Las multas a comercios por no rotular en catalán siguen creciendo pese a que el TC las rechazó: se multiplicaron por tres en 2022

Ahora, según los últimos datos facilitados por la Consejería de Empresa y Trabajo, en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado no adscrito Antonio Gallego, a los que ha tenido acceso este diario, la Agencia Catalana de Consumo (ACC), que depende de la Generalitat, impuso en 2022 63 sanciones (un 350% más), por las que recaudó un total de 49.563 euros, frente a las 18 impuestas en 2021. Se mantiene así la tendencia creciente de sancionar a comercios catalanes por incumplir la normativa lingüística que empezó hace unos años y que no tiene visos de remitir pese al pronunciamiento del TC de 2018.

Según las estadísticas facilitadas por la Generalitat, en 2019 se abrieron 86 expedientes sancionadores, por los que la Generalitat ingresó 25.087 euros; en 2020 se abrieron 46 (96.361 euros), y en 2021 un total de 18 (122.399 euros).

El Gobierno catalán lleva desde 2010 imponiendo sanciones a los comercios que no utilizan el catalán. Lo hace mediante la ACC, organismo encargado de hacer cumplir el código de consumo de Cataluña, y amparándose en la Ley del Código de Consumo de Cataluña, que entró en vigor 2010, en época del tripartito de izquierdas.

«El impacto de estas multas lingüísticas es mucho más alto de lo que cabría imaginar. Es más, con el paso del tiempo, no paran de crecer, lo que está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para todos aquellos comercios y establecimientos que prefieren usar el castellano o el inglés para tratar a sus clientes. Y es que no hay que olvidar que, dentro de Cataluña, el español y el catalán son lenguas cooficiales«, denuncian desde Impulso Ciudadano.

Dentro de su cruzada lingüística, el Govern anunció en noviembre de 2022 la puesta en marcha de un centenar de medidas para fomentar la lengua catalana. Una de ellas, ofrecer la posibilidad a los comercios que vulneren los derechos lingüísticos la posibilidad de canjear las multas por cursos de concienciación lingüística.

Actualmente, en plena ofensiva de la Generalitat para impulsar el catalán en el ámbito social y laboral, la política sancionadora del Govern cobra fuerza. Lo hace pese a ser una de las medidas más controvertidas impulsadas por el gobierno catalán. De hecho, varios partidos políticos, entre ellos PP y Cs, han impuesto recursos y han solicitado formalmente la supresión de las sanciones, la detención de los expedientes en curso e, incluso, la devolución, con carácter retroactivo, de las multas abonadas por este concepto. De momento, propuestas que han caído en saco roto.