto del instructor y el fiscal ante la falta de colaboración del Ministerio de Transportes, que el propio miércoles, día en que zarpó el barco, hizo llegar al Juzgado Central un sobre con el nombre de la empresa adjudicataria y un enlace al contrato que firmaron con ella 'in extremis' por valor de 3 millones de euros para la expedición.

«Tiene que haber algo detrás que no sabemos, algún motivo oculto para actuar de esta manera. ¿Por qué se estropea así todo el trabajo?», se preguntó ayer Do Pazo tras la negativa del delegado del Gobierno en Galicia a recibirlos. «¿Por qué se tiran 3 millones de euros de todos los contribuyentes? Que es dinero de todos, que no lo pone Pedro Sánchez, es dinero de todos los que pagamos los impuestos», agregó. La tensión originada por la actuación del ministerio también salpicó la visita de la titular del ramo, Raquel Sánchez, a tierras gallegas. Desde Ferrol, e interpelada por la polémica, la máxima responsable ministerial se limitó a echar balones fuera asegurando que la encargada de la expedición a Terranova es la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos (Ciaim), que describió como «independiente funcionalmente del ministerio». Sánchez ratificó, en la misma línea, que su departamento «cumplimentó todos los requerimientos y peticiones de información que se hicieron por parte de la Audiencia» y circunscribió su competencia en este asunto a «la contratación del robot que tiene que ir a realizar los trabajos que le han encomendado».

El argumento no convenció a las víctimas, que recuerdan que la Ciaim depende directamente de Transportes, por lo que solicitaron una reunión de urgencia con la ministra. También están pendientes, recordaron, de los encuentros sin respuesta que en su día pidieron con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Año y medio después, les afean, siguen sin atender a las familias de los muertos en el peor naufragio del último siglo en España.

La misión a Terranova zarpó esta semana de forma apresurada –algunas fuentes aseguran que incluso adelantó cinco horas la salida prevista para evitar un requerimiento judicial– con un solo perito a bordo de los dos de cuya existencia tiene noticia la Audiencia Nacional. Según trasladó la Ciaim al Juzgado la noche antes de la partida, con tampoco tiempo no habían podido localizar al otro. En cualquier caso, ninguno de los dos ha sido formalmente designado por el juez. Dependen de la comisión. Por descontado, tampoco viaja un perito de parte nombrado por las familias, como es su derecho. Desde un punto de vista procesal, podría calificarse la situación de «atropello», según las fuentes jurídicas consultadas estos días.

El objetivo de este descenso, a 1.000 metros de profundidad, es grabar el estado del buque hundido para concluir cuáles fueron las causas del accidente y determinar indicios de responsabilidad penal del patrón, investigado por 21 delitos de homicidio imprudente. A espera de que el juez Moreno estime, o no, su petición sobre el regreso de la expedición, las familias se abrieron ayer en canal después de 15 meses de lucha: «Fue un día triste, negro, demoledor, no solo para las familias, sino para estos 21 que no tienen voz. La gente nos felicita y nosotros estamos deshechos. Que no nos den más la enhorabuena, que estamos casi peor que cuando nos dieron la noticia del naufragio» confesaron al término de una semana de sobresaltos y angustia.

En el plano político, las primeras reacciones a la gestión que el Ministerio de Transportes está haciendo de una prueba judicial que, como tal, debería tutelar la Audiencia Nacional, no tardaron en llegar. Los diputados gallegos en el Congreso Jaime de Olano y Joaquín García Díez registraron ayer una decena de preguntas parlamentarias y la petición de comparecencia de la ministra de Transportes, ante lo que denominaron «una nueva provocación a los familiares de las víctimas». En su escrito subrayaron que resulta «sorprendente» que el Gobierno no haya atendido los requerimientos de la Audiencia Nacional, «que de manera reiterada le solicitó todo el expediente relacionado con la contratación de un dispositivo para tratar de localizar el pecio del Villa de Pitanxo».

Un día antes, y también acompasado con el pensar de los afectados, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, exigió desde la tribuna de esta Cámara que el Gobierno rectifique en su actitud de «desoír ocho requerimientos de la Audiencia Nacional» y «ordenar» la partida del 'Ártabro'. El nacionalista también acusó al ministerio de poner en «riesgo» la validez de las pruebas obtenidas en la inspección. «Un procedimiento fundamental para esclarecer las causas y hacer justicia», añadió.