El Poder Judicial se planta: «Una cosa es la libertad de expresión y otra las presiones inadecuadas»
En una declaración unánime el CGPJ denuncia que la inviolabilidad parlamentaria de los diputados no resta gravedad al 'lawfare'
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El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este lunes por una declaración institucional en la que pide que se asegure respeto a la independencia judicial en el curso de las intervenciones parlamentarias y que se eviten descalificaciones «que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial».
En el texto consensuado (y dulcificado) en aras de la unanimidad, los dieciséis vocales señalan que el hecho de que las manifestaciones realizadas el pasado martes en el Congreso por parte de diputados independentistas «se encuentren especialmente protegidas por la inviolabilidad parlamentaria no le resta gravedad a su actuación». Más aún teniendo en cuenta que las acusaciones de 'lawfare' contra miembros del Poder Judicial son continuas desde que se hizo pública la ley de amnistía.
«Rechazamos con toda firmeza determinadas manifestaciones y comportamientos llevados a cabo por miembros del Poder Legislativo, al tiempo que manifestamos que seguiremos defendiendo la independencia del Poder Judicial residenciada en todos y cada uno de los jueces y juezas españoles», señala la declaración a la que se ha llegado después de dos horas de reunión.
Recuerdan los vocales que el respeto institucional «debe presidir las relaciones entre todos los poderes del Estado» y que como ha señalado el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, «ante una injerencia inadecuada, los poderes del Estado deben cooperar con lealtad para restablecer el equilibrio y, con ello, la confianza de la sociedad en el buen funcionamiento de las instituciones públicas». «Las valoraciones y las críticas de un poder del Estado hacia los demás poderes deben formularse en un clima de respeto mutuo» y que «existe una clara diferencia entre la libertad de expresión y la crítica legítima, por una parte, y la falta de respeto y presiones inadecuadas hacia el poder judicial, por otra parte.»
Finalmente la declaración reitera que la independencia judicial es una «pieza clave» del Estado de derecho y su defensa es imprescindible en el marco de los valores sobre los que se asienta la Unión Europea y su salvaguarda corresponde a todos los Poderes del Estado.
Lealtad institucional
Este es el segundo llamamiento que el Poder Judicial hace a los políticos en menos de un mes. El pasado 19 de enero la Comisión Permanente ya aprobó un acuerdo en el que consideraba «imprescindible» reafirmar que la actuación de jueces y magistrados «persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de derecho».
En este caso fueron las declaraciones de la vicepresidenta Teresa Ribera extendiendo la sombra de lawfare sobre el juez García-Castellón las que motivaron la reacción del Consejo. «Son contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia, porque sólo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de Derecho», señaló la Parmanente.
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En esta ocasión son las palabras vertidas por diputados independentistas desde la tribuna del Congreso en el Pleno de la amnistía las que han provocado la reacción de los vocales. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, instó al PSOE a «combatir a los jueces prevaricadores que sincronizan la agendas judiciales con las políticas». Nogueras citó en concreto a García-Castellón y al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el 'caso Volhov'.
Por su parte, la diputada de ERC, Pilar Valluguera, dijo que pese a que en el marco del 'procés' «no hubo ningún delito», la «ley (de amnistía) está dotada de fuerza suficiente para no ir cambiando en función de investigaciones prospectivas de unos jueces que claramente prevarican y quieren hacer naufragar esta ley».
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