La UCO revela que el puesto público del hermano de Sánchez se ideó en tres días
La jueza le cita como imputado junto al presidente de la Diputación de Badajoz y otros siete cargos
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David Sánchez y Begoña Gómez en el Congreso
La Diputación de Badajoz, presidida por el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, pasó en tres días de no necesitar más puestos de trabajo y ver «excesiva» la cobertura de vacantes a requerir con urgencia la creación de una plaza de alta dirección para un perfil como el que presentaría David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del presidente del Gobierno. Esta es la principal conclusión a la que ha llegado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras analizar los correos electrónicos de una docena de cargos de la institución provincial a partir de la sospecha de que en los márgenes de un expediente de contratación en apariencia limpio -fue calificado de «idóneo» por la comisión técnica y obtuvo una valoración de 90 puntos sobre 100- pudieron concurrir «actos preparatorios» para crear esa plaza ‘ad hoc’.
Los investigadores, bajo tutela de la juez Beatriz Biedma, han venido cruzando los mensajes en una pieza secreta hasta que ayer aportó sus conclusiones y se alzó el velo. El informe, adelantado este miércoles por la edición digital de ABC, aún sostiene que ese contrato pudo obedecer «a otras prioridades» ajenas a las necesidades reales de la diputación pacense. El problema es que no encuentran un responsable claro en el material diseccionado: «Se desconoce de quién partió la iniciativa de la creación del puesto de trabajo objeto de investigación», dice la UCO.
Conforme detalla, durante los meses de septiembre y octubre de 2016 se estuvieron elaborando propuestas de personal para los presupuestos del Área de Cultura del año siguiente. Y «no contemplaron en ningún momento la necesidad de la creación de un puesto de alta dirección para coordinar los conservatorios provinciales». De hecho, la propuesta inicial, que consistía en cubrir vacantes, fue considerada excesiva por el presidente de la diputación: «Me parece que pedís mucho personal», decía en un email.
«Sin embargo, tres días más tarde, el 8 de octubre de 2016», el jefe del servicio de Recursos Humanos envía correos a presidencia y otros departamentos «donde incluye documentación sobre la creación de un puesto de alta dirección en el seno del Conservatorio Superior de Música, catalogándolo como ‘gestor’ y reflejando que se trataría de la creación de un puesto de jefe de servicio», dice el atestado. La razón no se aclara, pero sí consta que el día 10 ya envió un informe de variación presupuestaria para «la creación de un ‘nuevo jefe de servicio o gerente de conservatorios’» y el día 11 pidió una memoria justificativa al área de Cultura para intentar llenar de contenido esa nueva plaza de «coordinador con contrato de alta dirección que se encargará de dirigir los dos conservatorios». Así, primero se anuncia que habrá quien coordine los dos conservatorios y luego se pregunta a sus respectivos directores «qué puede gestionar y coordinar» ese nuevo cargo.
Uno de esos directores contestó a la petición diciendo que se agradece, pero no es la prioridad. «Como necesidad imprescindible, tengo que insistir, es la al menos, un profesor de piano acompañamiento y alguien que se encargue más días de la biblioteca que ahora mismo está sin abrir desde hace bastante, imagino que porque el contrato de la que estaba se acabó», dice.
La otra directora sí aportó contenido a las funciones que debería tener el nuevo coordinador y de hecho, se plasmaron tal cual en la resolución del boletín oficial que convocó la plaza. Y eso que, como destaca la Guardia Civil, ella misma había enviado el 5 de octubre una previsión de necesidades de personal que «no menciona» en absoluto que falte un directivo.
Siguen los cruces de correos electrónicos y el 26 de octubre, aparece la mención de la creación de un nuevo puesto de dirección para coordinar los conservatorios. Se reúne la Comisión Técnica de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y acuerdan la creación de la plaza. El representante del sindicato CSIF puso «reticencias» porque, decía, eso lo venía haciendo «un empleado perteneciente al subgrupo funcionarial A-2». Salió adelante y en los plazos, además, previstos. Sobre la selección de los candidatos, el 13 de junio de 2017, con la plaza ya en el boletín oficial de la institución, consta un correo en el que aparece por primera vez el nombre de David Sánchez en una lista de candidatos, un total de nueve con referencias a sus titulaciones y el proyecto de coordinación exigido calificado como «aceptable».
No llevaba ese correo ninguna referencia más y lo siguiente que ha encontrado la UCO son los intercambios sobre la retribución y el contrato, que recoge discrepancias en las fechas respecto a la documentación aportada por la diputación, como ocurre con el «informe propuesta» de la «comisión asesora para la provisión de un puesto de trabajo de Coordinador de Actividad» que le calificó como «idóneo». Al margen de los correos, el informe contiene un apartado que se centra en una duda que sobrevolaba, un supuesto patrimonio de millón y medio de euros en acciones de David Sánchez incompatible con su salario. La UCO habla de un error en la suma del valor de las acciones. La juez, para «esclarecer» este punto, ha pedido información sobre el mismo directamente al banco donde las tiene.
Las acciones
No es la única diligencia. Tras analizar el oficio de la Guardia Civil, la instructora ha dado el paso de llamar a declarar por primera vez como investigado a David Sánchez, que tendrá que acudir el próximo 9 de enero. No estará solo: cita en igual condición a Miguel Gallardo, y a otros siete cargos y altos cargos de la Diputación vinculados con la plaza y el contrato en las fechas de los hechos como han revelado sus correos. Además, ha convocado a tres testigos y otros tantos peritos. Estas, en concreto, de la Agencia Tributaria, son las autoras de un informe que exculpaba a David Sánchez de delitos fiscales con la información de Hacienda que tenían a su alcance y concluía que realmente tenía residencia fiscal en Portugal y tributaba en consecuencia.
También ha reclamado a la diputación que aporte, «a la mayor brevedad posible», nueva documentación, como el reglamento que regula la Relación de Puestos de trabajo o los proyectos que tuvieron que presentar cada uno de los once aspirantes que se disputaron la plaza junto al hermano de Sánchez.
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