Aragonès reta a Sánchez con el referéndum: «Es posible si hay voluntad»

Esté o no la consulta en la planificación del Ejecutivo, la realidad es que, a pocas semanas del inicio de la campaña de las autonómicas, pero aprovechándose aún de sus prerrogativas como presidente, Pere Aragonès se ha reunido con el Instituto de Estudios del Autogobierno (IAE), dependiente de la Generalitat, y que le hizo entrega de un informe sobre cómo hacer posible, y encajar jurídicamente, esa votación, circunscrita, se dejó claro, al ámbito catalán.

Con el aliento de Carles Puigdemont en la nuca, y ante la necesidad de fortalecer un ardor secesionista que se le estaba difuminando a ERC, Aragonès vuelve a poner sobre la mesa su propuesta de «acuerdo de claridad», apuesta por un referéndum pactado planteada ya en 2022. En ese momento, esa demanda se leyó como una patada hacia adelante en clave procesista, una forma de seguir dando vueltas a lo mismo sin necesidad de concretar nada. Hace tres años, sin embargo, las circunstancias eran otras: ni Junts estaba fuera del Govern, ni el PSOE dependía de todo el independentismo (Junts y ERC) para su supervivencia. Tampoco se vislumbraba el adelanto electoral en Cataluña, algo que ahora, junto a las urgencias parlamentarias de Pedro Sánchez, llevan a leer la propuesta de referéndum «posible» de ERC en una clave distinta.

El referéndum pactado «es la vía para resolver el conflicto», ha insistído el candidato republicano, que a diferencia de los excesos electorales de un Oriol Junqueras que hace pocas semanas se mostraba dispuesto a volver a la cárcel si era necesario, no traspasa por ahora la línea, al menos aparentemente, de la unilateralidad. La propuesta concreta, elaborada por un IAE dirigido por el exdirigente de ERC Joan Ridao, parte de los trabajos previos del Consejo Académico por el Acuerdo de Claridad, y sostiene básicamente que la celebración de un referéndum, consultivo y solo en Cataluña, podría realizarse bajo el amparo del artículo 92 de la Constitución, señalada como la «vía jurídica prioritaria, más idónea y factible, para convocar un referéndum». Es, de hecho, la misma vía que ya planteó en su momento Pablo Iglesias (2015), y acorde con la lectura constitucional no restrictiva de algunos juristas en la órbita socialista: posible pista de aterrizaje para un PSOE que hace pocas semanas cambiaba sin pestañear su posición sobre la constitucionalidad de la amnistía.

El artículo 92 establece que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». Para el IAE, «hay argumentos jurídicos sólidos para sostener que el artículo 92 no plantea objeciones serias de inconstitucionalidad» para celebrar un referéndum sobre la independencia en el que vote únicamente la ciudadanía de Cataluña, obviando la literalidad del texto, que habla de «todos los ciudadanos»; es decir, el conjunto de los españoles.

De modo genérico, el informe en el que se sustenta Aragonès apunta que «ningún precepto de la Constitución se opone, de forma expresa y literal, a la celebración de una consulta referendaria en la que se pueda captar cuál es el posicionamiento de la ciudadanía». Eso sí, con una puntualización, «siempre que los resultados de esta consulta abrieran, simplemente, las puertas a una negociación de buena fe entre los actores territoriales ya una eventual implementación de los sus resultados, en su caso, en el marco de la legalidad constitucional e internacional». Es decir, una solución a la canadiense, en la que el referéndum fuese la base sobre la que desarrollar una negociación posterior. «La premisa de partida es que la convocatoria del referéndum (...) sea fruto de un acuerdo entre las partes surgido del diálogo y la negociación como vía para resolver el conflicto político entre el Estado español y Cataluña», se añade.

Aunque la vía prioritaria es la del artículo 92, también se contemplan otros atajos jurídicos, como la reforma de la Ley orgánica2/1980 sobre regulación de las diferentes modalidades de referéndum o la delegación de las funciones estatales para autorizar referéndums a través del artículo 150.2 de la Constitución, esta última la vía que, de manera infructuosa, una delegación del Parlament planteó en 2014 en el Congreso de los Diputados.

Haciendo suya la máxima de Aragonès del querer es poder, el informe del IAE recuerda que «hoy es un sitio común entre la doctrina la aceptación del principio de que todo lo que la Constitución no prohíbe, el legislador puede hacerlo, siempre que respete el conjunto de postulados constitucionales». Es más, «no es necesario recordar que, en otras ocasiones, cuando ha convenido, el Estado ha hecho interpretaciones flexibles de los preceptos constitucionales relativos a los referendos, favoreciendo claramente la expansión del derecho de participación, como se puso de manifiesto en los momentos iniciales de configuración de el Estado autonómico, en lo que se refiere a las vías de acceso a la autonomía». En cuanto a los aspectos concretos, y además de la pregunta binaria (sí/no), la propuesta del organismo de la Generalitat plantea que el cuerpo censal sea el mismo que el que tiene derecho a voto en las elecciones al Parlament, y no se considera oportuno «establecer quórums mínimos de participación y de validación de los resultados».

El Gobierno, por boca de su portavoz, Pilar Alegría, trató de dejar claro que la propuesta de Aragonès no es en absoluto compartida. A preguntas de los periodistas, Alegría insinuó incluso que esa propuesta tiene un claro tinte electoralista. «Ustedes conocen perfectamente que el 12 de mayo hay unas elecciones en Cataluña, y por tanto muchas cuestiones y muchos planteamientos que realicen distintos candidatos tienen ese objetivo», aseveró.

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La también titular de Educación y Deportes –que no pronunció la palabra referéndum en ningún momento– ha señalado que «la posición que ha manifestado el señor Aragonès es su posición, desde luego en absoluto es la posición del Gobierno y mucho menos la posición general y mayoritaria de la sociedad catalana». Además, según Alegría el planteamiento realizado ahora por el dirigente republicano va en contra de la política practicada por el Ejecutivo central, que definió como de «unidad, de reencuentro y una política de avance para Cataluña con España».

La portavoz del Ejecutivo reiteró que «la posición del Gobierno de España es de sobra conocida», y ante la pregunta de si la negativa tajante ahora al referéndum es igual que la que se dio en su día con la amnistía, Alegría se escudó, como otras veces, en que la proposición de ley presentada en noviembre por el Grupo Socialista no tiene nada que ver con otras iniciativas presentadas la legislatura pasada por los grupos independentistas del Congreso.

Por otra parte, y a pocas semanas del inicio de la campaña electoral, la comparecencia de Aragonès, obviamente, no pudo desligarse del contexto electoral. De hecho, la Generalitat cambió la habitual comparecencia de la portavoz tras la reunión del Consejo Ejecutivo por la rueda de prensa de Aragonès en la sede del IAE. Al respecto, el PP de Cataluña denunció ayer ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona la «utilización partidista» de la reunión de Aragonès con el director del IEA. «Sobran motivos para denunciar esta nueva utilización partidista y electoralista de Esquerra», apuntan los populares. El PSC también anunció que estudia presentar denuncia ante la Junta Electoral por el mismo motivo.