La Fiscalía avala la actuación de la policía infiltrada en movimientos independentistas de Gerona al «cumplir su misión de obtener información»

La fiscal descarta así que la policía incurriese en torturas o lesiones psíquicas -«no considerándose acreditada la comisión de delitos contra la integridad moral, tampoco cabe atribuir a los mismos ninguna conducta derivada», reza su escrito- y también de revelación del secretos, al considerar que no se aporta ninguna información concreta que la agente hubiese obtenido o divulgado, «más allá de la que es razonable conocer en el contexto de una relación de pareja». Apunta además que no se hace referencia al empleo de «medios ilícitos» de la funcionaria para iniciar la relación con el afectado, Óscar Campos, habiéndose «prolongado esta con el consentimiento de ambos». Y precisa así que a partir de esa relación fue como ella «logró el acercamiento para cumplir con la misión de obtención de información que se le había encomendado».

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En la querella, a la que ha tenido acceso este diario, Campos detalla que la relación sentimental que mantuvieron «no fue fortuita ni casual, sino falaz», en tanto que no estaba basada en un sentimiento afectivo real por parte de la policía, que le ocultó su identidad real y su condición de agente. El afectado, investigado por los cortes de las vías del AVE en Gerona durante el primer aniversario del 1-O, sostiene que la relación fue «engañosa», que tenía un objetivo espurio y que la infiltración no fue ni legítima, ni tampoco legal. Es más, al ser pareja, la funcionaria acudió a varias reuniones de su defensa para preparar la estrategia de cara al juicio, y obtuvo el contacto de otros activistas a los que también captó en vídeo para difundir una campaña de apoyo de su entonces compañero.

Fue el verano de 2022, cuando varias activistas de Barcelona denunciaron que un agente infiltrado había mantenido relaciones sexo-afectivas con ellas para obtener información, cuando Campos comenzó a sospechar que su novia también podía ser policía por su 'modus operandi'. Una investigación del semanario 'La Directa' lo confirmó poco después. Primero, a través de una aplicación en la que se ofrecía para cuidar perros, en la que localizaron su domicilio real. Una vez allí, una vecina les dio su verdadero nombre y una búsqueda en el BOE confirmó que era funcionaria de la Policía Nacional.

El abogado del activista, Benet Salellas, apunta en la querella que la agente infiltrada consiguió, a través de la relación sentimental, la legitimidad necesaria para introducirse en todos los espacios de activismo de este, por tal de obtener datos personales y privados de entidades de naturaleza sindical, social y política, «una información que constituye un acceso indebido» al tratarse de información para la que sería necesario contar con autorización judicial. Entre estas, Òmnium, la CUP y el Ateneu Popular de Girona.

Por todo ello, pide que se cite a declarar como investigada a la agente.