El independentismo retoma su ofensiva judicial por Pegasus tras el documental de HBO

Tras meses sin novedades sobre Pegasus y en vísperas de su estreno, la entidad Irídia anunció que pediría la imputación de tres directivos de NSO, empresa israelí dueña del programa espía, en la causa del abogado de ERC, Andreu Van den Eynde, que ejerció la defensa de Oriol Junqueras en el juicio del 'procés'. Una ampliación de querella para tratar de impulsar la investigación, encallada ante la negativa de la compañía a proporcionar información sobre la comercialización del software que, según sus propios artífices, sólo se vende a instituciones gubernamentales como ejércitos, servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del Estado.

Con 'Surveilled' ya disponible en la plataforma, este pasado miércoles fue la Asamblea Nacional Catalana (ANC) la que compareció en los juzgados de Barcelona tras haber formalizado una querella por el espionaje a dos de sus expresidentes: el también exlíder de Junts Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie. Ante la Ciudad de la Justicia, ambos detallaron que una pericial de los Mossos d'Esquadra había demostrado que sus terminales móviles habían sido infectados con Pegasus.

En el caso de Sànchez, la monitorización se habría dado hasta en una veintena de ocasiones, entre 2015 y 2020. En el último periodo, coincidiendo con algún permiso penitenciario, tras haber ingresado ya en prisión provisional, acusado de sedición –por lo que luego fue condenado y, posteriormente, indultado por el Gobierno socialista–.

Tras el anuncio, la entidad soberanista volvió a reclamar explicaciones al «corroborar de manera inequívoca que hubo una utilización maliciosa para vulnerar los derechos políticos y las libertades individuales» y Sànchez aseguró que llegarán hasta los tribunales europeos para «defender la verdad sobre el espionaje político, protagonizado por los cuerpos policiales del Estado español».

También a raíz del documental de HBO, el pasado viernes se presentó en Barcelona una asociación de víctimas, Sentinel Alliance, que integran seis empresarios y desarrolladores de software, investigados en la causa de Tsunami Democràtic. Su intención esformalizar una querella ante la Audiencia Nacional contra NSO, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y, por primera vez, también contra la Guardia Civil, por el supuesto espionaje a sus móviles u ordenadores. En su caso no sólo con Pegasus, sino también con otro programa espía, Candiru, entre 2019 y 2020.

Por ello, dirigirán la queja contra quien por aquellas fechas era director general del Instituto Armado y también contra la que fuera máxima responsable de los Servicios de Inteligencia, Paz Esteban. Hasta el momento, Esteban sigue imputada por el espionaje al expresidente catalán Pere Aragonès, cuando este ejercía como vicepresidente de Quim Torra. Cabe recordar que el CNI sólo admitió haber monitorizado, siempre con aval judicial, los terminales de 18 independentistas, entre los que se encontraba Aragonès.

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Citizen Lab, laboratorio de la Universidad de Toronto que en abril de 2022 publicó la investigación sobre el espionaje, inicialmente cifró en 65 los afectados. Entre estos se encuentran los fundadores de Sentinel Alliance que en los próximos días formalizarán su querella por revelación de secretos: Elias Campo, investigador de Citizen Lab; el empresario Joan Matamala, y Joan Arús, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives; todos ellos, desarrolladores tecnológicos, a los que la Guardia Civil situó tras la «estructura embrionaria» que relacionaba a Tsunami con el Consell de la República.

Ahora, su asociación creada a raíz del documental de HBO hace tres reclamos: la reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales, la del CNI y también la del delito de terrorismo.