Un etarra, testigo protegido: «Para atentar contra políticos necesitabas permiso de la dirección, contra guardias civiles, no»

Parece una obviedad, porque los informes de la Guardia Civil, como los de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, ya vienen apuntando que en una organización jerarquizada como lo era ETA, un individuo no podía orquestar un atentado de tanta trascendencia de forma autónoma.

Pero ahora quienes lo afirman son dos miembros de la banda terrorista que estuvieron integrados en distintos comandos durante dos décadas prácticamente consecutivas y con conocimiento suficiente de las tripas de la organización como para apuntalar la sospecha de que, más allá de los pistoleros, hubo responsables de muertes como la de Miguel Ángel Blanco o la del líder del PP guipuzcoano Gregorio Ordóñez, en 1995, que siguen impunes. Porque dieron la orden o porque, pudiendo, no lo impidieron.

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S.E.

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«Teníamos que tener la autorización por parte del comité ejecutivo, a través de nuestro responsable, para la realización de determinados atentados. Necesitábamos autorización para realizar atentados contra traficantes de droga, mandos del Ejército, etcétera; salvo guardias civiles de base o policías, que eran considerados por la organización como objetivos permanentes», contó este etarra y testigo protegido identificado con el número uno.

Desarrolló su respuesta, en dependencias de la Guardia Civil, a principios de febrero: «Quiero destacar que el comité ejecutivo daba autorización y vía libre para atentar durante los actos de entierro de guardias civiles, así como contra casas cuartel».

l testigo número dos es, según las fuentes del caso consultadas por ABC, el que puede aportar más concreción porque ya era militante cuando se produjeron los asesinatos de Blanco y Ordóñez. Y lo que contó es que «era evidente que existía una jerarquía dentro de la organización», pues ya se lo dejaron claro desde el primer cursillo.

Preguntado por la posibilidad de que los terroristas atentasen por su cuenta contra políticos u objetivos de impacto, incidió en esa idea: «Ese tipo de acciones un comando no podría llevarla a cabo motu proprio, ahí necesitábamos autorización de la dirección» de ETA. Y dio nombres de quienes la integraban en esa época: María Soledad Iparraguirre (Anboto), José Javier Arizcuren (Kantauri), Mikel Albisu (Antza), Ignacio Gracia Arregui (Iñaki de Rentería) y Javier García Gaztelu (Txapote).

Conforme explicó, las órdenes llegaban desde Francia y a su comando las transmitía Anboto. Concretó que ella era una «correa de transmisión» con el resto de la dirección en Francia y les trasladaba las «órdenes para llevar a cabo acciones terroristas».

«Por ejemplo, para realizar algún secuestro sí que había que consultarlo con la dirección y recibir la autorización de los miembros de la misma. Contra guardias civiles o fuerzas de seguridad no había que consultar, ya que anteriormente la dirección dio vía libre (...) Contra políticos sí que había informaciones que nos dieron. Esas informaciones ya venían elaboradas y venían de nuestro responsable del comando, en Francia. En acciones específicas, como las cometidas contra varios camiones de empresas por no pagar el impuesto revolucionario, sí que había una autorización previa por parte de los miembros de la dirección».

De allí «emanaban», según su declaración, «las de mayor calado» o, lo que es lo mismo: «Dependiendo del objetivo se consultaba con la dirección antes de acometer la acción para obtener una autorización».

«Tras la liberación del funcionario de prisiones (José Antonio) Ortega Lara, ETA, su dirección, en la cual se encontraba Mikel Antza, tenían todo preparado para dar respuesta (...) y se materializó con el secuestro y ejecución de Miguel Ángel Blanco», añadiría al respecto el testigo número uno, de acuerdo a la información que maneja este diario.

La 'aparición' de estos dos testigos protegidos no es casual ni está directamente relacionada con su respectiva posición frente a la Justicia o el sistema penitenciario, según las fuentes cercanas al caso consultadas por ABC. Se trata de los frutos de un trabajo delicado que desarrollan los agentes de Información de la Guardia Civil, la Unidad Central Especial número 1, en concreto, en favor del esclarecimiento de crímenes de ETA aún sin resolver.

Se trabaja a golpe de fuentes, con especial atención a aquellos perfiles de terroristas que estuvieron en comandos armados y tuvieron relación con los dirigentes de la banda terrorista. La colaboración ha de ser voluntaria, espontánea y «desinteresada».

Y no es nada habitual -«nunca he visto un caso», diría una fuente penitenciaria-, que los terroristas de ETA colaboren con la Justicia. De ahí la relevancia, que se mezcla con el deseo de las víctimas del terrorismo de que sean más los que contribuyan a esclarecer los 379 crímenes aún sin resolver.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, a la luz de los avances en la investigación que lleva el Juzgado Central de Instrucción 1 sobre la autoría mediata del asesinato de Gregorio Ordóñez, planteó a la Jefatura de la Guardia Civil la «importante necesidad» de contar con alguno de esos testimonios.

Los dos que se han avenido ya a declarar lo hicieron a puerta cerrada con agentes de la Benemérita y después han ratificado y ampliado sus comparecencias ante el juez Alejandro Abascal, pero el resultado se ha remitido también al juez Manuel García Castellón, que investiga la responsabilidad de la cúpula en el caso de Miguel Ángel Blanco. Lo previsible es que se aporte en la media docena de causas que tienen a los dirigentes de ETA en el foco.