Destripar las balanzas para dar paso a la excepcionalidad fiscal

Desde el independentismo ya se señala tal hito como el primer paso para conseguir la salida de Cataluña del régimen común –del que ahora solo están excluidas el País Vasco y Navarra–, de hecho, uno de los objetivos que tanto Junts como ERC se han fijado como metas en esta legislatura.

En lo que se supone que debía ser el aterrizaje de los partidos secesionistas en la política real –el referéndum se fía a más largo plazo–, conseguir una financiación a medida es el principal objetivo, una demanda que, de hecho, retrotrae la política catalana a la situación previa a 2012, año en el que la negativa de Mariano Rajoy a conceder el pacto fiscal fue el pretexto con el que Artur Mas adelantó las elecciones autonómicas y puso en marcha el 'procés'.

En los años previos en Cataluña de lo que se hablaba era de financiación y de balanzas fiscales. El 'Espanya ens roba' era un lugar común y el supuesto déficit fiscal un argumento para alimentar el agravio. En este sentido, el cálculo de las balanzas, resumiendo, la diferencia entre lo que aporta Cataluña a la caja común y lo que recibe en forma de inversiones y transferencias, se ha hecho siempre desde el punto de vista más favorable a sus tesis.

Es lo que hizo de manera reciente la Generalitat, que en pleno proceso de negociación para la investidura de Pedro Sánchez hizo público su propio cálculo sobre el «déficit fiscal de Cataluña» del sector público estatal. La cifra que se comunicó, 20.772 millones de euros en 2020 y 21.982 millones en 2021, equivalente al 9,66% de su PIB. Para el ejecutivo catalán, en manos de ERC, el déficit fiscal catalán está en «máximos históricos».

En este sentido, no se esperaba otra cosa, la consejería de Economía utilizó para el cálculo de las balanzas el modelo conocido como de «flujo monetario«, que contabiliza únicamente las inversiones hechas en cada territorio. Rechazó en cambio otro modelo que muchos economistas considera más ajustado, el de «carga-beneficio», que contabiliza el gasto público que financia bienes y servicios de ámbito nacional. Sería el caso de las partidas del Ministerio de Defensa, Exteriores o la financiación de Museo del Prado, por ser de ámbito nacional.

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Desde el nacionalismo siempre se ha denunciado la «opacidad y la falta de transparencia» del Gobierno, según señaló la consejera de Economía, Natàlia Mas, para quien las balanzas fiscales no son un tecnicismo, sino un «castigo» que explica un «ahogo financiero, sostenido, injusto y deliberado». Según las conclusiones de la comisión parlamentaria para el estudio la Deuda Histórica del Estado con Cataluña, España habría «robado» a los catalanes 465.000 millones de euros entre 1982 y 2022.

Es en este contexto que la consejera de Economía ha recibido el encargo por parte del presidente Aragonès de presentar, antes de que acabe febrero, una propuesta de «financiación singular» para Cataluña que contemple la cesión de todos los impuestos, acote la solidaridad territorial y acabe con el déficit fiscal. La iniciativa llega después de la condonación de 15.000 millones de la deuda que Cataluña mantiene con el FLA. La propuesta se presentará formalmente en la reunión de la comisión bilateral Generalitat-Estado sobre financiación.