El Consejo de Estado pide al Gobierno «más rigor» en sus leyes

El órgano que preside Magdalena Valerio se ha sentido en la «obligación de trasladar» a Moncloa la importancia de «extremar el rigor y el celo en lo que se refiere a los tiempos y modos de formulación y tramitación de las iniciativas legislativas en su fase prelegislativa, a fin de abordar esta importante y necesaria función sin precipitación, de manera ordenada y con el sosiego deseable». Así consta en el dictamen emitido sobre el citado anteproyecto, al que ha tenido acceso ABC, como riña al Gobierno por abusar del trámite de urgencia en este caso. Un truco que el Ejecutivo viene utilizando de manera reiterada desde el principio de la legislatura y que impide a los órganos consultivos estudiar los textos del Ejecutivo con la profundidad que merecen.

En este sentido, el Consejo de Estado recuerda al Gobierno que la declaración de urgencia «debe obedecer a razones objetivamente justificadas» que no encuentra en esta reforma de la ley de Secretos. «Resulta conveniente un uso moderado y prudente de las declaraciones de urgencia, debiendo ceñirse estas a casos en que ocurra verdaderamente la urgencia objetivamente requerida», insiste el dictamen. «Ni el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros ni la orden de remisión del expediente ni tampoco la memoria del análisis del impacto normativo que acompaña el anteproyecto justifican objetivamente las razones de la urgencia declarada».

Como adelantaba este miércoles ABC, el Consejo de Estado avala la constitucionalidad de la nueva ley, lo que ha sido bien por recibido algunos grupos parlamentarios como Ciudadanos. «Según las informaciones publicadas, el proyecto que prepara el Gobierno contaría con el visto bueno del Consejo de Estado, lo cual no es poca garantía, máxime tratándose de un Gobierno acostumbrado a legislar por decreto y, en muchas ocasiones, con escaso rigor técnico de consecuencias inasumibles, como está ocurriendo con la llamada ley del 'solo sí es sí'», destacó el portavoz de Defensa de la formación naranja, Miguel Gutiérrez.

Este dirigente también destacó que el Gobierno haya optado por impulsar un proyecto de ley y contar con los órganos consultivos en lugar de tramitar la proposición de ley que registró el PNV en el Congreso y cuya tramitación hubiera evitado el informe de las citadas instituciones. «Es el camino correcto, si bien es inevitable tener presente que la firma un Gobierno asociado permanentemente con populistas y separatistas», apunta Gutiérrez.

Pero como se indicaba al inicio del artículo, la última versión del anteproyecto aún tenía fallas, aunque de menor consideración. Además del abuso de la urgencia, el Consejo de Estado critica que Presidencia no haya detallado el impacto organizativo, logístico y presupuestario de las nuevas estructuras necesarias para «la aplicación efectiva de la ley proyectada». El órgano consultivo se refiere con ello a las nuevas Unidades de Información Clasificada que se crearán como órganos competentes para tramitar los procedimientos de clasificación, desclasificación y reclasificación de la información. Asimismo, el Consejo de Estado plantea problemas tanto de «alcance y formulación» como de «inserción en el ordenamiento jurídico». Y ello por que el «carácter abierto, genérico e indeterminado» de buena parte del anteproyecto puede provocar «inseguridad jurídica» si no se corrige, y porque la imprecisión de varios de los conceptos jurídicos utilizados pone de relieve «la tendencia preocupante de remitir en exceso al juicio subjetivo de las autoridades competentes». Presidencia asegura que lo corregirá.