La sentencia de la 'Perla Negra' libra de la cárcel a la mayor parte de los acusados

El fallo –que no es firme y contra el que pueden interponer recurso ante el Tribunal Supremo– dicta tres absoluciones y condena a nueve de los encausados, con siete penas de cárcel, pero muy inferiores a las solicitadas durante la vista. La mayor recae en el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado: dos años y seis meses por un delito continuado de malversación de caudales públicos. También dicta prisión para seis empresarios, pero con penas de entre siete y once meses que no implicarían su entrada en el penal.

Rafael Delgado, que en su último turno de palabra negó haber formado «parte de ninguna» cúpula «capilla, monasterio o catedral», también es condenado por prevaricación administrativa. En este caso, a tres años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público relacionado con la gestión y contratación de las administraciones y empresas públicas.

De hecho, la inhabilitación es la pena que domina el fallo, que aplica la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas a un caso que se remonta a 2013. Es la condena a dos años y dos meses, por un delito continuado de prevaricación administrativa, para la también exviceconsejera de Economía Begoña Hernández, para quien la Fiscalía instaba once años de cárcel y el PSOE lo elevaba a trece. Queda absuelta de revelación de secretos, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, exoneración casi idéntica que la de Delgado.

Absolución que la Audiencia también aplica a Juan Carlos Sacristán. El que fuera consejero delegado de Gesturcal sí es condenado a dos años y dos meses de inhabilitación por prevaricación administrativa.

Más allá de la excúpula de la Consejería de Economía en la etapa del fallecido Tomás Villanueva, el caso llamó al banquillo a varios empresarios. Sobre seis pesa un fallo condenatorio, en todos con cárcel, pero con una pena también muy por debajo de lo instado en la juicio y que, en principio, les libraría de entrar. Así, impone once meses en cada caso para Germán José Martín Giraldo y Ángel Román Montes, de Urban Proyecto PM3, por un delito de violación de secretos en concurso de tráfico de influencias, en relación con el edificio de Arroyo, pero no en el de Portillo. Siete meses de prisión únicamente por tráfico de influencias para Luis Antonio Recio, de Cementos La Bureba; Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González Maestro, de Parque Empresarial Portillo (PEP).

Y, tras veinte jornadas de juicio entre febrero y mayo de 2024, en una sentencia de más de trescientas páginas, la Audiencia dicta la absolución de otros tres encausados. Entre ellos, Alberto Esgueva, el que fuera responsable del área de internacionalización de ADE y sobre quien las acusaciones retiraron los cargos durante la vista. De hecho, que Esgueva quedara fuera del proceso fue uno de los argumentos esgrimidos por las defensas de los acusados para reclamar su absolución. También absueltos Salvador Molina, exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales, y Francisco Armero, quien fuera director de Ade Parques y Gesturcal.

Las acusaciones entendían probado que tanto la compra de 'La Perla Negra' para concentrar en un edificio todos los servicios de apoyo a las empresas como el polígono de Portillo fueron orquestados por Delgado, Hernández y Sacristán para «facilitar las ilícitas» pretensiones de los distintos empresarios que ocuparon el banquillo junto a ellos.

Además de la condena de las costas procesales para los nueve penados, la sentencia también impone en concepto de responsabilidad civil más de 6,5 millones en total. Cuantía también muy por debajo de las peticiones elevadas por las acusaciones y que la fiscalía cifraba en más de 16,1 millones de euros. Por un lado, a Rafael Delgado, Germán José Martín Giraldo y Ángel Román Montes fija que deberán pagar la cantidad de 4,51 millones a abonar a partes iguales a la Administración autonómica. Además, Delgado, Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez Herrero y Carlos González Maestro deberán indemnizar con más de dos millones a la administración.