El Estado lleva gastados más de 150.000 euros en cuatro meses para mantener el Pazo de Meirás

Según una respuesta por escrito a las diputadas gallegas en el Congreso Tristana Moraleja, María Valentina Martínez y Marta González (PP), el Gobierno reconoce que desde el pasado 10 de diciembre —fecha en que tomó posesión del pazo en ejecución provisional de la sentencia de primera instancia que le otorga la propiedad— ha adjudicado hasta el pasado 24 de marzo cinco contratos de servicios.

Dos de ellos se corresponden con los «trabajos de puesta a punto inicial de los jardines y zonas verdes del Pazo de Meirás» (17.103,35€), y una continuación del mismo en forma de contrato de «mantenimiento» de estas mismas zonas por espacio de tres meses (17.242€). Además, se identifica un «servicio de vigilancia de seguridad del inmueble y entorno» con una «duración estimada de cuatro meses» que asciende a 115.000 euros. Estos tres contratos se han imputado a la partida de suministros de la Dirección General de Patrimonio del Estado del actual texto presupuestario.

Además, ya con menor cuantía, el Ejecutivo informa de 4.440,70€ gastados en «varias reparaciones e informe de la instalación eléctrica» y 1.943,26€ en concepto de «limpieza» por dos meses, a razón de 971,63 euros al mes. Estas dos facturas se asumen con cargo a la Dirección y Servicios Generales de Hacienda del Ministerio que dirige María Jesús Montero. Todas las facturas incluyen su correspondiente IVA.

En su respuesta a las diputadas populares, el Gobierno avanza que «además de seguir realizando la limpieza del inmueble con el coste indicado, está prevista la contratación, ya a largo plazo, de servicios de mantenimiento de jardines y zonas verdes del Pazo», con un importe estimado «para 2021 de 40.000 euros», a lo que se añade «un servicio de vigilancia y seguridad del entorno del inmueble, con un importe aproximado estimado de 180.000€ para 2021». Es decir, solo la limpieza y la vigilancia de Meirás supondrá para las arcas públicas un desembolso anual de más de 220.000 euros . Para estos mismos fines, los Franco contaban con una familia de guardeses cuyo coste era inferior a una cuarta parte de lo que el Estado prevé desembolsar, y cuya continuidad rechazó expresamente, a pesar de las negociaciones entre la familia y la Abogacía.

Esto sin contabilizar los suministros de luz y agua de la finca —no detallados en esta respuesta— y que estarán evidentemente condicionados con los usos futuros que finalmente se determinen para el pazo.

Este gasto reconocido por el Estado se suma a los 400.000 euros en obras de urgencia comprometidos el pasado 16 de marzo por el Consejo de Ministros, y al que los Franco respondieron con un requerimiento en el juzgado para que se les dé traslado de los informes técnicos que justifican esta inversión pública , toda vez que podrían tener que reembolsarla si recuperan el Pazo en el TS.