La Fiscalía Europea imputa a dos guardias civiles más por la fundación del caso Tito Berni

Según ha podido saber ABC, la decisión de la Fiscalía Europea llega después de que ambos agentes declarasen en la causa como testigos y de que el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil, tras reconstruir los expedientes presuntamente manipulados, solicitara su imputación.

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Son cuatro los contratos de Fiiapp que han estado bajo sospecha desde que estallara el caso Mediador. Tres fueron concedidos en el marco del proyecto GAR-SI y el cuarto, dentro del proyecto CT Public Spaces, otra iniciativa impulsada para prevenir los ataques terroristas en Senegal, Ghana y Kenia. Todos fueron adjudicados por 263.000 euros en total, entre 2020 y 2021, a un empresario de la trama, José Suárez Esteve, alias 'el Drones', también investigado en la ramificación del caso que sigue el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife por presuntamente pagar 46.000 euros a cambio de influencias para expandir su negocio a las islas.

El análisis de los correos electrónicos en la 'pata' europea habría aflorado algunos que revelan la existencia de presuntas irregularidades. En el caso del capitán del proyecto del GAR-SI, habría filtrado información y fijado características en los pliegos que sólo poseían los drones proporcionados por la empresa de Suárez Esteve con el objetivo de que la adjudicación estuviera justificada. Es decir, habría existido una supuesta manipulación en la fase previa de la licitación, apuntan las fuentes consultadas.

Mientras que, en lo que respecta al cabo de la guardia civil integrado en CT Public Spaces, también se habrían hallado evidencias de que amañó los pliegos del contrato. Según ha podido comprobar este diario, el agente, que responde a las iniciales R.S., figura como vocal técnico de la mesa de contratación del expediente por el que el Drones acabó percibiendo 174.300 euros por siete sistemas de detección e inhibicación de UAVS portátiles. Según el decreto al que también tuvo acceso este diario, los fiscales europeos Antonio Zárate y Olga Muñoz le han citado el próximo 9 de diciembre.

Este agente no dependía del general Espinosa y se cree que su relación con el Drones debía existir de antes. Hasta ahora, no consta que ninguno de los dos guardias civiles ahora imputados recibieran algo a cambio.

Tal y como reveló este diario, la Fiscalía Europea investiga en esta causa al general de División retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, que lideraba el proyecto GAR-SI Sahel, el empresario de drones José Suárez Esteve y a su antiguo consuegro, Alfredo E., un corredor de seguros de Valencia, señalado en un informe policial como «Fredi el de los seguros».

Habría sido él quien convenció al Drones, un empreserio dedicado al sector textil, a explorar el negocio de los drones con la promesa de que se podía ganar mucho dinero. También quien le introdujo en la Guardia Civil a golpe de contactos ya a partir de 2018.

Cuando el Drones resultó adjudicatario de uno de los contratos de Fiiapp fueron a celebrarlo a una marisquería en Valencia. Allí, el destino les cruzó con Antonio Navarro Tacoronte, el mediador que dio nombre al caso, y que habría convencido también al empresario de hacer negocio en Canarias, presuntamente a golpe de talón.

Además, la Fiscalía Europea ha archivado una pieza separada del caso Mediador, abierta a raíz de una denuncia anónima a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que también implicaba en amaño de contratos al general Franciso Espinosa, el único de los investigados del caso Mediador que estuvo en prisión provisional. En este caso, se trataba de la adquisición de una serie de vehículos para el proyecto.

Durante cinco días, su delegación se dedicó a volcar el contenido de sus ordenadores y recopilar documentación de la Fiiapp, de la que dieron traslado también al organismo europeo. Ésta, a su vez, encomendó a la Guardia Civil hacer un análisis de las comunicaciones para determinar si las acusaciones eran ciertas.

Según las fuentes consultadas se detectaron adjudicaciones a las personas denunciadas pero no se pudo comprobar manipulación alguna por parte del general, que incluso había alertado de deficiencias en las adjudicatarias.