Borràs pide al Supremo que amnistíe su condena por corrupción

A pesar de ello, el recurso, fechado el pasado 7 de agosto, apunta que Borràs «desempeñó su función como directora de la ILC con el fin de promover las Letras Catalanas, en el marco de un gobierno con vocación netamente procesista». También que ejerció como consejera de Cultura, y que «todos estos hitos en su actividad política son los que, en paralelo, se van produciendo en un proceso penal que se intensificó a medida que fue asumiendo visibilidad y trascendencia política, con un perfil intensamente independentista, dentro de un partido político cuyo líder [Carles Puigdemont] se encontraba, entonces, y se encuentra ahora en el exilio».

A este respecto, su defensa recuerda que la ley de amnistía contempla aquellos actos «vinculados directa o indirectamente al denominado proceso independentista desarrollado en Cataluña» en un ámbito temporal que abarca los delitos por lo que Borràs fue condenada, en su caso, entre 2013 y 2018. También que la normativa hace referencia a acciones desarrolladas «con el fin de divulgar el proyecto independentista», considerando que esa era la actividad de la presidenta de Junts al frente de la ILC, «porque para el proyecto independentista la lengua es uno de los pilares en que se sostiene el mismo».

En todo caso, recuerda Boye en su escrito, la amnistía «establece la extinción de la responsabilidad penal, administrativa y contable para los actos vinculados al proceso soberanista en Cataluña, siempre y cuando dichos actos no se encuentren específicamente excluidos del ámbito objetivo de la ley, lo que no ocurre en el presente caso».

En su fallo, el tribunal que la condenó con un voto particular discrepante, consideró probado que la adjudicación de contratos a un amigo, Isaías Herrero, para diseñar la web de la ILC, prescindió de «todo procedimiento regular» e «hizo quebrar los principios que rigen en materia de contratación pública», entre ellos, la de publicidad y transparencia. También la libre competencia en la conformación de precios, «principio determinante de una eficiente utilización de los fondos públicos gestionados».

Los magistrados apuntaron así que la adjudicación que realizó Borràs en favor de Herrero «además de haberse aprobado con absoluta ajenidad a cualquier procedimiento de contratación, carece de toda descripción sobre las características de los trabajos o servicios a prestar por el adjudicatario». Algo que evidencia que «se trató de un contrato diseñado, decidido y ejecutado con único sometimiento a la voluntad personal» de la entonces directora de la ILC.

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El encargo y la adjudicación de los trabajos encomendados a Herrero lo realizó Borràs «con plena conciencia» de que se trataba de una «adjudicación directa que prescindía de los más elementales requisitos previstos para la contratación administrativa». A pesar de ello, los magistrados apuntaron que las penas para los ilícitos cometidos por Borràs eran «notablemente excesivas», y también que la institución «recibió el producto de los encargos» por lo que «no consta perjuicio económico» para el organismo. Por todo ello, el TSJC propuso al Gobierno la concesión de un indulto parcial, para rebajar la pena a dos años y evitar su ingreso entre rejas.