El testigo clave del caso Erial se ratifica como testaferro de Zaplana: «Me dijo que era el dueño de los activos»
El abogado que administraba la supuesta fortuna oculta del exministro en el extranjero señala que le envió 2,3 millones de euros a España a través de intermediarios
La UCO confirma que los papeles que originaron el caso Erial apuntaban a blanqueo y amaños
Zaplana carga contra las confesiones del caso Erial y niega reuniones con Cotino: «Nos llevábamos fatal»
El abogado uruguayo Fernando Belhot se ha ratificado como testaferro del exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, quien le reconoció que era propietario de una fortuna oculta en Luxemburgo. Un dinero que, según le confesó, «había ganado legítimamente» pero no había declarado en España.
«Con el tiempo, él me manifiesta que era el dueño de la gran mayoría de esos activos y no quería hacerlo público porque era político, miembro de un partido importante, y por su carácter de empresario vinculado a la asesoría y actividades de lobby», ha manifestado Belhot durante su declaración por videoconferencia -exento de guardar el secreto profesional- en el juicio del caso Erial que se sigue en la Audiencia de Valencia.
Su papel es indispensable en esta presunta trama que desvió al extranjero mordidas tras el amaño de la adjudicación de las ITV (1997) y el Plan Eólico (2003) de la Generalitat. Durante la investigación ya se erigió como administrador de la supuesta fortuna de Zaplana y remitió 6,7 millones de euros procedentes de dos cuentas en Suiza al juzgado de Valencia que instruyó la causa.
Esa colaboración le valió para pasar de estar investigado a ser el testigo principal de la Fiscalía, que pide 19 años de prisión para el antiguo dirigente del PP. Precisamente, en su extenso interrogatorio, la defensa del exministro ha puesto el foco en esa circunstancia para desmontar el relato de Belhot, vinculado a otras operaciones contra la corrupción como Lezo, pues supuestamente habría sido también testaferro de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid.
El testigo, cuestionado por el letrado de Zaplana, ha asegurado que no condicionó su participación con la Justicia española a dejar de ser investigado porque «no tenía nada que ver con los actos que se imputaban». «Me sorprendí de los cargos contra él», ha incidido.
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En la sesión de este miércoles, Belhot ha indicado que conoció a Zaplana a principios de 2009, un año después de su salida de la política y ya como ejecutivo de Telefónica. Este experto en asesoramiento fiscal a nivel internacional tenía un despacho en Montevideo especializado en inversiones en paraísos fiscales. Su misión era ocultar el rastro del dinero.
El exministro le explicó que su amigo íntimo -y testaferro confeso- Joaquín Barceló 'Pachano' había realizado unas inversiones fuera de España con la estructura societaria que su asesor fiscal, Francisco Grau, había articulado en Luxemburgo. A raíz de ello, se citaron los cuatro en una reunión y Belhot les recomendó que fueran sociedades de Uruguay quienes gestionaran ese patrimonio, pues tendrían más confidencialidad y protección jurídica. Grau no estaba de acuerdo porque «perdía protagonismo y el control de los activos».
«Fui comprobando que quien tenía poder de decisión, y siempre era consultado, era el señor Zaplana, que era el verdadero decisor de todas las operaciones», ha indicado. Barceló, que se dedicaba al mercado inmobiliario y no tenía formación en estos asuntos, «no intervino en ninguna decisión de carácter financiero», pese a que en teoría el dinero era suyo.
Finalmente, desde la sociedad luxemburguesa Imison Internacional -administrada por Beatriz García Paesa, que también comparecerá en el juicio como testigo- se transfirieron 7,9 millones de euros a una cuenta en Suiza de la mercantil uruguaya Disfey. Belhot se ha desvinculado tanto de los Cotino -que confesaron haber pagado las comisiones ilícitas que originaron la trama- como de las empresas creadas para canalizar su regreso a España.
El acuerdo para administrar esos fondos siempre fue verbal -«No se firmó nada porque él no quiso»- y no existen documentos que vinculen al exministro, que mantiene que ese dinero era propiedad de Belhot. En Uruguay, el nombre del titular real «no aparecía en ningún momento», por lo que «en este tipo de operaciones la confianza con el fiduciario es fundamental», ha sostenido el testigo. Por la gestión de los activos, el abogado se llevaba un 0,75% anual del patrimonio administrado y un bonus por las ganancias obtenidas.
Según Belhot, Zaplana le ordenó que, en caso de que le ocurriera algo durante el transplante de médula ósea al que se sometió como consecuencia de la leucemia que padecía, se pusiera en contacto con su hija mayor, ajena a toda esta operativa.
«Era un hombre extremadamente cuidadoso»
Belhot ha apuntado que el exministro le «abrió la puerta» para codearse con empresarios y políticos de «gran nivel». «Era un hombre extremadamente cuidadoso. En nueve años, nunca me envió ningún correo. La comunicación siempre era por móvil, nunca por escrito». El letrado ha relatado que viajaba a España tres o cuatro veces al año y llevaba los extractos de las operaciones que se realizaban. Zaplana los «destruía» para que no lo vincularan con ellas, ha añadido.
De acuerdo con su declaración, el expresidente valenciano le pidió que no invirtiera parte de los activos e intensificó en 2016 y 2017 sus peticiones de dinero en efectivo para «gastos personales». En ocho años envío 2,3 millones de euros a España a través de «cambistas», personas que tienen contacto con otras, de cualquier parte del mundo, que tienen disponible dinero en efectivo. Un proceso que podía prolongarse más de un mes.
A este intermediario en España se le ingresaba la misma cantidad, más una comisión, en una cuenta del extranjero. El dinero nunca se entregó directamente a Zaplana, sino a su secretaria –también acusada- Mitsouko Henríquez. «Una vez que se producía la operación, él me llamaba y me decía: «Todo correcto»», ha aseverado Fernando Belhot.
Quien fue portavoz del Gobierno de José María Aznar está procesado por presuntamente tejer una red de colaboradores que movió, según la acusación pública, más de veinte millones de euros de origen ilícito y comparte banquillo con otras catorce personas. Se les imputan supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental.
La UCO sitúa a Zaplana en el centro de la trama
Durante la misma sesión del juicio también han comparecido, en calidad de peritos, tres agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participaron en la investigación y elaboraron el informe final. Según sus pesquisas, Eduardo Zaplana estaba detrás de todo el entramado desde el principio, era quién tomaba las decisiones y participaba en las reuniones importantes sobre los movimientos de capitales, aunque siempre en la sombra.
Más allá de los encuentros que habría mantenido con el exdirector general de la Policía Juan Cotino para supuestamente concertar la adjudicación de las ITV -el grupo empresarial de su familia, Sedesa, ganó algunos lotes-, los agentes también han puesto el foco en sus citas con el entonces conseller de Industria Fernando Castelló, responsable del Plan Eólico.
Cotino fue quien constituyó Imison y Fénix, las dos sociedades luxemburguesas en las que depositó más de 11 millones de euros, según la UCO. Un dinero que regresó a España a través de las operaciones inmobiliarias realizadas por tres mercantiles: Medlevante, Gesdesarrollos y Costera del Glorio. «Zaplana dispuso de bienes titulados por estas sociedades», han insistido. Todos esos movimientos se detallan en un documento incautado a Francisco Grau, su exasesor fiscal, titulado 'La cuenta de la vieja'.
A Juan Francisco García, su jefe de gabinete en Presidencia de la Generalitat, los agentes también le requisaron documentos en los que se indicaba que debía reclamar 50 millones de pesetas a una empresa para abonar unas encuestas electorales. A cambio, participaría en el Plan Eólico.
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