García Ortiz, primer fiscal general que no cuenta con el aval del CGPJ

El motivo, reconocen fuentes del Consejo a ABC, es la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que hace unos días vio una «visible e innegable desviación de poder» en su decisión de ascender a primera categoría a su exjefa, Dolores Delgado.

El hecho de que el magistrado Pablo Lucas formara parte de la Sala que tumbó ese nombramiento llevó a su hermano, el vocal Enrique Lucas, a abstenerse. De ahí que votaran solo 15 de los 16 que hoy componen el CGPJ, en funciones desde hace cinco años. La fractura del Consejo, cuya decisión no es vinculante para el Gobierno, evidencia la desconfianza en la persona en la que el Ejecutivo va a depositar su política criminal en temas tan sensibles como la ley de amnistía. Ya el año pasado, cuando García Ortiz fue elegido fiscal general tras la renuncia de Delgado, el plácet a su propuesta de nombramiento había salido por una mayoría muy ajustada: doce votos frente a siete, por lo que ayer se esperaba también una profunda fractura.

Entonces fue su condición de «brazo ejecutor» de la que entonces era su jefa la que propició que siete vocales del sector conservador del CGPJ suscribieran un voto particular en el que destacaban que no cumplía «el requisito de imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica». Ahora esas sospechas se han acrecentado con decisiones como la citada del Supremo de anular recientemente el ascenso de la propia Delgado, el malestar que ha generado en la carrera su silencio respecto a las acusaciones de ‘lawfare’ o su complicidad con el Ejecutivo, como demuestra el cariñoso abrazo en el que se fundió con la vicepresidenta Yolanda Díaz el miércoles en la apertura de la legislatura.

De los ocho vocales que han votado en contra de la idoneidad, siete ya habían suscrito el demoledor voto particular de 2022 en el que advertían que no cumplía el requisito de imparcialidad. Se trata de Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona. A ellos se sumó ayer Wenceslao Olea. Según informaron desde el Consejo, la literalidad del texto en el que se motiva el acuerdo, basado fundamentalmente en la citada sentencia del TS, se conocerá en los próximos días. También los votos particulares de los siete que han dado su aval a García Ortiz, entre los que están Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Mar Cabrejas, Roser Bach -propuestos por el PSOE-, además de Juan Martínez Moya y el presidente, Vicente Guilarte, estos dos últimos a propuesta del PP. Según ha podido saber ABC, al menos Guilarte y Bach sostendrán en un voto conjunto que el CGPJ debería haberse pronunciado sólo sobre el cumplimiento de los requisitos legales (ser un jurista español de reconocido prestigio con 15 años de ejercicio profesional).

Fuentes del Consejo señalaron que las posturas en el Pleno de ayer estuvieron «muy enfrentadas» y que se vivieron momentos tensos, sobre todo cuando la vocal Clara Martínez de Careaga llegó a criticar la sentencia del Supremo que acusó a García Ortiz de «desviación de poder» al considerar que los magistrados se extralimitaron.

A este asunto se refirió este jueves el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños. Desde Bruselas, tras reunirse con el comisario europeo del ramo, aseguró que «la ley establece que lo que ha de hacer el Consejo General del Poder Judicial es estudiar si [García Ortiz] es un jurista de reconocido prestigio y tener más de 15 años en ejercicio de la profesión». Bolaños considera que «ambos requisitos se dan y no hay más», por lo que advirtió al CGPJ de que «cualquier informe que se haga es al margen de la ley».