Un constructor próximo a Aldama, beneficiado por Ximo Puig y Ábalos

De acuerdo a la disección de los contratos públicos incorporada por la Guardia Civil al sumario de la causa, esta constructora fue receptora de más de 5,7 millones de euros en cinco contratos del Ministerio de Transportes y sus organismos sólo entre los años 2020 y 2021, es decir, cuando Ábalos y Koldo estaban al frente de este departamento y Aldama estaba vendiendo mascarillas a sus organismos. Los informes policiales revelan que Ruz es apoderado de otra sociedad, Lopera Activa. En 2020, era uno de los únicos tres «clientes» que tenía el comisionista, junto con Globalia y Soluciones de Gestión, la empresa adjudicataria de cubrebocas para Transportes, Interior y los gobiernos de Baleares y Canarias por 53 millones.

Consta como su cliente en los autos del juzgado porque pagó a la sociedad de Aldama entre agosto de 2019 y enero de 2020 un total de 77.500 euros y no está claro a cambio de qué. Dice la Guardia Civil que, por los conceptos, 7.500 pudieron ser para comprarle a Aldama un vehículo, pero el coche nunca cambió de titularidad. Otros 20.000 euros, plantea, «podrían estar ligados a algún tipo de préstamo». Del resto, no se sabe.

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En el año 2020, mientras Aldama vendía para Soluciones de Gestión mascarillas a Puertos del Estado y Adif, Levantina fue adjudicataria de una obra ferroviaria en Asturias por 592.053 euros yendo en UTE con una empresa de componentes tecnológicos, por ejemplo. Y en 2021 recibió el mayor contrato de Adif, también en esa UTE: 4 millones para unas obras en Cataluña por el AVE Madrid-Barcelona-Zaragoza. Fueron cinco adjudicaciones en esos dos años por importe de 5,7 millones, que ascienden a 6,4 si se considera una adjudicación de la Autoridad Portuaria de Melilla que recibió en 2021 por importe de 658.000 euros, de acuerdo a la documentación aportada a la Audiencia Nacional por la Guardia Civil.

Pero el análisis completo de las actividades de Ruz que ofrecen los investigadores no obedece sólo al vínculo mercantil que tuviese con Aldama, sino también a la relación que mantenía con Koldo García, de quien se presumen «influencias» más allá de su etapa en el ministerio y dentro y fuera de ese departamento. La Guardia Civil pone en el foco que Koldo estuvo hospedado en el mismo hotel de Las Palmas que Ruz en febrero de 2022 y apenas una semana después se licitó un contrato de obras de remodelación allí de la Agencia Tributaria. Fueron 6,5 millones de euros adjudicados a Levantina, según uno de los oficios. Pero pocos días después recibió también un contrato de 4,3 millones de euros en la Generalitat valenciana de Ximo Puig para un paso del tranvía en Benidorm (Alicante) que adjudicaba el organismo Ferrocarrils.

En noviembre de 2022, Ruz y Koldo fueron fotografiados por la Guardia Civil en una calle de Madrid, sin que el informe policial detalle cuánto tiempo estuvieron charlando. Ya en febrero de 2023 donde les retrató fue dentro de la marisquería madrileña en la que el asesor solía despachar, La Chalana. Justo después de aquella cita, en abril, Levantina recibió un contrato de 576.467 euros para obras en el Puerto de Santa Pola (Alicante) desde la consejería valenciana que lideraba la socialista Rebeca Torró, actual secretaria de Estado de Industria, como revelan las bases de contratación.

En esa época ya estaba en tramitación la adjudicación del tramo de tranvía en Benidorm, pero hubo un cambio. Un mes después de La Chalana, Levantina firmó con Ferrocarrils una modificación del contrato que recogía más trabajos. En junio, habría una segunda modificación: se incrementaba el importe en 865.314 euros, según la documentación a la que tuvo acceso ABC. En esa fecha, los socialistas ya habían perdido las elecciones y la investidura del popular Carlos Mazón estaba próxima.

Sin salir de 2023, consta otra adjudicación en octubre por más de medio millón, esta vez de la Consejería de Sanidad para unas obras de reforma. A ese concurso sólo se presentó la empresa de Ruz, según las fuentes de la Generalitat consultadas por este diario.

Recibiría una más el año pasado, un contrato menor en octubre y por 47.915 euros, que hizo saltar las alarmas por indicios de irregularidad en el proceso de adjudicación. Un funcionario fue apartado y se emprendieron cambios drásticos dentro de la Consejería de Transportes, según las mismas fuentes. Subrayan que ese esfuerzo investigador interno se ha redoblado sobre los contratos adjudicados a Levantina, tras la constancia de que la Guardia Civil tiene a Ruz en el punto de mira por sus contactos con Koldo y su relación mercantil con Aldama. Sin olvidar que Ábalos fue el número dos de la lista del PSOE por Valencia en las elecciones generales del 23J o que una de las reuniones de Koldo en La Chalana, a finales del año pasado, lo fue con la actual senadora por esta provincia Cristina Moreno, como recoge el sumario de la causa.

Estos contratos de 2022 y 2023 quedan fuera del radar de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha enlistado todas las adjudicaciones públicas a esta empresa entre 2017 y 2021. Constan 30 contratos en ese periodo tanto de la propia Generalitat, también siendo consejero el actual secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, junto a licitaciones de la Diputación de Valencia y ayuntamientos como los de Rafelbuñol, Jávea y Sagunto. En ese periodo, las adjudicaciones en la Comunidad valenciana suman algo más de 11,4 millones de euros. Considerando hasta 2023 y sólo la Generalitat, el importe es de 9,6 millones. Desde el Gobierno regional subrayan que las irregularidades que se detecten serán puestas en manos de la Fiscalía.

Transportes y la Comunidad Valenciana no son, no obstante, las únicas fuentes públicas de contratos que tuvo esta empresa, aunque sí las de importe más elevado. El listado de la Guardia Civil recoge otras adjudicaciones concedidas por la Comunidad de Madrid para obras de la red de Metro, del ayuntamiento de la capital para reformas en el distrito de San Blas-Canillejas, del Ministerio de Defensa para reformar una iglesia castrense, de Interior para obras en una comisaría en Cádiz (2017) o del de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Son quince contratos que suman 5,6 millones de euros entre 2017 y 2021.

En la documentación aportada por los investigadores al juzgado, consta una disección similar de otra constructora, la andaluza Áridos Anfersa. En julio de 2022 dio trabajo a la mujer de Koldo, dos meses después de una adjudicación de Adif de medio millón y cuatro meses antes de otra por 5,2 millones. El administrador es Francisco Coca. En julio de 2021 se había alojado en el Parador de Granada el mismo día que Ábalos y Koldo.