Rueda acude a la Conferencia de Presidentes con «escepticismo» pero «deseando» llegar a acuerdos

Galicia lleva mucho tiempo esperando esta cita, como aseguran desde el Ejecutivo, ya que en estos casi tres años sin celebrarse, en España han surgido nuevos retos que, aseveran, se deben afrontar desde la unidad. De hecho, pese a estipular el reglamento que «la Conferencia de Presidentes se reunirá al menos dos veces al año», la última se celebró en marzo de 2022, en La Palma, a la que acudió Alberto Núñez Feijóo todavía como presidente de la Xunta. Será, por lo tanto, la primera Conferencia de Presidentes a la que acuda Rueda, que ya se reunió en dos ocasiones con Pedro Sánchez.

Este retraso propició que las comunidades del PP solicitasen en varias ocasiones su convocatoria –la primera en noviembre de 2023–. La última vez fue en julio, cuando nueve autonomías –entre ellas, Galicia– llevaron la petición al Tribunal Constitucional, al considerar que Sánchez estaba «bloqueando» el funcionamiento de este instrumento de cooperación interterritorial. Ese mismo mes se anunció que se celebraría en Cantabria, pero la fecha no se confirmó hasta mediados de noviembre.

La intención inicial de Pedro Sánchez era que el orden del día incluyese solo debatir sobre la vivienda pero, finalmente, cedió ante la «presión» de los populares, que recordaron que el reglamento «establece la obligación de tratar los asuntos que soliciten al menos diez comunidades o ciudades autónomas«. De este modo, pese a que el socialista había avanzado que veía »difícil« llegar a acuerdos en lo que a la financiación se refiere, esta será una de las cuestiones abordadas en la cita de este viernes, junto con la sanidad y la inmigración.

Todas ellas cuestiones prioritarias para la Xunta, como destacó Rueda este lunes ante preguntas de los medios, asegurando, asimismo, estar «deseando» oír acuerdos beneficiosos para Galicia en colaboración con el Gobierno. Pero la experiencia, aseguran desde el Ejecutivo, les obliga a ser «escépticos». Y no solo porque cada presidente tendrá diez minutos por intervención y otros cinco de réplica, o porque el reglamento estipule que los acuerdos se adoptarán por consenso de todos los miembros presentes. Ni tampoco por lo poco fructíferas que fueron las dos últimas reuniones entre ambos mandatarios, en la que hubo «muy buenas palabras» pero «resultados, ninguno», como recordó Rueda. «La clave va a ser si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está pensando solo en una comunidad o si está pensando en todas. Si está pensando en todas, será posible llegar a acuerdos; si solo está pensando en una, la que le interesa, la que lo tiene hipotecado en muchísimas cosas [...] será muy difícil que Galicia salga satisfecha», dijo en clara referencia a Cataluña.

Precisamente, una de las cuestiones que reclamará este viernes el presidente gallego en Santander, como ha hecho hasta la fecha, será que la financiación autonómica se debata entre todas las comunidades, porque «las deudas del Gobierno con el independentismo» no las pueden pagar «todos los españoles», como indican a ABC fuentes de la Xunta. Para Rueda, sería «suficiente» un «compromiso explícito» de Sánchez diciendo que esta cuestión se abordará de forma multilateral y que «en ningún caso» habrá cupos ni acuerdos bilaterales.

Por su parte, en materia de inmigración, la Xunta reclamará un «criterio claro» que implique a todas las autonomías, considerando «inhumano» que esta cuestión sea «moneda de cambio» con los socios del Gobierno. «Queremos y acogemos con brazos abiertos a los migrantes, pero queremos una migración ordenada», había dicho Rueda al respecto, que reiteró su rechazo a lo que considera una «política caótica».

En lo que a la vivienda se refiere, insistirá en la necesidad de dar un giro de 180 grados en su gestión, especialmente de las políticas recogidas en la Ley de vivienda, que, aseguran desde el Ejecutivo, no funcionan y, de hecho, han propiciado una caída en la oferta de pisos en las zonas en las que se han implantado. Finalmente, en materia de sanidad, Galicia insistirá en la necesidad de aclarar el futuro de los mutualistas de Muface, que en la Comunidad superan las 58.000 personas y cuyo traspaso al Servicio Galego de Saúde podría suponer un coste adicional de 170 millones al año.