Cataluña es la comunidad española con más extranjeros legales y en paro

Cataluña —así lo ha dejado claro Junts— aspira a tener el control de los flujos migratorios, es decir, a decidir sobre permisos de residencia, requisitos para obtenerla, control de fronteras, admisiones y todas las competencias de inmigración, que dependen de varios ministerios. Las fundamentales, las de Extranjería, las controla Interior y están atribuidas en exclusiva a la Policía Nacional, en concreto a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Los sindicatos policiales ya han expresado su preocupación por el acuerdo Gobierno-Junts.

Sea una «delegación» de atribuciones como dice el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, o una «transferencia» completa como sostiene la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, si se produce una cesión total de competencias, el Govern catalán tendrá que hacerse cargo de la gestión de casi un millón y medio de extranjeros en situación regular que viven en las cuatro provincias.

Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de extranjeros que cuentan con permiso de residencia (1.426.386 a finales de 2022), en sus distintas modalidades, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Para poner en contexto el dato, uno de cada seis extranjeros legales en España (había en esa fecha un total de 6.493.147) vive en Cataluña, con la provincia de Barcelona a la cabeza, donde residen cerca de un millón. Supera a Madrid en más de 371.000 y a Andalucía en casi medio millón de foráneos, pese a ser ésta última la autonomía con mayor población del país.

Los extranjeros con nacionalidades de la Unión Europea y los países asociados a ella (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) representan el 43% del total de ciudadanos no españoles con documentación de residencia en vigor en nuestro país y los que tienen nacionalidades de fuera de la UE, el 57%. En el primer caso los requisitos son menos rigurosos que si son nacionales de otros países. También es Cataluña, donde la preocupación ciudadana por la inmigración se ha reflejado en varias encuestas, la comunidad que está a la cabeza de parados extranjeros inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Eran casi 65.000 a finales del pasado mes de septiembre del total de 342.208 apuntados al paro en toda España, según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración.

Un número importante de los inmigrantes que viven legalmente en Cataluña son marroquíes (casi 223.000), frente a los 90.000 afincados en Murcia o los casi 74.000 que viven en Madrid. El dato enmascara una amplia población de origen marroquí nacionalizada ya española y sus segundas y terceras generaciones. Tradicionalmente, Cataluña ha sido la región elegida en primer lugar por esta comunidad.

La regulación de los requisitos de entrada y permanencia para personas extranjeras en España se encuentra repartida en tres grandes bloques normativos: la Ley de Extranjería, que se aplica a los que no son nacionales de la UE ni sus países asociados (régimen general); la normativa comunitaria, que regula la libre circulación de los ciudadanos de Estados miembros (régimen comunitario) y la normativa de protección internacional (asilo y refugio), con tres tipos de protección.

La concesión o no de cualquiera de las situaciones administrativas depende del Ministerio del Interior y es una de las grandes incógnitas sobre la posible cesión competencial que ha pactado el Gobierno con los de Puigdemont. Mientras en gestión de inmigración sí hay ciertas facultades ya en manos de las comunidades autónomas, como la acogida o la integración, en materia de extranjería y derecho de asilo no se ha producido descentralización alguna. Los tres ámbitos forman parte de lo que la Constitución fija como competencias exclusivas del Estado, pero en materia de gestión de proximidad, como en la asistencia a los menores no acompañados (menas), el Tribunal Constitucional ha permitido que la competencia la asuman las autonomías por la vía estatutaria.

Fuentes consultadas por ABC aventuran que el traspaso podría seguir un esquema similar al de la cesión del tráfico y circulación a Navarra aprobada el año pasado en el acuerdo de la Junta de Transferencias, por el que el Estado se reserva determinadas funciones y servicios —como los permisos de conducir y circulación o la legislación—, cede la mayoría y comparte otros.