La Fiscalía rebaja a 17 años la petición de cárcel para Zaplana y pide suspender la de los confesos del caso Erial
El juicio por la presunta trama corrupta que derivó mordidas al extranjero afronta la fase final con la retirada de la acusación para tres de los quince procesados
«No tuvo la honradez de reconocer su parte ante sus amigos», ha reprochado el portavoz del Ministerio Público al exministro
La suma de confesiones de amaños y mordidas estrecha el cerco judicial sobre Zaplana
La Fiscalía ha rebajado de 19 a 17 años su petición de cárcel para el exministro Eduardo Zaplana por los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad en documento mercantil en el marco del caso Erial. «No tuvo la honradez de reconocer su parte ante sus amigos» durante su declaración en el juicio, le ha reprochado el fiscal al también expresidente de la Generalitat Valenciana.
Anticorrupción ha retirado los cargos inicialmente atribuidos por falsedad en documento oficial, lo que reduce en dos años la reclamación de pena al antiguo dirigente del PP, que se sigue enfrentando también a una multa de cuarenta millones de euros.
El portavoz del Ministerio Público ha presentado este martes sus conclusiones definitivas en la fase final de la vista oral, que se celebra en la Audiencia de Valencia, por la supuesta trama que amaño los concursos públicos de las ITV y los parques eólicos de la Comunidad Valenciana, derivó mordidas millonarias a sociedades extranjeras y las retornó a España a través de mercantiles y operaciones inmobiliarias.
El testaferro confeso de Zaplana, su amigo íntimo Joaquín Barceló, y su jefe de gabinete en Presidencia de la Generalitat, Juan Francisco García -que también admitió los hechos tras alcanzar un pacto con el fiscal- verán disminuida sustancialmente su petición de cárcel a menos de dos años, con suspensión de la pena, por lo que podrán eludir su entrada en prisión.
Barceló -apodado 'Pachano'- que se enfrentaba a ocho años, se conforma con un año y tres meses por blanqueo y cinco meses por pertenecer grupo criminal; mientras García, para el que se solicitaban once en total, ha aceptado la petición de un año y seis meses por cohecho, otro año por falsedad documental y cinco meses por blanqueo. Deberán abonar multas de cinco y 1,3 millones de euros, respectivamente.
A estas conformidades «de carácter parcial» se han sumado los empresarios Vicente y José Cotino, sobrinos del político fallecido Juan Cotino, para quienes se solicitaban catorce años de cárcel por blanqueo, cohecho y falsedad en documento mercantil. El grupo empresarial de esta familia ganó lotes de ambos procedimientos bajo sospecha. Pocos después obtuvieron cuantiosos beneficiosos con la venta de sus participaciones en las adjudicatarias.
A ambos hermanos se les reclaman ahora dos años de prisión por cohecho. A Vicente Cotino, además, se le solicitan un año por falsedad, cinco meses por blanqueo y una multa de 4,3 millones. La sanción económica para José se queda en 320.000 euros.
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La suma de las cantidades que deberán pagar cada uno de los cuatro arrepentidos asciende a casi once millones de euros. Aunque «puede parecer una postura humillante», ha indicado el fiscal Pablo Ponce, «ellos se han inculpado y han relatado la participación que han tenido otras personas. Eso no mina su credibilidad». «Han tenido la valentía de reconocer hecho graves» en el ejercicio de su defensa, que se ha llevado a cabo «de manera individual» y no colectiva, ha incidido.
Por su parte, al expresidente valenciano y de Bancaja José Luis Olivas se le mantiene la acusación por un delito continuado de cohecho, pero se retira la de prevaricación, por lo que la petición de pena se rebaja de seis a dos años.
Además, la Fiscalía ha retirado todos los cargos contra tres de los quince procesados al considerar que «su participación no ha quedado acreditada» en los hechos que se juzgan. «No existe prueba suficiente para sostener la acusación» contra la exdiputada Elvira Suances y los empresarios Pedro Romero y Ángel Salas, que se enfrentaban a una petición de cinco años de prisión por un presunto delito de blanqueo de capitales. Han podido abandonar el banquillo y se les absolverá en la futura sentencia.
A Francisco Grau, exasesor fiscal de Zaplana considerado el 'cerebro' de la trama, y a la secretaria del exministro Mitsouko Henríquez, se les continúan reclamando ocho años de cárcel.
«Todos son filántropos»
En su informe y como ya indicó en las cuestiones previas ante las peticiones de las defensas, el fiscal ha reiterado que los hechos se produjeron en Valencia, por lo que no comparte que la Audiencia Nacional fuera competente para juzgar este caso. Tampoco que se hayan producido dilaciones indebidas desde que la investigación se iniciara en 2015, apuntando a la «extraordinaria rapidez» con la que se ha instruido «una causa compleja».
Precisamente, sobre el origen del caso, también ha incidido en la validez de los 'papeles del sirio', los documentos hallados en un registro de la Guardia Civil -en el marco del caso Taula- que dieron pie a las pesquisas. Los análisis realizados a estas hojas, en las que se encontraron 19 huellas, ninguna de Zaplana, son «irrelevantes», ha sostenido, pues el exgerente de Imelsa Marcos Benavent -el 'yonki del dinero'- reconoció haberlos tenido en sus manos y tampoco se encontraron vestigios tras cotejarlos con sus muestras.
No hemos traído a condenados a declarar como testigos. Otros sí», ha aseverado en referencia a la comparecencia en sede judicial del propio Benavent -que se desdijo de lo afirmado en fase de instrucción- o el excomisario José Manuel Villarejo, a petición de la defensa del expolítico.
Respecto al cambio de situación procesal -de investigado a testigo- del abogado uruguayo y testaferro confeso de Zaplana Fernando Belhot, el fiscal ha justificado que su posición «siempre ha sido la misma» respecto al fiduciario y ha rechazado la existencia de cualquier pacto. En la misma línea, ha recordado que Beatriz García Paesa -sobrina del espía Francisco Paesa que gestionó sociedades de la trama en Luxemburgo- también estuvo investigada durante la instrucción.
El portavoz de Anticorrupción ha aclarado durante la sesión de este martes que Eduardo Zaplana no salió de prisión provisional por la presión generada en los medios debido a su enfermedad, sino porque se consiguió recuperar parte del dinero en el extranjero.
«Todos son filántropos que le van regalando» desde millones de euros a relojes, pisos o barcos, ha ironizado el fiscal en su extenso repaso a toda la «maquinaria de transformación del dinero para ocultar el origen ilícito del mismo». «Entraba el señor Zaplana como un hurón a su propia vivienda», ha ejemplificado sobre el piso de la calle Núñez de Balboa, en Madrid, a nombre de una mercantil de Joaquín Barceló -Costera del Glorio-, pero que disfrutaba el exministro, a quien sus colaboradores se referían como el «jefe».
Del mismo modo, respecto al dinero en efectivo que movió la trama, se ha preguntado «cuánto» necesita para vivir «en su día a día» el expresidente autonómico, cuya mala relación con Cotino no habría sido impedimento para que hubieran concertado el amaño de las ITV a cambio de fondos ilícitos. Tras más de cuatro horas de exposición sin interrupción, el fiscal Pablo Ponce ha agradecido el trabajo de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 y de los investigadores durante casi una década y ha pedido al tribunal una sentencia condenatoria.
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