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«Las discriminaciones al valenciano se deben a la ideología supremacista castellana en la Constitución»: la denuncia de la ONG del catalán

La Plataforma per la Llengua achaca las reclamaciones que recibe de los valencianohablantes a la «redacción de las leyes» incluida la Carta Magna

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Imagen de archivo de instalaciones de un área de Salud donde se produjo una reclamación por discriminación lingüística a valencianohablantes, denunciada por la Plataforma per la Llengua. JUAN CARLOS SOLER
José Luis Fernández

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La explicación que dan en la Plataforma per la Llengua a las discriminaciones a valencianohablantes apunta directamente a la normativa e incluso a la Carta Magna: «Están ligados a la ideología supremacista castellana del nacionalismo español y a la redacción discriminatoria sobre la lengua en la Constitución y otras leyes».

Además, según el análisis de la autodenominada 'ONG del catalán', estas situaciones de conflicto vienen de largo y no son coyunturales, sino que responden a una realidad que perdura en el tiempo. «Estos casos de abuso antiigualitario forman parte de un problema más grande de discriminación lingüística estructural en el Estado español», señalan.

Estas observaciones se acompañan -en su última comunicación a los medios de comunicación- a la denuncia de un caso concreto de una enfermera que «ridiculizó» a un pacientey a su pareja por hablar en valenciano en el área de Salud de Alcoy. Desde la Dirección de este departamento adscrito a la Conselleria de Sanidad pidieron disculpas a los afectados y se comprometieron a adoptar medidas para que no volviera a ocurrir algo parecido.

Más allá de esta reclamación concreta, la Plataforma per la Llengua ha recordado los datos de su último balance anual, correspondiente a 2023, cuando recibieron 148 quejas relacionadas con discriminaciones en el ámbito de la Sanidad pública y 96 en el sector privado.

En otro caso reciente, difundido el pasado 31 de enero, afean también que la web de un hospital (Manises, en Valencia) no tenía versión en valenciano y critican la actitud de parte del personal, no solamente de la profesional concreta que negó la atención en valenciano. «No consideramos anecdótica la actitud de esta trabajadora sanitaria, se enmarca en la percepción que tienen algunos empleados públicos de que los derechos lingüísticos de los valencianohablantes son una cuestión secundaria y que tarde o temprano, la persona acabar cediendo y renunciando a ello», indican.

Además, para esta entidad -que cuenta con subvenciones de la Generalitat de Cataluña y, en las dos anteriores legislaturas, también de la valenciana con Ximo Puig al frente- las situaciones de discriminación tienen otro perjuicio para el idioma. «Esta actitud, por lo tanto, tiene un efecto directo sobre el uso del valenciano, ya que mina la confianza de los hablantes y hace que cada vez inicien menos conversaciones en su lengua», aseguran.

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