Diputados de Junts, la CUP y los comunes visitan a Mohamed Said Badaoui en el CIE de Barcelona
Said Badaoui, internado por orden de un juzgado de Reus, está a la espera de ser expulsado de España acusado de salafismo por la Policía Nacional
![Mohamed Said Badaoui, durante un acto en Reus](https://s1.abcstatics.com/abc/www/multimedia/espana/2022/11/03/image-Rxif3IcqvVszgNBqWfSN3iL-1240x768@abc.png)
Una delegación de diputados del Parlamento de Cataluña de Junts, la CUP y los comunes han visitado este jueves a Mohamed Said Badaoui, líder de la comunidad islámica de Reus (Tarragona) y sobre el que pesa una orden de expulsión de España, que se encuentra en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona por orden de un juzgado de Reus.
En declaraciones a la prensa, recogidas por Ep, tras la visita a Said Badaoui, Pere Albó (Junts) ha defendido su arraigo en Cataluña, porque «es padre de familia y tiene unas responsabilidades», y ha considerado increíble que se le quiera expulsar. «Nos parece que por cuestiones de humanidad básicas, más que una expulsión es una pena de destierro», ha criticado Albó.
La diputada de la CUP, que también es candidata a la alcaldía de Barcelona, Basha Changue, ha calificado el caso de represión política, y ha explicado que hoy se ha reunido con el subdelegado de Gobierno en Tarragona, Joan Sabaté, que, según la dirigente de los antisistema, «se ha lavado las manos» ante el asunto. Así, Changue ha acusado a Sabaté de «no tener intención de defender los derechos» de Said Badaoui.
Por su parte, la diputada de los comunes Jéssica González ha asegurado que entiende «esta persecución política como un castigo, como un mensaje a la población migrante, y de islamofobia del Estado». González ha sostenido que no hay pruebas contra Said Badaoui, que lleva 30 años residiendo en Cataluña, y que no se está garantizando su presunción de inocencia.
En el pleno del Parlamento catalán del 19 de octubre, un día después de su detención, se leyó una declaración institucional -que contó con el apoyo de ERC, Junts, CUP y comunes- que sostenía que se trata de un caso de «represión política e islamofobia por parte del Estado español, esta vez mediante la Ley de Extranjería». La Audiencia Nacional, por su parte, ha mantenido la orden de expulsión, a pesar de la petición de paralización de la misma por parte de la defensa.
Este mismo jueves, mientras tanto, el abogado de Said Badaoui ha presentado un escrito ante el Ministerio del Interior en el que el solicita paralizar su deportación. En el texto, al que ha tenido acceso ABC, Badaoui sostiene que es «incoherente» afirmar que exista un «peligro real, cierto e inminente», tal y como alegan los informes policiales, cuando los mismos oficios de la Comisaría General de Información (CGI) se usaron en 2020 para denegarle la nacionalidad española.
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