El Congreso sí aprueba un ómnibus reducido y el Gobierno convierte el debate en un ataque al PP

El nuevo decreto, fruto de un pacto entre el Gobierno y Junts en el que también se acordó, a cambio de reformularla, la tramitación de la proposición no de ley de los independentistas que pide a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza —no lo hará porque no es vinculante—, incluye las medidas sociales del anterior, pero no las meramente económicas, que se negociarán más adelante. El primero en cargar tintas contra los populares ha sido el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, encargado de defender el decreto. Tras loar sus bondades, ese «escudo social» del que le gusta presumir al Ejecutivo, se ha arremangado para centrar sus ataques en la formación de Alberto Núñez Feijóo.

Vox y Junts también votaron en contra, pero el desgaste iba solo dirigido al PP. A los independentistas, socios de Sánchez desde la investidura, ni una palabra. Fue con ellos con quienes negoció. En el decreto los neconvergentes lograron introducir un aval del Estado a los propietarios que alquilen sus viviendas a jóvenes y personas son rentas bajas, pero consiguió que el Ejecutivo diese luz verde a sus partidos en la Mesa del Congreso para tramitar su petición —rebajada para dejar claro que en nada obliga a Sánchez— de que el presidente presente una cuestión de confianza ante la Cámara Baja.

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«Se lo agradezco al Grupo Parlamentario Popular, han cambiado de opinión y van a votar que sí. Agradezco al PP que hoy nos dé la razón con el escudo social», ha dicho Bolaños, y ha añadido: «Me hubiera agradado que el PP hubiese anunciado su voto favorable no hoy, cuando ya lo tenemos garantizado, sino el día que nos estábamos jugando subir las pensiones. Entre la ciudadanía y sus intereses partidistas, eligieron a su partido». Además, el ministro se ha ensañado con los populares por votar ahora a favor, a pesar de que el nuevo paquete de medidas incluye la cesión del palacete de París al PNV, algo que fue el principal argumento de los populares para posicionarse en contra del anterior decreto.

«Algunas de las mentiras que han vertido son tan dolorosas...», ha apuntado Bolaños, quien ha defendido que, ahora, se devuelve a su «legítimo propietario» un edificio del que se incautó la Gestapo durante la invasión nazi de Francia. La diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha apuntado que si hubo sentencias judiciales en contra de esa devolución —tanto de la Justicia francesa como del Tribunal Supremo—, fue porque no existía una norma que habilitase al Estado a entregar una propiedad en el extranjero. Hoy, según ella, sí: la Ley de Memoria Democrática.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha incidido en el asunto y ha recordado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya lo negoció con el PNV, a lo que el diputado del PP Jaime de Olano le ha respondido con su propia hemeroteca, cuando el socialista era lendakari: «Su Gobierno emitió un informe diciendo que no a la petición del PNV, o no se leyó el informe o cambió de opinión. Todo puede ser». También José María Figaredo, secretario general del Grupo Parlamentario Vox, ha insistido en la crítica del 'regalo' del palacete.

«Más de la mitad de la intervención de Bolaños hablando del PP y no del decreto. Por algo será», ha afirmado De Olano ya en respuesta al ministro. El voto a favor de los suyos, ha justificado, se debe a que este miércoles, al contrario que hace tres semanas, se debatía, en vez de un decreto ómnibus, un «decreto microbús». Una expresión que ha repetido en dos ocasiones para poner en valor que el Gobierno llevaba hoy a convalidar únicamente las medidas sociales derogadas y no las exclusivamente económicas.

A Junts sí le han pedido una reflexión tanto la portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Verónica M. Barbero, como su homóloga de Bildu, Mertxe Aizpurua, por votar junto a la derecha nacional, que, busca, han dicho, el desgaste del Ejecutivo. Isidre Gavin, diputado neoconvergente que ha intervenido en el debate, ha acusado al Gobierno de 'desplegar' un «ejército» mediático para denunciar la «maldad» de su partido, pero ha insistido en sus habituales avisos: «Han demostrado que no son de fiar. Prefieren la coacción y el chantaje a la negociación. Estamos abiertos a negociar el resto del real decreto. Pero sin confianza no hay votos».