Un juez obliga al Gobierno a informar al PP sobre la sanción a la productora del hermano de Ximo Puig

Tras confirmarse la multa económica -que sumaban 43.000 euros en total-, este órgano tenía pendiente de decidir si excluía a estas firmas de futuras licitaciones, de ahí el interés de los populares por conocer las actuaciones que finalmente se habían llevado a cabo en ese sentido.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó en marzo la multa a Comunicació dels Ports por una infracción muy grave y le atribuyó, junto a Canal Maestrat, Kriol y Visualiza «una conducta anticompetitiva denominada cártel». En cada contrato -para realizar servicios audiovisuales en Castellón- de los que se ofertaban, una empresa pujaba a la baja, así todas salían beneficiadas. Fue la corporación pública quien advirtió la trama tras concluir el proceso y trasladó el asunto a la Comisión de Defensa de la Competencia, organismo autónomo adscrito a la Conselleria de Economía.

La diputada Eva Ortiz solicitó la consulta del expediente al Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de la Presidencia de las Cortes Valencianas, pero desde la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana se comunicó la «improcedencia» de atender ese requerimiento de información al considerar que esa facultad de control de un organismo estatal compete al Congreso y al Senado.

Ahora, en una sentencia a la que ha tenido acceso ABC, el magistrado estima el recurso interpuesto por el PP contra la resolución de la Administración general de febrero de 2022, que anula al no ser «conforme a derecho». Un fallo que la Abogacía del Estado, condenada en costas, todavía puede recurrir en apelación.

Entre los argumentos que el juez rebate a la parte demandada, señala que el Reglamento de Les Corts reconoce «con claridad» la facultad de los parlamentarios valencianos de solicitar al Estado la documentación que consideran que afecta a la Comunidad Valenciana.

Del mismo modo, la sentencia rechaza que se puedan ver comprometidos datos protegidos o los intereses de las mercantiles, puesto que las resoluciones de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado «son públicas y accesibles» en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o su equivalente el ámbito autonómico.

En paralelo, la investigación judicial sobre el presunto fraude en las subvenciones que algunas de estas productoras -bajo la dirección de Puig y los hermanos Adell Bover- recibieron de varios gobiernos autonómicos da sus últimos coletazos.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que dirige la causa desde 2019 tras una denuncia del PP, no puede solicitar nuevas diligencias y está a la espera de una auditoría de la Generalitat Valenciana, que debe dilucidar si las cantidades supuestamente defraudadas por Comunicació dels Ports, Mas Mut Produccions, Canal Maestrat, Kriol Producciones y Nova CB están por encima del umbral penal de 120.000 euros o se zanjan con una sanción administrativa, en caso de corroborarse las irregularidades.

La Intervención de la Generalitat de Cataluña concluyó que no hubo duplicidad en esas ayudas. La Guardia Civil cifró en más de 1,2 millones de euros el total de dinero público recibido por estas mercantiles entre 2015 y 2018 por parte de los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón. Los investigadores señalaron hasta cuatro tipos de irregularidades.

De este modo, quedan bajo lupa solo la veintena de subvenciones -744.123 euros en total- concedidas durante cuatro ejercicios por la Generalitat Valenciana. La mayoría por parte de la Dirección General de Política Lingüística. Hace unos días, el Audiencia de Valencia confirmaba el archivo de la causa para el máximo responsable de este departamento, Rubén Trenzano.