La falta de coordinación entre Moncloa y Exteriores aviva los errores diplomáticos de Sánchez

«La estructura organizativa, tanto en el Palacio de la Moncloa como en el Ministerio de Asuntos Exteriores, se ha politizado muchísimo en los últimos años. Al frente de las direcciones generales del ministerio han premiado a diplomáticos afines al PSOE en lugar de a funcionarios con carreras destacadas», cuenta a este diario un miembro de la carrera diplomática que se encuentra de misión en el exterior. Compara esta dinámica con la forma en la que había de trabajar durante los mandatos de otros presidentes y lamenta que ahora no haya comunicación «ni trabajo en equipo» entre departamentos de La Moncloa y el ministerio.

«No hay coordinación. Desde Moncloa toman decisiones de alto calado en las que meten la pata porque no cuentan con los diplomáticos avezados que hay en Exteriores. Eso es de una torpeza enorme», explica esta misma fuente. Dice que «desde Moncloa hay una actitud muy expansiva», a lo que se suma que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, «es muy personalista»: «Es muy receloso en su relación con el Presidente y el trato con Moncloa solo puede pasar por él. Así la maquinaria no funciona».

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Otro joven diplomático explica a este diario que en Exteriores hay «preocupación» por la forma en la que se está instrumentalizando desde Moncloa la política exterior. Los miembros de la carrera diplomática siempre han sido los garantes de la política exterior, «que de un tiempo a esta parte se ha instrumentalizado mucho». «No se puede perder la perspectiva. La política exterior es política de Estado, no de partido», apunta, al tiempo que añade que ese concepto es de los primeros que explican en la Escuela Diplomática. «No ayuda, además, que ahora tampoco haya comunicación ni debate entre PSOE y PP». Aprecia también que «el Gobierno toma decisiones y a los embajadores no les dan mucho margen. No cuentan con ellos para nada, cuando son precisamente los que tienen que amortiguar los golpes».

Para Ignacio Molina, investigador en el Real Instituto Elcano, «quien marca la política exterior es el presidente del Gobierno». Recuerda que Pedro Sánchez ha tenido tres ministros de Exteriores (Josep Borrell, Arancha González Laya y José Manuel Albares) durante sus dos legislaturas y que «no ha hecho grandes cambios en la línea de política exterior, pero sí en la dirección de la diplomacia española»: «Esto lógicamente tiene un reflejo a la hora de valorar cómo está siendo la política exterior de Sánchez, con sus luces y sus sombras».

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Considera que ha habido «una continuidad» en materia de política exterior, pero que hay que tener en cuenta que ahora «el socio junior del Gobierno ha cambiado». «Se puede pensar que un partido como Podemos -más antisistema y disruptor- vaya a cuestionar más las decisiones de Sánchez en este ámbito que Sumar, que parece más pragmático», apunta, al tiempo que señala que «el partido de Yolanda Díaz parece más razonable y, en teoría, resultaría más fácil llevar la política exterior con Sumar».

«Interesantemente ha resultado que Podemos no generó problemas en un ámbito que entendió que estaba reservado para el Presidente y en el que le ayuda el ministro y que en esa parcela el socio de coalición no entraba a discutir nada», cuenta. Resalta que «ha sido muy singular lo poco que Podemos ha incidido en política exterior en un período en el que España ha celebrado una cumbre de la Otan en Madrid, ha sido más atlantista que nunca y hemos entregado más armas que nunca a un país como Ucrania. Y todavía hay algo aún más relevante: el giro del Sahara. Es verdad que Podemos protestó, pero hubo absoluta libertad por parte de Sánchez a la hora de tomar la decisión».

Ante un socio aparentemente más incómodo en política exterior como fue Podemos, Sánchez «ha hecho un poco lo que ha querido», afirma Molina. Ahora, sin embargo, «es interesante ver cómo Sumar sí está siendo más vocal». Prueba de ello fue el roce que tuvo España con Italia el pasado mes de mayo, cuando Yolanda Díaz consideró que el decreto laboral de la presidenta Giorgia Meloni favorece los «contratos basura» por ampliar los contratos temporales. A esta disputa se suma un encontronazo más reciente protagonizado por Sánchez, quien la semana pasada afirmó que en el país vecino «gobierna la extrema derecha» y el ministro de Exteriores italiano le respondió diciendo que en España lo hacen «los secesionistas».

No hay que olvidar, además, que el pasado mes de septiembre Díaz abrió otro frente con Grecia. Tras aprobarse allí la reforma laboral que permite 78 horas de trabajo a la semana con dos empleadores, la líder de Sumar publicó un tuit donde afirmó que «este es el camino de la involución: menos tiempo, vidas peores, economía low cost». La vicepresidenta no calibró que en España el Estatuto de Trabajadores solo limita la duración máxima de 40 horas semanales para trabajadores en una misma empresa, pero nada les impide hacer más horas en otra; por lo que las normas laborales españolas son similares a las de Grecia. El ministro de Trabajo heleno contestó a Díaz diciéndole que «podía pedirles consejo» cuando quisiera sobre cómo reducir el paro.

A estos roces, hay que añadir el discurso dirigido desde La Moncloa y Exterioressobre la ley de amnistía en la Unión Europea. Mientras Albares y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmaban que no existía «ninguna inquietud» por parte de las instituciones y recalcaban que se trata de «un asunto interno» de España, el portavoz del comisario de Justicia Didier Reynders les desmentía: dijo que en la Comisión Europea sí hay inquietud y que dudan sobre la adecuación de la ley al derecho europeo.

Sobre Israel, Molina explica que «en lo que está haciendo el Presidente están influyendo consideraciones de política interna y de opinión pública de España. También es posible que él quiera marcar ahí una línea más de izquierda y aprovechar para que el ruido del debate sobre la ley de amnistía le pueda ayudar».

El investigador señala que Israel ha exagerado la reacción por las declaraciones de Sánchez y que la crisis diplomática la ha generado el Gobierno de Benjamin Netanyahu, pero también apunta que Sánchez «puede haber cometido un fallo de cálculo formal»: «No se puede decir que haya hecho esto para desviar la atención de la amnistía, pero es verdad que es una tentación: pones el foco en algo que es más amable para la opinión pública como es Palestina, y además alineas a la izquierda y colocas a la oposición en una posición incómoda de defender a Israel». Y aquí influye también la posición de Sumar, «que está siendo muy exigente con el Gobierno en relación con lo que hay que hacer con el conflicto actual en Gaza».

Un diplomático que se encuentra en la actualidad en Madrid coincide con Molina en que en la cuestión de Israel «han influido temas de política interna» y critica al presidente que proponga que España sea anfitrión de una nueva conferencia de paz para solucionar el conflicto mientras hace declaraciones en las que admite que tiene «francas dudas» de que Israel esté respetando las normas de la guerra enmarcadas en el Derecho Internacional Humanitario cada vez que ataca Gaza. Mientras Bélgica -compañero en su viaje a Israel- ha desescalado la tensión con el Gobierno de Netanyahu, Sánchez ha seguido reafirmándose en sus palabras.

Fuentes conocedoras de los entresijos de Moncloa apuntan a este diario que lo que se argumenta es que Estados Unidos y los países miembros de la UE están quedándose solos ante la reivindicación global del Estado de Palestina y la estrategia de Sánchez «es liderar ese giro». En el contexto actual, según Molina, «España se equivocaría mucho si reconoce a Palestina y más todavía si lo hace sola»: «Reconocerlo ahora, cuando Israel ha sido atacado y ha reaccionado de manera muy desproporcionada con todos los países que han apoyado a Palestina, sería un error». Más todavía si se tiene en cuenta la infección del teléfono móvil del Presidente con Pegasus.

«España ahora lo que tiene que hacer es desescalar la crisis diplomática con Israel», afirma el investigador. Lo que «sí podría plantear» es la posibilidad de que el Gobierno lidere una iniciativa con Portugal, Bélgica, Irlanda, Francia, Luxemburgo y Eslovenia, que son los países que simpatizan con la idea de apoyar que Palestina fuera un Estado. Se sumarían a la decisión que tomó Suecia en 2014, cuando se convirtió en el primer país europeo en apoyar a Palestina.

Dirigir el giro sobre el reconocimiento del Estado palestino supone un 'deja vu' que recuerda al volantazo sobre la posición histórica de España respecto al Sahara. Una decisión que Sánchez tomó unilateralmente en abril de 2022, sin contar con la oposición y sobre la que todavía no ha dado explicaciones. «Las formas son muy discutibles, pero es interesante ver que fue una decisión tomada desde el interés nacional y en la que no influyó lo ideológico», destaca Molina.

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Desde que Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid tras la entrada ilegal del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, la moneda de cambio para encauzar las relaciones diplomáticas con nuestro principal socio estratégico en la vecindad sur, pasaba porque España reconociera la soberanía marroquí sobre el Sahara. Al hacerlo y zanjar la crisis diplomática, se abrió otra con Argelia, que llamó a consultas a su embajador.

«Con estas dos crisis se empezó a manifestar la descoordinación que hay entre Moncloa y el Ministerio de Asuntos Exteriores», explica una persona que formó parte de la delegación que negoció la hoja de ruta marcada por Marruecos y España para recomponer las relaciones diplomáticas. Unas reuniones en las que «España pintó poco». Se manifestó entonces «una falta de capacidad» que continúa a día de hoy y que se ha trasladado a las relaciones con otros países, algo que «lamenta profundamente» porque España «se está quedando fuera de juego en el plano internacional»: «Nos han desplazado y no contamos para nada».