Presentada la primera querella contra los exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje con Pegasus y Candiru

Concretamente, contra los exdirectores generales de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez Gámez; así como contra NSO Group Technologies Ltd, fabricante de Pegasus, y Saito Tech Ltd, fabricante de Candiru, y también contra Paz Esteban, exdirectora de los Servicios de Inteligencia españoles; ya investigada por un juzgado de Barcelona en relación al espionaje a Pere Aragonès, cuando este era número dos del Gobierno de Quim Torra. A lo largo de 50 páginas, los seis querellantes les acusan de descubrimiento y revelación de secretos informáticos, acceso no consentido a datos personales y comisión de estos delitos por parte de un grupo criminal.

«Queremos desenmascarar y hacer rendir cuentas a aquellos que han violado nuestros derechos democráticos», apuntó Joan Arús, presidente de Sentinel Alliance, durante el acto de presentación de la asociación, el pasado 29 de septiembre. Junto a él, conforman la agrupación Joan Matamala, empresario y activista; así como Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives, todos ellos también empresarios y desarrolladores tecnológicos; investigados por el caso 'Tsunami Democràtic', plataforma que nació tras la sentencia del 'procés' y que convocó las protestas multitudinarias en Cataluña, que se saldaron con algaradas.

Detalla así el escrito formalizado ante la Audiencia Nacional, y consultado por ABC, que «los delitos aquí reseñados han sido cometidos de forma concertada por un grupo organizado de personas dentro de la Administración española, con el soporte tecnológico imprescindible de empresas extranjeras, quienes consideraron en su momento que los querellados, todos ellos informáticos y programadores, tomaron parte en el desarrollo y programación de las herramientas informáticas que promovieron la difusión de la plataforma Tsunami».

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La querella se apoya en el informe de CitizenLab, que destapó el espionaje a 65 independentistas, aunque en una comparecencia a puerta cerrada en el Congres, el CNI sólo admitió la monitorización de dispositivos de 18 de ellos; entre los que e encuentra Aragonès, siempre con la preceptiva autorización judicial. Ahora apuntan desde Sentinel Alliance que, «muchas investigaciones judiciales se han visto detenidas durante meses, porque los jueces han considerado insuficientes estos informes y han requerido pruebas adicionales, aportadas por cuerpos de seguridad oficiales, para continuar con el procedimiento».

Por ello recuerdan que, recientemente, los Mossos han confirmado la infección de los móviles del exdirigente de Junts y la ANC Jordi Sànchez, así como de la expresidenta de la entidad Elisenda Paluzie. Piden así en la querella que «el Gobierno español debe llevar a cabo una investigación completa, justa y eficaz, en la que se proporcione total claridad sobre todos los presuntos casos de uso de 'software' espía, incluidos los 47 casos en los que aún no está determinado si fueron o no objetivo del CNI con autorización judicial o si lo fueron de otra autoridad española con o sin autorización judicial».

También reclaman que el Ejecutivo facilite «un acceso adecuado a las 18 personas investigadas reconocidas por el CNI a las autorizaciones judiciales que habilitaban dichas intromisiones». Sobre la Guardia Civil, los seis querellantes indican que fueron investigados en el caso Tsunami, aunque finalmente «a ninguno le fue imputado delito alguno ni les fue comunicada su condición de investigados ya que tras conocer que estaban siendo espiados, solicitaron personarse en dichas diligencias en varias ocasiones, siéndoles denegado el derecho a defenderse».

Como durante ese periodo -entre 2019 y 2020-, sus comunicaciones fueron intervenidas, piden también investigar a los máximos responsables del Instituto Armado -Azón y, posteriormente, Gámez- al entender que «resulta impensable que estas medidas tan invasivas y sin autorización judicial se realizaran sin su conocimiento ni aprobación previa», reza el escrito. Y es que los desarrolladores informáticos apuntan que, más allá de las intervenciones autorizadas por la misma AN en el marco de la investigación, sus terminales fueron infectados por sendos programas espías. «Así, aunque la Guardia Civil ha asegurado no utilizar el 'spyware' Pegasus por boca del Ministro del Interior, existen indicios suficientes para afirmar que ha utilizado tanto Pegasus como Candiru», abundan.

Detallan que en el caso de Baylina, fue «atacado con Pegasus, recibiendo al menos 26 infecciones exitosas. Al final, se infectó al menos ocho veces entre el 29 de octubre de 2019 y el 11 de julio de 2020». A lo que añaden que, en su caso, «el CNI ha reconocido haber usado el 'spyware', pero ignoramos tanto la motivación como las fechas, así como la existencia, motivación y proporcionalidad de la correspondiente autorización judicial».

Por lo que respecta a Matamala, consideran que es el denominado 'paciente cero' de las infecciones con Candiru». El primero al que se le pudo detectar una infección en vivo de este programa espía, en julio de 2021. «No obstante, además de Candiru Matamala fue objeto de ataques informáticos exitosos con Pegasus en, al menos, 16 ocasiones entre el 07 de agosto de 2019 y el 13 de julio de 2020».

Sobre Vives indican que fue atacado por Candiru a través del envío de mails y de SMS que simulaban ser avisos del Gobierno de España relacionados con novedades y recomendaciones sobre la pandemia. Aseguran que fue «atacado hasta cinco veces entre el 10/01/2020 y el 17/02/2020, y una más esporádica en octubre de 2020».

De igual forma, la querella detalla que Escrich fue atacado por Candiru hasta en cinco ocasiones, entre el 10/12/2019 y el 04/02/2020, mediante mails falsos que simulaban ser entradas para el Mobile World Congress, al que acude cada año. «El hecho de que tanto Escrich como Baylina sufrieran un ataque tan similar sugiere que los autores son los mismos», sostiene el escrito.

Por último, en el caso de Arús - co-fundador del proyecto Vocdoni junto con Vives y Escrich-, no constan en el informe de The Citizen Lab, ni tiene pruebas forenses de la infección de su terminal, ya que se lo sustrajeron, pero argumenta que «existen indicios que apuntan a que sí lo fue». Entre otros, por haber sido investigado, junto a sus compañeros, por el caso Tsunami.