Feijóo exigirá a Sánchez que controle a Sumar para retocar el artículo 49

El tono fue ayer tan crispado entre ambos en la sesión parlamentaria como ya es habitual. En año y medio enfrentados ha empeorado notablemente la percepción que tienen el uno del otro. Solo hay un punto que en estos momentos es susceptible de desbloquearse: la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuídos' y sustituirlo por 'personas con discapacidad'.

Ya en enero las dos partes se reunieron públicamente y acordaron que había que hacer una reforma de la Constitución limitada a ese artículo. Unas semanas después se acordó un borrador casi definitivo que serviría para acometer dicho retoque. El PP asegura que en su momento fue el Gobierno quien prefirió enfriar el tema hace unos meses al no tener garantías de lo que fuesen a hacer sus socios. Porque el problema no es la reforma concreta, aunque en la primera parte del mandato de Sánchez tampoco hubo acuerdo al respecto, sino que en un proceso de reforma constitucional pueda abrirse la posibilidad de un referéndum.

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Si hay pacto PP-PSOE, se alcanzará sin problemas la mayoría de tres quintos para aprobar esa reforma puntual, que en su contenido concreto puede aspirar a la unanimidad. Pero la Constitución establece en su artículo 167.3 que «aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras«. Es decir, 35 diputados.

En el PP temen que ese proceso pueda ser utilizado por los socios de Sánchez para lanzar una campaña que convierta de facto esa votación en una consulta sobre la Constitución. Una bala que los independentistas podrían activar para hacer esa lectura en sus territorios. Participación, votos nulos... Hay muchas posibilidades de desbordar una votación así con otras pretensiones. La Historia está llena de ejemplos de acontecimientos que se precipitan tras votaciones que desbordan el hecho original del llamamiento a las urnas.

Actualmente son 32 los diputados que apoyan a Sánchez sin formar parte del Gobierno, incluyendo a Podemos, y que serían 33 si se añade Coalición Canaria (CC). Por tanto, todo depende de lo que decidieran hacer los 26 de Sumar. Y eso es lo que va a demandar Feijóo a Sánchez: «garantías» de que sus socios en el Ejecutivo no activarán un referéndum. El PP entiende que, estando Sumar dentro de la coalición de Gobierno, sí puede hacerse a Sánchez responsable de su posición al respecto.

Los acontecimientos se aceleraron en pocas horas después de muchos días con el asunto enquistado. En su edición de ayer, ABC informaba de que, si por parte de La Moncloa persistían en no enviarles un orden del día, el PP tomaría la iniciativa y plantearía una relación de asuntos a tratar sobre los que articular esa reunión. Así sucedió. A primera hora de la mañana, menos de media hora antes de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del balance de la presidencia española del Consejo de la UE, el PP hacía pública una carta que acababa de remitirse a La Moncloa y en la que Feijóo le afeaba a Sánchez que siguiesen sin remitirle por escrito los temas a tratar.

Por mucho que estos temas hayan sido expresados en medios de comunicación por el propio presidente, el PP quiere enmarcar cualquier contacto con Sánchez en un plano estrictamente institucional y muy perimetrado. En esa misiva, Feijóo acepta que la reunión se desarrolle este mismo viernes dejando a elección del presidente la hora y el lugar, siempre y cuando este «sea en territorio nacional».

Y es ahí donde la estrategia del PP surtió efecto más allá de lo esperado. Sánchez se subió a la tribuna y dijo celebrar la «rectificación» de Feijóo, aunque el PP siempre ha dicho que acudiría a la reunión. Los socialistas aprovechaban las resistencias de Génova por el orden del día para generar ese relato. A continuación Sánchez le reclamó a Feijóo «diálogo cuando quiera, sobre lo que quiera, como quiera y donde quiera«. Ahí el líder del PP vio una rendija y le planteó el cómo: »Sin mediador. ¿Le parece a usted bien reunirse conmigo sin mediador?« También sobre el dónde: en el Congreso de los Diputados. Y el cuándo: mañana viernes. »Con un orden del día. Sin imposiciones y sin soberbia«, añadió.

Como prueba la misiva enviada unas horas antes, el PP no hacía caballo de batalla de que la reunión fuese en La Moncloa. Sabedores de que es lo habitual, salvo en procesos de investidura con el Gobierno en funciones, que la reunión sea en La Moncloa si la convoca el presidente del Gobierno. Pero, al tener en su mano la posibilidad de elegir, en Génova vieron claro que debía ser en el Congreso. El emplazamiento equilibra el terreno de juego. Ya no hay un anfitrión y un invitado. Y la escenografía es más favorable.

Posteriormente en las filas socialistas había incomodidad con la jugada del PP. Y por momentos se valoró reclamar que la reunión fuese en La Moncloa. El Gobierno optó por evitarlo, consciente de que minutos antes Sánchez había dicho a Feijóo que se reuniría dónde él quisiera. En su réplica, aunque molesto por este hecho, el presidente confirmó la cita: «Nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados. Para usted la perra gorda«, le espetó a Feijóo. Eso sí, antes le afeó que no hay precedentes de que una reunión así no se celebre en La Moncloa y le dijo que no desistirá para que en el futuro acuda a la sede de la presidencia del Gobierno.

En el orden del día planteado por Feijóo destacan «la ley de amnistía, el deterioro constitucional, la despolitización de los medios de comunicación públicos, medidas para garantizar la independencia judicial o el posicionamiento acerca de la prevaricación judicial que denuncian PSOE, Junts y ERC, y defensa del Poder Judicial frente al acoso por parte de los socios del Gobierno«. El presidente del PP también quiere conocer los detalles sobre las negociaciones mantenidas en Ginebra entre el Gobierno y Junts y ERC, así como las subidas de impuestos pactadas con Sumar y los planes de ayuda a los ciudadanos para afrontar los efectos de inflación.

Además del artículo 49 de la Constitución, el Gobierno informó que quería tratar en las reuniones la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma del sistema de financiación autonómica. Pero sobre estas cuestiones es muy difícil que haya avances. El PP rechaza que la financiación autonómica pueda abordarse así, sino que debe negociarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sobre el CGPJ, la posición del PP es que accede a renovar el órgano si se renueva la ley para cambiar el modelo de elección, algo que el PSOE hasta ahora ha rechazado.