Irídia recurre ante el Constitucional el archivo de la querella contra el policía infiltrado

Por este motivo, en su recurso, consultado por ABC, la entidad apela ahora al Constitucional, al considerar que existió una «lesión» de la integridad moral de las querellantes porque el infiltrado creó un «marco de confianza» generado, en parte, «con el mantenimiento de relaciones sexuales con las mujeres sometidas a vigilancia policial», que permitiera al agente «acceder a información personal e íntima e información política colectiva, con la consiguiente instrumentalización y cosificación de estas».

Apunta así Irídia que la cuestión está relacionada con los límites legales y éticos de las prácticas policiales del Estado y las garantías de la ciudadanía frente a las misma. «En estos supuestos es necesario acentuar las garantías, de tal modo que el ordenamiento constitucional pueda amparar al ciudadano desprotegido ante cualquier sospecha de excesos contra su integridad moral o física», reza el escrito, que abunda: «En caso de ordenar a un agente encubierto que utilice relaciones sexo-afectivas para obtener información se trataría de una acción estatal lesiva del derecho a la integridad moral de las ciudadanas afectadas».

Como motivos de amparo, las ocho querellantes alegan, además de vulneración del derecho fundamental a la integridad física y la tutela judicial efectiva; también la del derecho a la intimidad, y la libertad de reunión y asociación.

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La querella contra el policía se formalizó en enero de 2023. Las afectadas denunciaron que se valió de «relaciones sexo-afectivas» como método de infiltración para extraer información del «movimiento libertario» del barrio de Sant Andreu de la capital catalana y también de la CGT, entre mayo de 2020 y octubre de 2022. Relataron en su queja que se introdujo en dichos círculos «mediante el acercamiento a mujeres activistas, sabiendo que era la fórmula más directiva y efectiva de aproximarse a su entorno político».

El Juzgado de Instrucción 21 rechazó la querella, y las activistas recurrieron ante la Audiencia que, finalmente, también desestimó investigar al agente al considerar que en ninguno de los relatos de las querellantes «se identifica pasaje alguno en el que las implicadas no mostraran su consentimiento manifiesto a mantener relaciones sexuales con el querellado, tanto antes como durante la íntegra totalidad de las mismas. No existió violencia, intimidación, ni abuso de superioridad alguno, pues todas ellas consintieron libre, consciente y voluntariamente mantener dichas relaciones sexuales».

Precisaron, además, los magistrados que la «condición de policía» no invalida el consentimiento a la vista de su «deber de especial protección hacia la víctima» que tiene como funcionario, tal y como argumentaron las afectadas. «Tampoco puede suponer la existencia de un eventual abuso de superioridad pues, como es de ver, las querellantes desconocían la profesión del querellado, de modo que difícilmente podía prevalerse de su condición de agente de la autoridad».

Ahora queda en manos del Constitucional admitir o no el recurso de amparo.