Rafael Delgado reniega en su último turno de palabra de haber «formado parte de ninguna cúpula, capilla o catedral»

M. Gajate

Valladolid

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08/05/2024
Actualizado 09/05/2024 a las 11:41h.

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«Visto para sentencia». Más de diez años ha tardado en llegar a su fin el procedimiento judicial por los supuestos pelotazos urbanísticos de la 'Perla Negra' y el parque empresarial de Portillo por los que están imputados once ex altos cargos y empresarios que este miércoles antes de levantarse del banquillo de los acusados han tenido la oportunidad de hacer uso de su último turno de palabra. «Gracias por el trato», «nada más que aportar» o «esperando una sentencia absolutoria» han sido las escuetas palabras de los acusados que uno a uno han tomado el micrófono. Todos a excepción de uno. El exviceconsejero de Economía Rafael Delgado se ha desmarcado con un discurso en el que ha insistido en la estrategia que ha mantenido a lo largo del juicio de que seguía «órdenes» con la «debida obediencia».

Recuperando la expresión citada por la Fiscalía que atribuye «beneficios» a empresarios en una trama auspiciada por la «cúpula de Economía», ha asegurado Delgado no haber «formado parte de ninguna», ni tampoco de una «capilla, monasterio o catedral», ha apuntado el expolítico en el inicio de su alegato tirando de chascarrillo. Dicho esto ha acotado su papel a «funciones en el entorno de la administración pública».

En esta línea, ha defendido que ejerció las «competencias» que le habían sido atribuidas. Unos quehaceres que desempeñó con «obediencia» de «manera jerárquica» hacia sus órganos superiores que en su caso fue, dijo, el fallecido exconsejero de Economía, Tomás Villanueva. Así, de nuevo, como ya hiciera en su declaración y defendiera también su abogado en las conclusiones definitivas, ha apuntado a que el malogrado político era quien ejercía el «mandato, control e inspección». Pero en todo caso no ha renegado de esas decisiones, que como ya había dicho, le parece que «fueron correctas».

«Volvería a actuar exactamente igual», aseguró para a continuación apuntar que no es «consciente de haber cometido ningún tipo de actuación delictiva ni haber causado ninguna prejuicio a la administración pública». Un extremo que justificó aludiendo a que la compra de la 'Perla Negra' –«aprovechándose de dificultades económicas»– ha implicado, a su juicio, «una reducción de alquileres muy importante». En el caso de Portillo, cuestionó los motivos por los que el parque empresarial –cuyas parcelas compró Gesturcal a los empresarios imputados– no se desarrolló. Su puesta en marcha, dijo, requeriría de 4,5 millones. «No ha sido barrera económica la que ha impedido puesta en marcha». «Habrá sido política», señaló para concluir mostrando su «perplejidad» ante la acusación particular ejercida por la Junta «para la que he trabajado de forma intensa durante 16 años».

Todo está ya dicho tras una veintena de sesiones ante la Sección Segunda de la Audiencia de Valladolid que deberá ahora pronunciarse ante las presuntas tramas. La Fiscalía pide once años de cárcel para Delgado, su sucesora como viceconsejera, Begoña Hernández, y el exconsejero delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán; seis para los empresarios Germán Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González Maestro, y cuatro para Salvador Molina y Francisco Armero, exdirector gerente y exdirector financiero de la empresa pública. Sus defensas, en cambio, reclaman la absolución de todos ellos.